Comunidad Ciudadana (CC) responsabilizó al Gobierno y al expresidente Evo Morales por el fallo que establece que Bolivia debe pagar $us 253.591.796 a la minera Glencore Financie por la nacionalización del Complejo Metalúrgico de Vinto y la mina Colquiri.

El diputado de CC, Marcelo Pedrazas, señaló que la nueva “derrota internacional” es producto de una “falsa nacionalización” que hizo el exmandatario cuando estaba en el poder.

“Lo grave del asunto es que todos esos montos que estamos perdiendo lo vamos a pagar todos los bolivianos y no el MAS”, dijo.

Mientras que su colega, Lissa Claros, consideró que el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya muestra la “incapacidad” y “incompetencia” de la Procuraduría General del Estado para enfrentar los procesos internacionales.  

“Lamentablemente, vemos que el Gobierno del MAS cada día está llevando a la ruina a nuestro estado boliviano y a todos los ciudadanos bolivianos”, añadió.

El nuevo procurador general del Estado, César Siles, informó que el fallo emitido representa una “disminución considerable” frente a los $us 788 millones que exigía Glencore Financie. Anunció que se analizará la posibilidad de solicitar la anulación del laudo arbitral.

El diputado de CC, Alejandro Reyes, sugirió que exista una auditoría externa al proceso y además, el inicio de un proceso judicial contra el exprocurador Wilfredo Chávez para que se tengan “sanciones ejemplares” tras el fallo contra Bolivia.

“El remedio que ha puesto ha sido peor que la enfermedad, nos han llevado a perder todos los arbitrajes y, por supuesto, a todas las personas que han compuesto esta Procuraduría desde el inicio se los tiene que enfrentar ante la justicia”, dijo.

Glencore Financie llevó el 2017 al arbitraje la nacionalización de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto, reserva de estaño y la recuperación del control de la mina de Colquiri por parte de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

La transancional había demandado inicialmente $us 675 millones, pero luego hizo una actualización y exigió $us 788 millones. //agc