El senador Nilton Condori informó que existe una orden de aprehensión en su contra y aseguró que no teme una posible detención. Señaló que la medida se activaría en cualquier lugar donde sea encontrado.
“El delito simplemente es pedir a la Asamblea Legislativa que se reduzcan sus sueldos y que eliminen la renta vitalicia. Ese es mi delito”, afirmó el legislador en entrevista con Red Yungas.
La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto convocaron a un diálogo “Por el Bien Común” dirigido al Gobierno y a sectores movilizados, mientras esperan coordinar fecha y hora del encuentro en medio de la escalada de conflictividad.
“Frente a la intransigencia en el conflicto llamamos a contraponer la claridad de la palabra; frente al descontrol de las pasiones vigorizar la fuerza del entendimiento; frente a la presencia de la violencia invocamos la fecundidad del diálogo”, señala el pronunciamiento conjunto.
El alcalde César Dockweiler pidió este lunes deponer las actitudes violentas y abrir un “diálogo sincero” entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados, ante el conflicto y los bloqueos que afectan al abastecimiento y la transitabilidad en la ciudad de La Paz.
“Hasta en los peores conflictos, en las peores guerras, en las peores situaciones, la forma en la que hemos podido salir de esta situación ha sido a través del diálogo. No hay otro camino”, afirmó la autoridad edil
La jornada de protestas de este lunes en La Paz derivó en disturbios, saqueos y daños a instituciones públicas en distintos puntos del centro paceño. En inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), manifestantes incendiaron una patrulla policial, mientras también se reportaron ataques y robo de documentación en oficinas del Tribunal Departamental de Justicia .
La tensión se incrementó este lunes en el centro paceño durante las movilizaciones protagonizadas por mineros cooperativistas de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) La Paz y miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari”, quienes detonan petardos y dinamita cerca del perímetro de seguridad de la plaza Murillo.
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5621, que crea el bono “Gestión de Aula” destinado al personal docente y administrativo del magisterio fiscal. El incentivo busca promover el cumplimiento del calendario escolar y fortalecer la calidad educativa.
“Se establece el bono denominado ‘Gestión de Aula’, que será entregado en el mes de junio de cada año, a favor del personal docente y administrativo del Magisterio Fiscal”, señala el decreto aprobado por el Ejecutivo.
En medio del conflicto con bloqueadores, el Gobierno ha identificado al dirigente Bernabé Gutiérrez Paucara como el instigador de un levantamiento armado que se estaría gestando en comunidades de la provincia Omasuyos de La Paz.
El vocero presidencial José Luis Galves indicó que Gutiérrez Paucara es presidente del Comité de Conflictos de los Ponchos Rojos, pero antes fue director de Derechos humanos del Ministerio de Defensa en el anterior Gobierno.
El Comité pro Santa Cruz denunció este lunes un “golpe” contra el Gobierno, así como actos de “terrorismo” y un “genocidio alimenticio” atribuidos a los sectores movilizados que mantienen bloqueos en distintas regiones del país, por lo cual exigió al Ejecutivo hacer cumplir la ley.
El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, afirmó en conferencia de prensa que Bolivia atraviesa “días totalmente críticos” tras casi 20 días de protestas y bloqueos que buscan la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Dijo que esto se trata de un “golpe”.
En medio de la tensión por una nueva jornada de movilización hacia la sede de gobierno, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, reconoció que se vienen "días duros", pero "La Paz resistirá y la democracia vencerá".
Segun Doria Medina, las manifestaciones amenazan con complicar la vida de los paceños, pero consideró que se tratan de "las últimas sacudidas de una movilización que va a agotarse pronto".
Explicó que las movilizaciones tienen un objetivo político, ilegal y que, además es "rechazado por la mayoría de la población".
El Gobierno advirtió a los sectores movilizados que el derecho a la protesta no ampara la comisión de delitos, mientras que la Policía Boliviana afirmó que, si bien sus operativos se desarrollan sin armas letales, hará uso progresivo y proporcional de la fuerza en caso de ser necesario.