La Planta de Amoniaco y Urea (PAU) atraviesa una crisis laboral interna debido a la renuncia de personal clave de nacionalidad venezolana, afectado por el maltrato de YPFB-Refinación, la subsidiaria que asumió las operaciones y el mantenimiento desde febrero de este año.

Según fuentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Santa Cruz, la problemática comenzó cuando tanto personal extranjero como boliviano, fueron obligados a renunciar para ser recontratados bajo la nueva administración a cargo de YPFB-Refinación.

A cinco meses de su renuncia, y al menos tres técnicos venezolanos aún no han recibido sus beneficios sociales que les corresponden, ya que fueron contratados originalmente por YPFB-Corporación.  El Gerente de Recursos Humanos de YPFB-Refinación, Gerson A.P. (GAP), ha sido señalado por evadir responsabilidades en cuanto a la carga social y por cambiar arbitrariamente las funciones de los ingenieros, técnicos y trabajadores que cuestionan sus decisiones con argumentos técnicos.

Denuncian que este funcionario, sin ninguna experiencia en petroquímica, ha incorporado a personal inexperto con otro nivel salarial más bajo, pero que ya ocasionaron daños a la planta.

Otra de las incomodidades es el hecho que con la nueva administración los trabajadores de manera general han recibido instrucciones vía WhatsApp para el pago del "diezmo político" del 1.5% del salario. Ese pago está disfrazado bajo el denominativo de "churrasco", cuyo destino se desconoce. “Estimados para hoy inolvidable el churrasco”, dice un mensaje que salió desde las iniciales GAP.

La situación se agrava porque en días pasados, el servicio de catering bajó en calidad y eliminó varios ítems como la dotación de agua potable de calidad, café y otros alimentos livianos en salas de control y operaciones de campo que cumplen 12 horas continúas de turno nocturno o diurno.

Aseguran que YPFB-Refinación también ha incumplido las normas de seguridad industrial al no proporcionar hasta ahora ropa de trabajo adecuada y ha ignorado y la Ley General del Trabajo al obligar a los empleados a trabajar en turnos nocturnos sin el pago correspondiente.

El Sindicato cuestiona las restricciones impuestas especialmente considerando que la subsidiaria cobrará 1.140 millones de bolivianos hasta 2026, el doble del costo que tenía YPFB-Corporación, que destinaba 572 millones por el mismo servicio de operación y mantenimiento entre abril de 2022 a diciembre de 2023, pero que ofrecía mejor trato laboral.

Ante esta situación de inestabilidad laboral, no descartan pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar el trato humano y sobre todo el pago de beneficios sociales, al personal extranjero que no encuentra justicia administrativa y sufre las consecuencias de la falta de dólares para enviar a sus familiares que radican en Venezuela.