Nacional

El Gobierno denunció este jueves la existencia de un “plan macabro” presuntamente financiado por el narcotráfico y acusó a Evo Morales y a dirigentes afines de promover movilizaciones y bloqueos para desestabilizar al país y “romper la democracia”.

“Los bolivianos tienen que saber que hay en marcha un plan macabro que va a fracasar. (...) El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes”, afirmó el vocero presidencial, José Luis Galvez.

Destrozos al ornato público, daños a negocios, más de 10 aprehendidos, agresiones a periodistas y escenas de zozobra se registraron este jueves en el centro paceño durante las marchas de mineros cooperativistas y maestros rurales, en medio de la represión policial.

Las protestas comenzaron pasadas las 14:30. Los cooperativistas mineros protestaron en inmediaciones de la Plaza Murillo mientras los maestros rurales en la avenida Arce frente al Ministerio de Educación, en medio del descontento de la población.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió al Gobierno actuar con firmeza frente a los bloqueos y movilizaciones que, según afirmó, buscan una salida “insurreccional” y “antidemocrática”.

“A los subversivos, aplíquenles la ley. (...) Hay Estado de Derecho, hay que aplicar la ley. Aquellos que son insurrectos, hay que aplicar la ley”, afirmó Quiroga al señalar que el Gobierno debe diferenciar entre sectores con demandas salariales legítimas y grupos que, en su criterio, pretenden generar un “colapso” político.

El Gobierno nacional denunció que los bloqueos ya han causado dos muertes además de personas heridas y emergencias médicas sin atención oportuna. Por lo cual, mediante un comunicado, ha exigid que cesen las acciones que atentan contra la vida, la libre circulación y la seguridad.

El comunicado de la Oficina del Presidente expresó la condena contra las acciones que impiden el paso de ambulancias, personal médico y pacientes.

La Central Obrera Boliviana (COB), juntas vecinales de El Alto y sectores evistas marchan hacia el centro paceño contra el Gobierno y piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) afirma que sus demandas son sectoriales. Entre tanto, otra movilización encabezada por la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) surge como “resistencia” contra los bloqueos.

Ante las movilizaciones y bloqueos en el país, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidió al presidente Rodrigo Paz que ponga orden y mano dura, porque considera que existe un movimiento subversivo..

Los bloqueos piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, sin embargo, el alcalde Reyes Villa considera que no es la solución, porque abriría el camino a “gente subversiva”.

El líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, ha reconocido el impacto de los bloqueos de caminos en la población, sin embargo, defendió la continuidad de las protestas y dijo que ahora es preferible “amarrarnos el cinturón” en el conflicto contra el Gobierno.

Argollo admitió que es “doloroso” lo que ocurre con los alimentos y choferes varados, pero insistió en defender los bloqueos y acusar al Gobierno por provocarlos.

En el contexto de bloqueos y protestas que vive el país, el expresidente Carlos Mesa cuestionó esa forma de presión que se vive desde el retorno de la democracia en 1982, debido a la violencia que genera con saldos dolorosos.

“Llevamos casi medio siglo de un país secuestrado por las minorías violentas, dueñas de calles y carreteras”, concluyó Mesa, en un posteo de redes sociales.

Mesa fue presidente entre 2003 y 2005, pero entonces renunció en un contexto de protestas sociales y movilizaciones.

El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la abrogación de la Ley 1720 como “resultado del diálogo” y anunció que el Gobierno luego de la sanción de la norma en la Asamblea legislativa. Además anunció que el Gobierno impulsará una nueva normativa consensuada sobre tierras.

“Como resultado del diálogo, de encontrarnos entre todos los bolivianos, la ley 1720 fue abrogada. ¿Qué significa la palabra abrogación? Eliminación, ya no existe, se acabó esa ley”, sostuvo el mandatario a través de un video.

El Gobierno denunció este miércoles la primera muerte presuntamente relacionada con los bloqueos. La víctima fue identificada como Anna Enns, ciudadana de Belice de 56 años, quien falleció en la localidad fronteriza de Desaguadero.

“El cierre total de vías y la presencia de grupos agresivos impidieron el auxilio médico oportuno y el traslado de emergencia”, señala el comunicado oficial, que sostiene que la vida de la mujer “pudo haber sido salvada”.