COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN
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Bolivia y España aprueban un nuevo Marco de Asociación para el periodo 2022-2025

Autoridades que participaron en la firma del acuerdo. Foto: Cooperación Española

Durante la XIII reunión de Comisión Mixta de Cooperación entre España y el Estado Plurinacional de Bolivia se aprobó el nuevo Marco de Asociación País (MAP) para el periodo 2022 2025.

Los recursos financieros de este nuevo acuerdo se estiman en un mínimo de 100 millones de euros de cooperación no reembolsable, cifra a la que deberán sumarse los recursos pendientes de ejecución del anterior MAP, la cooperación delegada de la Unión Europea que ejecuta España y los recursos de la cooperación financiera.

“Especial importancia cobra en Bolivia la cooperación descentralizada (aquella procedente de comunidades autónomas y municipios de España) y la cooperación a través de la sociedad civil española”, señala un boletín de prensa de la Cooperación Española.

Para alcanzar los resultados previstos se mantendrán las alianzas ya establecidas y se identificarán otras nuevas para aprovechar las complementariedades entre los actores públicos bolivianos, socios de cooperación pública españoles, así como de la Unión Europea, otras cooperaciones bilaterales y organismos multilaterales, así como actores de la sociedad civil española y boliviana e instituciones del sector privado.

Se establece un sistema de seguimiento del MAPy el compromiso de evaluarlo con una política de transparencia y rendición de cuentas. En este proceso se seguirá un plan para monitorear la aplicación de las recomendaciones de la evaluación del anterior MAP, así como la aplicación de las medidas previstas en el análisis de riesgos.

Bolivia cuenta con tres unidades de cooperación de la AECID: la Oficina Técnica de Cooperación, que identifica, formula e implementa los programas bilaterales de cooperación para el desarrollo sostenible; el Centro Cultural de España en La Paz, que actúa como dinamizador de iniciativas culturales para el desarrollo; y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, que promociona el intercambio de conocimiento para el desarrollo y que tiene carácter regional.  

El MAP está plenamente alineado con las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) de Bolivia para el periodo 2021-2025. El MAP establece tres ámbitos prioritarios de actuación: Transición Ecológica Justa, Cohesión Social, y Gobernanza Democrática y Género, con líneas de actuación específicas en cada uno de estos ámbitos:

•    En Transición Ecológica Justa las líneas se orientan a la mejora del acceso al agua y al saneamiento, a la producción sostenible de alimentos y a la adaptación y mitigación del cambio climático especialmente para los colectivos más vulnerables, como los pueblos indígenas
•    En Cohesión Social se pretende reforzar el ejercicio de los derechos a la educación, la salud y culturales
•    En Gobernanza Democrática y Género, las prioridades sonla reforma de la Justicia, el acceso a la Justicia de grupos en situación de vulnerabilidad, la lucha contra las violencias machistas, incluida la trata de mujeres y niñas, y la participación social y política, en especial de las mujeres; todo ello en un marco de gobernanza democrática y de protección de los derechos humanos

En cuanto a las prioridades transversales de este MAP, destacan las siguientes:

•    Gobernanza democrática, con especial énfasis en una administración pública eficiente, transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía, en desarrollo local, así como en la participación política efectiva de todas las personas
•    Derechos Humanos, enfoque que se aplicará a todas las intervenciones, con especial énfasis en los derechos de las personas discriminadas por discapacidad, diversidad cultural, orientación sexual o identidad de género
•    Igualdad de género, enfatizando la lucha contra la violencia y la discriminación.
•    Sostenibilidad ambiental, considerando el impacto positivo o negativo de cada una de las intervenciones
•    Diversidad cultural, para la defensa de los derechos culturales de todas las personas, con especial atención a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y promoviendo el diálogo intercultural