Frente a la crisis económica y política que atraviesa el país, la Defensoría del Pueblo exigió que las autoridades deban asumir soluciones estructurales y no únicamente medidas paliativas para salir de la actual situación.

En un pronunciamiento, la institución señaló que la escasez de gasolina, diésel y dólares repercutió de manera “negativa en la economía” de la población durante los últimos meses, generando malestar en diferentes sectores sociales, productivos, agrícolas y empresariales.

“Por lo tanto, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el país, la cual exige soluciones estructurales y no únicamente medidas paliativas”, señala el documento.

Para la Defensoría del Pueblo, es imperativo brindar certeza a la población boliviana que se encuentra “cada vez más afectada” por las múltiples consecuencias negativas de la escasez de combustible: el aumento del costo de la canasta familiar, la falta de suministro de medicamentos, la dificultad en la asistencia escolar, y el riesgo para el funcionamiento de ambulancias y maquinaria pesada.

Ante este panorama, exhortó al Estado a agotar “todas las vías” para establecer mesas de diálogo inclusivas con los sectores que han anunciado medidas de protesta, atendiendo sus demandas. Asimismo, instó a estos sectores a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, respetando los derechos de terceros.

“Es fundamental subrayar que todos los órganos del Estado deben asumir con responsabilidad su rol constitucional, trabajando en beneficio de la población boliviana. Su accionar debe enfocarse en aportar soluciones que prevengan la polarización social y fortalezcan la institucionalidad del país, que actualmente se encuentra en una situación de fragilidad”, señala.

La Defensoría del Pueblo recordó que se mantendrá vigilante ante la evolución de la conflictividad en el país, intensificando sus esfuerzos para facilitar espacios de diálogo que atiendan las demandas de las poblaciones afectadas por la crisis económica.

Asimismo, anunció que viene desarrollando un plan de verificaciones y otras acciones para evidenciar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en días pasados, exigiendo su efectividad para garantizar la protección de los derechos humanos de toda la población boliviana, sin excepción. ///agc