Tras una visita in situ en el Trópico de Cochabamba, el senador Leonardo Roca (Libre) ratificó su denuncia sobre la presunta instalación de un proyecto de criptominería en el municipio de Entre Ríos, donde, según afirmó, constató la existencia de infraestructura conectada a una planta.
Roca había denunciado que las ALPS Blockchain, de Italia, y Quirubiqa, de Paraguay tenían asas actividades de criptominería en el Trópico. Decidió verificar en persona, luego de que la empresa Chaco Energía negó su versión.
El diputado Carlos Alarcón (Unidad) respondió que no se amilana, sino ratifica su convicción en la Ley Antibloqueo, después de que la Central Obrera Boliviana (COB) lo declaró “persona no grata” por promover el tratamiento legislativo de esa norma.
El expresidente Evo Morales ha inaugurado un panel solar en su chaco del sindicato Villa Victoria del Trópico de Cochabamba. Eso ocurre después de varios apagones en la región, que han generado susceptibilidad.
El técnico del panel solar explicó que la potencia y almacenamiento del equipo son suficiente para dar energía a un equipo que existe en la propiedad y la vivienda.
Morales ya había anunciado su intención de instalar el panel solar en su propiedad y, asimismo, sugirió a sus afiliados realizar esa inversión.
Las Elecciones Subnacionales 2026 demostraron que el sistema electoral boliviano cuenta con capacidades operativas para organizar y administrar procesos electorales complejos en todo el territorio nacional. Sin embargo, el Estudio de Integridad Electoral elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Fundación Jubileo identifica desafíos que requieren atención en el corto, mediano y largo plazo para fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad electoral, la calidad de la representación política y la confianza ciudadana en la democracia.
El dirigente campesino evista y uno de los impulsores de los bloqueos, Nelson Virreira, manifestó que los sectores afectados por los daños a consecuencia del conflicto deben hacer su reclamo de resarcimiento al presidente Rodrigo Paz.
Virreira defendió a las organizaciones que se movilizaron en el conflicto y culpó al mandatario por la situación.
“El responsable es Rodrigo Paz. Es a él a quien tienen que decirle que tiene que resarcir los daños económicos de todos los sectores que en este momento están reclamando”, dijo.
El exgobernador paceño Santos Quispe denunció públicamente que el ahora senador Nilton Condori realizaba cobros de dinero, cuando era parte de la Gobernación en la gestión de Félix Patzi.
Quispe señaló que Condori critica fácilmente a otros por presuntos hechos irregulares, pero “no es cualquier angelito”, porque incurría en cobros supuestamente en el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) de la Gobernación.
La Central Obrera Boliviana (COB) determinó declarar “persona no grata” al diputado Carlos Alarcón (Unidad), quien recientemente insistió con que la Asamblea retome el tratamiento de la Ley Antibloqueo.
Mediante un pronunciamiento, la COB tachó de “irresponsables” las declaraciones del parlamentario.
Desde la bancada de Unidad, la diputada Daniela Cabrera, rechazó que se intente involucrar a Samuel Doria Medina en la investigación por tráfico de influencias a favor de la empresa Soboce, dado que el empresario dejó ese vínculo hace más de 10 años.
El caso surgió en España, luego de revelarse que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200 mil euros a cambio de interceder con el Gobierno de Luis Arce a favor de Soboce en un juicio millonario con Fancesa, por el mercado del cemento en Bolivia.
El vicecanciller de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Christopher Landau, reveló que Evo Morales estaría siendo investigado, aunque evitó dar detalles al respecto.
“Hay muchas cosas que se están investigando, obviamente esas cosas no podemos estar hablando públicamente sobre ellas”, dijo Landau en entrevista con La Derecha Diario, a tiempo de ser consultado si su Gobierno investiga o pedirá la extradición de Evo Morales.
Ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá, el canciller Fernando Aramayo defendió la actuación de su Gobierno frente a la reciente crisis social y política que atravesó el país, al sostener que la respuesta estatal se desarrolló con prudencia, priorizando el diálogo y preservando el orden constitucional.
Según la autoridad boliviana, las movilizaciones tuvieron inicialmente demandas diversas y en muchos casos legítimas, pero con el transcurso de los días derivaron en una confrontación política de mayor profundidad.
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