El Gobierno defendió este miércoles la ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y aseguró que la norma busca articular esfuerzos sin afectar las atribuciones de los diferentes niveles de gobierno y las autonomías.

En conferencia de prensa, y luego haberse sancionado en el Senado la norma, la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, explicó los alcances de la norma y que fue elaborado como un proceso enmarcado en la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado.

De hecho, afirmó que en el anterior plan, que estuvo vigente en el período 2016 - 2020, los gobiernos subanacionales dieron “estricto cumplimiento” a la Constitución Política del Estado y la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIA).  

“Sería un proceso totalmente ineficiente que los diferentes niveles del Estado no pueden armonizar sus esfuerzos hacia un horizonte claro, que en este caso es la planificación del desarrollo económico y social que viene de la mano de las atribuciones que tiene el Ejecutivo”, afirmó.

Mendoza afirmó que los lineamientos de desarrollo departamental y municipal son de competencia de los subgobiernos, sin embargo, deberán estar en “concordancia” con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 con el objetivo de articular esfuerzos hacia un único norte de desarrollo económico y social que establece el plan.

“Por lo tanto, el ciclo de planificación lo que señala, con absoluta claridad, es que todas y todos los distintos órganos debemos acompañar, por supuesto, la estrategia emprendida por el Gobierno nacional conforme a sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado, que en este caso son privativas en el caso de la planificación nacional y, además, de acuerdo a la Ley 777 del SPIA que se encuentra vigente desde 2016”, dijo.

Diferentes instituciones como las Alcaldías de La Paz, El Alto, además de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) observaron que puede atentar contra la autonomía y consideraron que no hubo un proceso de socialización.  

Mendoza consideró que los rechazos a la norma son “totalmente malintencionados” y que reflejan el “desconocimiento del ordenamiento legal vigente” como la Ley Marco de Autonomías y el Sistema de Planificación de la Universidad Boliviana.