En cualquier ciudad boliviana, el viento arrastra algo que ya se volvió parte del paisaje: bolsas plásticas que vuelan, se enredan en los árboles, se pegan a las veredas, flotan en los ríos, son livianas cuando cambian de manos en un mercado, pero perduran siglos cuando quedan en la tierra.

La discusión sobre su futuro ya no es solo ambiental. Ahora forma parte de las decisiones del país.

Una idea que comenzó con una pregunta

“¿Por qué no tenemos una ley para esto?”, esa fue la inquietud que en 2018 llevó a Carlos Lara, periodista ambiental y presidente de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia (UPAB), a redactar el primer borrador de una norma para reducir las bolsas plásticas.

“Esto fue una iniciativa personal que tuve en julio-agosto de 2018, preocupado por la ausencia de una normativa para regular el uso de bolsas plásticas”, recuerda. “Comencé a elaborar el primer proyecto de ley para que tengamos una norma nacional”, dice.

La propuesta llegó al Senado en 2019 y fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente ese mismo año.

“No fue un proyecto partidario”, subraya Lara. “La norma tuvo apoyo del oficialismo y la oposición. Era un tema de preocupación ciudadana”.

Luego vinieron años complejos, los cambios políticos, legislaturas nuevas, prioridades que se movieron. Pero la idea no se perdió y por el contrario se sostuvo. Y en 2025 llegó al pleno y se aprobó.

Un país que vive entre bolsas

La bolsa plástica acompaña casi cualquier compra cotidiana. Una bolsa para el pan, una para los tomates, otra para la botella de refresco, otra más “por si acaso”. Según el Centro MOLLE, Bolivia consume más de 4.000 millones de bolsas plásticas al año.

En ciudades como Tarija, estudios universitarios estiman que una persona puede usar entre 300 y 400 bolsas en un año sin notarlo. Pero lo que se usa por minutos, permanece por años.

Un diagnóstico de WWF Bolivia mostró que el 70 % de los plásticos no llega a ningún sistema formal de recolección, estas terminan volando, enterrados a medias, quemados en patios, flotando en ríos, fragmentados en acequias.

Y cuando se rompen, no desaparecen: se vuelven microplásticos que pasan al agua, al suelo, a los cultivos, son trozos invisibles que siguen ahí, aunque nadie los vea.

La buena noticia es que la sociedad ya está lista para cambiar ya que según el mismo estudio, 87 % de las personas estaría dispuesta a dejar las bolsas si existieran alternativas claras y accesibles.

La ley llega exactamente en ese punto: donde el deseo de cambio existe, pero falta una regla común para hacerlo posible.

¿Qué propone la ley?

La norma no elimina de un día para otro todas las bolsas, esta plantea un proceso de transición.

Las bolsas plásticas convencionales deberán ser reemplazadas progresivamente por otras biodegradables, compostables o reutilizables.
Y no basta con que un envase diga “biodegradable”: deberá demostrarlo a través de certificaciones de IBMETRO e IBNORCA.

También se prohíben las bolsas oxodegradables, que solo se rompen en microplásticos, y se establece que los fabricantes e importadores deberán responsabilizarse por la vida completa de los productos que ponen en el mercado.

El espíritu de la ley es acompañar y guiar hacia un cambio de conducta nacional.

Municipios que intentaron abrir camino

Antes de que el Senado retomara el debate, algunas ciudades ya habían comenzado a moverse, por ejemplo en Sacaba, Tarija y Potosí se aprobaron normas municipales en 2019 para reducir el uso de bolsas plásticas. Estas fueron avances importantes, nacidos de iniciativas ciudadanas y el trabajo de organizaciones locales.

Pero esos esfuerzos quedaban incompletos sin una ley nacional que definiera qué materiales podían usarse, cómo aplicar la transición y quién debía supervisar, cada municipio avanzó como pudo y, con los cambios de autoridades, muchas acciones se frenaron.

En esos años, la UPAB acompañó talleres y campañas locales para mantener vivo el tema y mostrar que el cambio era posible. No se trataba de imponer, sino de sostener el impulso ciudadano.

La ley nacional que ahora espera tratamiento en Diputados no reemplaza esos esfuerzos pero los articula, les da continuidad y un marco común.

Lo que sigue ahora

“Lo más importante ahora es que el proyecto continúe en la siguiente Legislatura. Ya logramos poner el tema en la agenda nacional. Ahora toca mantener el compromiso con el país”, afirma Lara.

La Cámara de Diputados deberá tratar la norma en el nuevo periodo parlamentario, si la aprueba tal como está, podrá ser promulgada, si la modifica, el proyecto volverá al Senado.

2025–2030, el cambio que ocurriría en la vida diaria

Si la ley se aplica, los próximos años no serán un cierre abrupto, sino una transición visible en la rutina, donde se espera que en los mercados se usen bolsas de tela, que se establezca la rutina de usar vasos reutilizables para el agua y bebidas, donde las tiendas dejen de ofrecer abiertamente las bolsas y empieza a preguntar, y las industria empiecen a adaptar máquinas y proveedores.

“Si esta ley se aplica, entre 2025 y 2030 Bolivia podrá reducir de manera real el uso de bolsas plásticas. Pero el cambio debe ser cultural, no solo normativo”, dice Lara.

Un cambio que el mundo ya empezó

Bolivia no está sola en este debate, en distintas ciudades del mundo se discute cómo enfrentar la contaminación plástica. En la ONU se negocia un acuerdo global vinculante para reducir los plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Y aunque las bolsas parecen un objeto pequeño frente a botellas, envases, empaques o microfibras textiles, son el punto de contacto cotidiano entre la vida diaria y el problema global.

Son el plástico que todos tocamos, todos recibimos y todos desechamos sin pensar, por eso, comenzar por las bolsas no es solo un gesto simbólico, es el primer paso para cambiar una cultura de lo desechable.

Pero el cambio no se agota en una votación sino con la decisión de cada ciudadano boliviano de cambiar sus hábitos de consumo.