Seguridad

Con la decisión de un juez, se procedió a la liberación de 12 representantes fabriles quienes fueron aprehendidos por la toma del Ministerio de Trabajo, sin embargo, los mismos siguen bajo investigación por este hecho.

Los fabriles fueron capturados cuando realizaron una “toma simbólica” de oficinas del Ministerio el miércoles. La Central Obrera Boliviana (COB) se movilizó en demanda de su liberación, que se produjo la tarde de este jueves.

Los mismos están investigados por allanamiento y privación de libertad, que habrían cometido al momento de la toma.   

El diputado Manolo Rojas (PDC) ha formalizado este jueves una denuncia penal contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, a quien acusa de “fraude”, porque supuestamente habría tramitado y recibido dinero por pensión de invalidez.

Según Rojas, en 2021, Argollo realizó el trámite de invalidez en tiempo récord y habría cobrado un cheque de más de 141 mil bolivianos. Sospecha que hubo uso de influencias para el sindicalista.

Evo Morales continúa siendo investigado en Argentina por una denuncia por el delito de trata y, en ese marco, la justicia de ese país ya cuenta con un testimonio policial que menciona la presunta presencia de una menor durante la estadía del exmandatario, informó la Fundación Apolo.

La Policía aprehendió este miércoles a Ronald Casso, exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba. La exautoridad fue trasladada a La Paz investigada por el caso de los vuelos a La Habana, Cuba.

Durante su traslado, Casso evitó brindar declaraciones y se limitó a pedir que se consulte a su abogado, quien confirmó la aprehensión y el traslado a la sede de Gobierno.

A tiempo de denunciar vulneraciones de procedimiento, la defensa legal de Evo Morales anunció que no se presentará a la audiencia de juicio que está fijada para el 11 de mayo en Tarija, en el proceso por el delito de trata y tráfico que pesa contra el exmandatario.

La Fiscalía informó que se desarrolla un nuevo proceso penal contra el expresidente Luis Arce en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Indígena, en específico con tres mil proyectos que se financiaron mediante esa entidad pública.

El fiscal Johann Muñoz explicó que el periodo de investigación corresponde al periodo 2010-2011. En ese entonces, Arce ejercía funciones como ministro de Economía e integraba el directorio del Fondioc.

La Policía allanó este miércoles un domicilio en la zona Villa Bolívar Municipal de El Alto, donde se encontró y secuestró un vehículo presuntamente vinculado a la comisión de múltiples hechos delictivos registrados en la urbe alteña y La Paz.

El coronel Fernando Rojas, comandante de la Policía de El Alto, indicó que se realizó este allanamiento luego de semanas de vigilancia con estudio de cámaras de seguridad.

El exgerente de Entidades Financieras del Banco Central de Bolivia (BCB), Rolando Jorge Olmos Alcalá, fue aprehendido en La Paz en el marco de una investigación por presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

De acuerdo con información confirmada a ERBOL, el exfuncionario se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la espera de ser puesto ante un juez cautelar.

En un procedimiento para juicio de responsabilidades, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) presentó denuncia contra los exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz y Carlos Alberto Égüez, debido un fallo por un monto millonario que favoreció a una empresa constructora.

El fallo cuestionado corresponde a 2023 e instruye al FPS el pago de 2.520.490 bolivianos a favor de la Asociación Accidental “H&O”, en el marco del proyecto de pavimentación de la avenida Jacarandá, en Riberalta.

Luego del asesinato de un magistrado del Tribunal Agroambiental, las altas autoridades del Órgano Judicial han exigido al presidente Rodrigo Paz que se les otorgue dispositivos de seguridad y protección, en iguales condiciones que para los ministros de Estado.

El pedido de los magistrados consiste en tener una escolta personal permanente, vehículos de seguridad, protocolos especiales de resguardo y mecanismos de reacción inmediata ante amenazas o atentados.