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La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) exhortó este jueves a los bolivianos a reencontrarse como hermanos, escucharse mutuamente y reconocer que comparten “un destino común como pueblo”, en medio de la crisis que atraviesa el país y que, según la Iglesia, afecta a miles de familias.

En un mensaje difundido con motivo de Corpus Christi, la CEB señaló que la celebración de la Eucaristía adquiere un significado especial en el actual contexto nacional, marcado por dificultades económicas y sociales.

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de La Paz, a la cabeza de Jorge Paredes, expresó su apoyo a una declaratoria de estado de excepción para controlar los baqueos.

Paredes denunció que los paceños ya se encuentran hastiados de la situación y se sienten asfixiados por los bloqueos. “Nos están queriendo matar de hambre”, afirmó.

Acusó por los bloqueos a militantes del MAS que buscan volver al poder. Dijo que se tratan de actos de terrorismo y un grave atentado a los derechos humanos.  

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, pidió a los movilizados permitir el paso de ambulancias, oxígeno y medicamentos, y afirmó que bajo ninguna circunstancia se debe poner en riesgo la vida de las personas afectadas por los bloqueos.

La Federación de Propietarios de Discotecas, Locales y Ramas Afines en el Expendio de Alimentos de La Paz alertó que la crisis derivada de los bloqueos y la escasez de combustible mantiene miles de negocios paralizados y está provocando un aumento del desempleo en el departamento.

“Es grande la afectación. (...) Hasta este momento hemos cuantificado más de 240.000 personas en nuestras distintas actividades que ya han sido despedidas. El desempleo se ha hecho muy grande”, afirmó el secretario ejecutivo del sector, Juan Carlos Callejas, en La Tarde en Directo de ERBOL.

Ciudadanos y ciudadanas de La Paz enviaron cartas al alcalde de La Paz, César Dockweiler, y al gobernador paceño, Luis Revilla, para pedirles que asuman un rol activo frente a la crisis humanitaria generada por los bloqueos, el desabastecimiento y el incremento de precios que afectan al departamento.

El director del Hospital General San Juan de Dios de Oruro, Luis Romero, alertó que cuatro pacientes oncológicos requieren ser trasladados a la ciudad de La Paz para recibir radioterapia y pidió la habilitación de corredores humanitarios que permitan el paso de enfermos, medicamentos, alimentos y oxígeno.

La Gobernación de La Paz declaró este martes emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días en todo el departamento debido a los efectos de los bloqueos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos e insumos esenciales para la población.

“Se declara emergencia sanitaria y humanitaria departamental en todo el territorio del Departamento de La Paz por el plazo de 90 días calendario”, señala la resolución cuya medida podrá ampliarse de acuerdo con una evaluación técnica posterior.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, se disculpó este lunes con la población LGBTIQ+ por no haber atendido antes su solicitud de diálogo y negó que su gestión haya eliminado la Unidad de Diversidades Sexuales, cuestionada por organizaciones durante la presentación de la agenda del Mes de las Diversidades.

“La trata de personas es una de las formas más graves que atentan y vulneran derechos esenciales de todo ser humano. Afecta la dignidad de las personas, la libertad, la integridad, sobre todo de sectores vulnerables”, fue una de las premisas que expuso Yamil García, viceministro de Transparencia; en ese sentido, afirmó, que esta problemática no debe tener “ningún tipo de color político o ideología”, sino ser asumida como un desafío común.

La Federación de Choferes Chuquiago Marka de la ciudad de La Paz informó que ha decidido no asistir a dialogar con el Gobierno, pero además determinó un ultimátum de 24 horas para que demuestre el cumplimiento de sus compromisos con el sector o podrían sumarse a las movilizaciones que piden la renuncia del presidente.

El ejecutivo de los choferes, Santos Escalante, explicó que ya se han reunido con el Gobierno en tres ocasiones y han firmado compromisos bajo actas, pero las autoridades no han cumplido con los acuerdos.