La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) exhortó a las personas naturales y jurídicas que estarían involucradas en la comisión de este delito de minería ilegal, suspendan su actividad, debido a que la AJAM actuará con todo el rigor de la ley.

Informó que la AJAM viene implementando acciones de prevención y lucha contra actividades mineras ilegales y en esa dinámica, entre octubre de 2022 a junio de 2023, realizó 46 inspecciones en nueve regiones y logró la aprehensión de 29 personas y la confiscación de maquinaria pesada.

Explica que estos operativos se ejecutaron en el Parque Nacional Madidi, Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba, Río Madre de Dios; municipios de Mapiri, Guanay, Inquisivi y Quime del departamento de La Paz; municipios El Torno, San Ramón y San Julián del departamento de Santa Cruz, entre otras.

La AJAM aclara que no se otorgarán reservas ni proseguirán las solicitudes de Contratos Administrativos Mineros (CAM) en parques nacionales.

Precisa que a la fecha prosiguen los respectivos procesos penales en estos casos y en aquellos en los que se logró identificar a los autores, dice una nota de prensa oficial. Actualmente viene extremando esfuerzos para detectar y verificar el desarrollo de actividades mineras que no cuenten con autorización ni derecho otorgado por el Estado a través de la AJAM.

La diputada de CC, Priscila Dantes, sostuvo que al menos en el Beni, el control de la AJAM y de la Gobernación del Beni es nulo y selectivo porque fiscalizan a uno y se protegen a otros. Por ese motivo, presentaron un proyecto de ley que descentraliza las funciones de la AJAM para evitar que grandes empresas operen a través de palos blancos.

UN CASO EN LA PAZ

Por otra parte, en fuentes judiciales se conoció que en La Paz hay cooperativas auríferas que enfrentan denuncias, porque bajo el argumento de estar en trámite de adecuación, siguen explotando en el municipio de Guanay a sabiendas que no podrán adecuarse.

Citaron el caso de la Cooperativa Aurífera Unificada “Rosario California” R.L. que tiene cargos de enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía de La Paz porque no tiene áreas de trabajo, debido a que sus pertenencias las cedió a una entidad de segundo grado, no tiene contrato con la AJAM, no paga patente minera, no acredita ficha ambiental, y pese a ello, extrae oro y declara bajas cantidades ante el Senarecom, pero compra diésel por el triple de las ventas de oro.

Al respecto la diputada Dantes, sostuvo que el sector cooperativo siempre fue favorecido por el gobierno del MAS y anunció procesos de fiscalización. Esperan que la Fiscalía Anticorrupción investigue a esta cooperativa y que las entidades públicas intervengan como parte civil, dado que hay intereses del Estado que están siendo afectados por falta de fiscalización oportuna.