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Tras anunciar el recorte de su salario en 50%, el presidente Rodrigo Paz precisó que su salario será de 11 mil bolivianos, pero, además, en tono irónico, manifestó que le gustaría estaría estar en comisión de los sindicatos, porque algunos en esa condición ganan 40 mil bolivianos.

El mandatario se pronunció este martes en Sucre, después del acto donde anunció la decisión de rebajarse su salario y de los ministros, como una señal de que se suman al “esfuerzo” de la población en este contexto.

“Voy a ganar 11 mil bolivianos, yo gano 22 (mil)”, dijo Paz.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, anunció la realización de una Asamblea de la Paceñidad para este miércoles 27 de mayo, con el objetivo de abordar el conflicto social y al desabastecimiento que afecta a la ciudad.

Luego de una reunión realizada este lunes con instituciones de la ciudad, la autoridad explicó que se ha decidido realizar la Asamblea de la Paceñidad a las 16:00 del miércoles y estará enfocada en generar consensos para resolver los problemas inmediatos que atraviesa la sede de gobierno, así como en debatir medidas de mediano y largo plazo.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Giovani Arana, hizo este lunes un llamado urgente al diálogo entre los sectores en conflicto y el Gobierno, además de pedir que se dejen de lado las “posiciones rígidas” para evitar mayor sufrimiento y división en el país.

“Consideramos que ha llegado el momento de manifestar una verdadera voluntad de entendimiento, dejando de lado posiciones rígidas que continúan profundizando el sufrimiento de la población y la división entre hermanos bolivianos”, señaló Arana en un pronunciamiento de la Iglesia Católica.

En medio del conflicto con bloqueos que piden su renuncia, el presidente Rodrigo Paz anunció la decisión de rebajarse junto con su gabinete el 50% de su salario. El anuncio fue realizado este lunes en su discurso por la efeméride de Sucre.

Después de casi un mes de conflicto, movilizaciones, bloqueos y violencia, el presidente Rodrigo Paz reconoció que se trata de un “momento difícil”, del cual Bolivia intenta salir mediante el diálogo, sin embargo, lanzó una advertencia a quienes no quieran dialogar.

“A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución”, dijo a la prensa desde Sucre.

En cambio, afirmó que para quienes sí quieren dialogar “serán obras, serán trabajo y será el bienestar de construir y sacar la patria adelante”.

Las organizaciones representativas del periodismo boliviano exhortaron a deponer posiciones de intransigencia y abrir espacios de diálogo “honesto, creíble y claro” ante la crisis y conflictividad que atraviesa el país desde hace más de tres semanas.

A través del manifiesto titulado “Por la democracia y los derechos de todos”, las entidades expresaron su preocupación por el agravamiento de la situación nacional y advirtieron sobre el riesgo de hechos de violencia con “imprevisibles consecuencias”.

La Cámara de Senadores aprobó este domingo, durante su sesión ordinaria desarrollada en la ciudad de Sucre por la efeméride departamental, la abrogación de la Ley N.º 1341 de Estados de Excepción, una norma que regulaba los procedimientos y límites para la aplicación de medidas extraordinarias por parte del Ejecutivo.

La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias expresaron, mediante un comunicado conjunto, su preocupación por la falta de avances en la instalación de un diálogo entre las autoridades de Gobierno y los sectores movilizados, en medio de un conflicto que ingresa a su cuarta semana con bloqueos de caminos y protestas en distintas regiones.

El Gobierno de la República del Perú envió una donación de cuatro toneladas de alimentos de primera necesidad como apoyo a las familias bolivianas afectadas por la actual coyuntura y las dificultades de abastecimiento registradas en distintos puntos del país.

Según una nota oficial, la ayuda fue gestionada mediante coordinaciones entre la Cancillería boliviana y el Gobierno peruano, que respondió de manera inmediata a la solicitud realizada por el Estado boliviano para atender las necesidades de sectores afectados por la situación actual.

La Central Obrera Boliviana (COB) determinó desautorizar la participación de sus organizaciones sindicales afiliadas en cualquier instancia de diálogo con el Gobierno mientras continúen vigentes los mandamientos de aprehensión contra su principal dirigente, Mario Argollo Mamani, y otros representantes sindicales.