Nacional

El vicepresidente Edmand Lara se ha reunido este martes con jefes de bancada de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para acordar una agenda de prioridades para el tratamiento parlamentario y exigir información sobre los créditos que están pendientes de aprobación.

Lara destacó que estuvieron todos los jefes de bancada, excepto del MAS.

Indicó que, como primer punto, se consensuó aprobar la convocatoria para reiniciar la preselección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A un mes del Gobierno del PDC, el político y empresario Samuel Doria Medina afirmó este martes que se ha corregido al aspecto "bicéfalo" que tenía el oficialismo y ahora no cabe duda de que Rodrigo Paz es quien "gobierna y va a gobernar el país".

En el binomio del PDC, surgieron tensiones entre Rodrigo Paz y Edmand Lara, quien de manera reiterada de quejó de que el presidente no contestaba el teléfono y criticó acciones del Gobierno.

Un total de 440 personas presentaron en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional su postulación con la intención de buscar ser uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).   

La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral cerró las puertas del antiguo edificio del Legislativo a las 18.00, sin embargo, el trabajo de recepción de la documentación en el interior se extendió hasta promediar las 22.30.

Para el futuro, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE - UE) sugirió que en el país se pueda impulsar la creación de dos leyes, una relacionada a los derechos digitales y otra sobre los medios de comunicación públicos.

Los planteamientos fueron hechos durante la presentación del informe final de observación a la segunda vuelta electoral de los comicios generales donde se desprenden otras 17 sugerencias.

El vicepresidente Edmand Lara, junto a parlamentarios afines, expresó este lunes su preocupación y cuestionamiento sobre tres créditos que estarían en trámite en la Asamblea Legislativa, en particular uno de 500 millones de dólares de libre disponibilidad.

Lara aclaró que no está rechazando los créditos, sino justificó que la función del Legislativa es fiscalizar, cuestionar y preguntar.

Demandó que el Ministro de Economía brinde explicaciones sobre estos créditos, en particular del que tiene libre disponibilidad. De lo contrario se rechazará.  

Sergio Barba Gonzales fue posesionado como el nuevo director nacional del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) quien comprometió dar continuidad con la intervención e investigación para encontrar indicios de corrupción en esta entidad.

La nueva autoridad fue posesionada este lunes por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, señala una nota de prensa.

El activista Manuel Morales y el abogado Héctor Castellón pidieron reivindicar la memoria de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien falleció el 18 de abril de 2022 mientras permanecía privado de libertad, luego de denunciar un millonario desfalco en esa entidad estatal. El pedido fue expresado en el programa Hagamos Democracia, de la red Erbol, donde ambos lamentaron que su caso haya quedado en el olvido por casi tres años.

El Ministerio de Gobierno aclaró públicamente que el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis) no forma parte, ni ha formado parte, de su estructura organizacional, en medio de la confusión generada tras una reciente movilización de personas con discapacidad en inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo.

Tras la salida de los autoprorrogados, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) funciona con cuatro de nueve magistrados. En ese marco, la presidenta de esa entidad, Paola Prudencio, manifestó esa situación es transitorio e hizo su llamado a que se realicen elecciones judiciales complementarias.

El analista político Luis Alberto Ruiz advirtió este domingo que la constante referencia del presidente Rodrigo Paz a los errores de gestiones pasadas apenas le servirá como una “moneda de resguardo político” por un tiempo limitado, estimado en no más de 60 días, mientras la crisis del Estado se agrava sin respuestas estructurales.