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El Gobierno está dispuesto a iniciar un proceso de diálogo que permita la construcción de una nueva ley, y mejor consensuada, para la conversión de la pequeña propiedad a mediana, según informó este jueves el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez.

La autoridad reconoció que la polémica ley aprobada hace poco, y que está en vigencia, no tuvo la socialización ni el consenso necesarios con las organizaciones campesinas e indígenas y tampoco con otros sectores interesados en esta temática.

SUMANDO VOCES

El proyecto de ley para abrogar la Ley 1720, referida a la conversión de tierras, fue aprobado en la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y pasó a consideración del pleno, donde se definirá su futuro, informó la diputada Cecilia Requena en contacto con Sumando Voces.

SUMANDO VOCES

El senador Branko Marikovic, impulsor de la aprobación del proyecto de Ley N°157 que derivó en la Ley N°1720, afirmó que el Legislativo no está cerrado a introducir modificaciones a la norma. Entretanto, sectores indígenas y campesinos mantienen una vigilia en inmediaciones de la Vicepresidencia, en La Paz, en rechazo a esta normativa, que entró en vigor el 13 de abril.

El senador Branko Marinkovic apuntó al Decreto Supremo (DS) 4718 de 2022 como el origen de los problemas en la calidad de combustibles, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó que la norma sigue vigente, aunque está en proceso de revisión.

El presidente Rodrigo Paz consideró la toma del Ministerio de Trabajo por parte de sindicalistas como un hecho de violencia que no se puede aceptar. Enfatizó que el Gobierno busca dialogar y rechazó que se recurran a actitudes violentas.

La toma de Ministerio de Trabajo se produjo el miércoles por parte de dirigentes fabriles. La Policía intervino y atrapó a 13 personas para conducirlas a celdas, sin embargo, la Central Obrera Boliviana se movilizó para pedir la liberación de sus afiliados.  

En el acto de posesión de su gabinete, el gobernador Luis Revilla informó este jueves que ha reducido la estructura organizacional del Gobierno Departamental de 11 a cinco secretarías.  

Como ejemplo mencionó que había una Secretaría Jurídica, cuando en realidad debería ser una dirección de apoyo a las unidades estratégicas.

“Hemos encontrado una gobernación desordenada, con una estructura con muchas cabezas y muy poco cooperativas”, acotó el gobernador.

La Ley 1720 ha generado un foco de conflicto para el Gobierno. La norma es rechazada por sectores indígenas, campesinos y sindicales, porque consideran que afecta a las pequeñas tierras; mientras que el sector agro del oriente ya se ha pronunciado en defensa de la ley y advierten con medidas de presión progresivas.

El alcalde César Dockweiler presentó este miércoles a su gabinete de secretarios municipales y de subalcaldes, que lo acompañarán durante su gestión.

Entre los posesionados se encuentra Antonio Costas, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien ahora es Secretario Municipal de Gestión Inteligente. El mismo estuvo encarcelado preventivamente por el caso denominado fraude electoral de 2019. El proceso posteriormente fue archivado por el Ministerio Público.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó este miércoles que el Gobierno firmó un acta de coordinación y trabajo con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) sobre la Ley 1720 y abrió la posibilidad de revisar la norma en la Asamblea Legislativa para incorporar distintas posiciones.

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, informó que ha suscrito una alianza con organizaciones de campesinos, interculturales y originarios para encarar el conflicto frente al Gobierno.

Dijo que se trata de un “pacto de no traición”, donde sus integrantes tendrán el mismo peso para tomar decisiones.

En el anuncio, el ejecutivo de la federación de campesinos Tupak Katari de La Paz, Vicente Salazar enfatizó que el pedido de las provincias es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.