El presidente Rodrigo Paz anunció que se destinarán 100 millones de dólares para el enlosetado de El Alto y otros municipios del país, como parte de los compromisos asumidos. El anuncio se da en medio de los conflictos que tienen como epicentro la urbe alteña, ante reclamos por el incumplimiento de promesas electorales y sectores que incluso piden su renuncia.
Raúl Marcelo Salinas renunció al cargo de ministro de Defensa y Beatriz García al de ministra de Educación, en medio de los conflictos que atraviesa el país. La información fue confirmada por los equipos de comunicación de ambas carteras de Estado.
Ambos asumieron sus funciones el 9 de noviembre, cuando el presidente Rodrigo Paz los posesionó con el compromiso de trabajar 24/7 junto al resto del gabinete ministerial.
Las renuncias se producen en medio de los conflictos y bloqueos que exigen la dimisión del mandatario y que ya se han prolongado por más de un mes.
El alcalde César Dockweiler manifestó este martes que comprende la indignación de los paceños que llaman a romper cercos y a la confrontación contra los bloqueos, pero exhortó a que reflexionen y mantengan la cordura.
El burgomaestre abogó por una salida pacífica a la crisis, porque de usarse la fuerza se causarían “heridas” que volverían a generar la misma situación.
La Vicepresidencia, a cargo de Edmand Lara, manifestó su rechazo a la iniciativa del diputado Carlos Alarcón de realizar en 90 días un referéndum revocatorio extraordinario de presidente, vicepresidente y asambleístas como salida a la crisis que atraviesa el país.
Mediante un comunicado, la Vicepresidencia tachó la propuesta de Alarcón como “acción abiertamente anticonstitucional, un intento de utilizar los mecanismos democráticos para vulnerar la democracia misma”.
Oriundos de Cochabamba, los dirigentes evistas Feliciano Vegamonte y Dieter Mendoza se pronunciaron este martes en El Alto en un llamado a masificar las movilizaciones, a tiempo de condicionar la pacificación del país a que renuncie el presidente Rodrigo Paz.
Luego de un periodo en la clandestinidad, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció este martes en un cabildo realizado en la ciudad de El Alto, donde pidió lealtad con las bases y que no abandonen a la dirigencia.
El canciller Fernando Aramayo afirmó que la presencia de actores extranjeros en reuniones de los sectores movilizados constituye una prueba de un proceso de desestabilización y aseguró que algunos de ellos ingresaron al país para incitar a la población en medio del conflicto social.
“¿Qué tendría que hacer un funcionario extranjero azuzando a nuestra población y queriendo atizar más un escenario de polarización? (...) Esta es la prueba más clara de que este es un proceso de desestabilización de nuestra democracia”, sostuvo la autoridad.
El presidente de la Cámara Boliviana de Turismo (Cabotur), Luis Ampuero, afirmó que el sector está de “rodillas” ante la crisis por los bloqueos, por lo cual ha cuestionado que el Gobierno siga hablando de diálogo con movilizados que buscar destruir la democracia, mientras la población está sufriendo.
El abogado de la Central Obrera Boliviana (COB), Jesús Mamani, consideró que la libertad del ejecutivo Mario Argollo continúa en peligro por una posible reactivación de la orden de aprehensión que había en su contra. Incluso considera que dejar sin efecto el mandamiento fue un “engaño” de la justicia.
Argollo tenía una orden de aprehensión por el delito de terrorismo y otros delitos, sin embargo, una juez dejó sin efecto ese mandamiento en el marco de una Acción de Libertad.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga advirtió este lunes que Bolivia atraviesa un “vacío estatal” frente a los bloqueos que afectan a distintas regiones del país y cuestionó la falta de acciones del Gobierno para restablecer el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos.
“No se gobierna con retórica rimbombante, se gobierna haciendo, tomando acciones”, afirmó Quiroga al señalar que la administración de Rodrigo Paz debe asumir decisiones para devolver la tranquilidad a la población y garantizar el libre tránsito.