La bancada mayoritaria del MAS aprobó una Declaración en la Cámara de Diputados pidiendo a la presidenta Jeanine Añez el retiro inmediato de los militares de los centros urbanos y del campo.
También exigieron respetar los derechos constitucionales a la libre circulación, a la libre expresión y ante todo al derecho de vivir en paz de las y los ciudadanos de todo el territorio nacional.
El ministro de Gobierno Arturo Murillo advirtió este sábado que el gobierno no permitirá actos de racismo protagonizado por grupos civiles movilizados ni milicias armadas en ninguna parte del país.
Esa posición surgió ante la consulta si el gobierno tomará alguna acción después de que miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, desalojaran el viernes de una plaza en Cochabamba, a un grupo de personas entre ellas, dos mujeres de pollera, que pretendía instalar una mitin de apoyo a Evo Morales.
La Defensora del Pueblo interina Nadia Cruz pidió al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana desmovilizar a los grupos civiles que incurren en actos violentos y discriminatorios en Cochabamba. El comunicado difundido este sábado levantó una ola de críticas y rechazos a la postura de Cruz a quien vinculan al gobierno del MAS.
Soberanía y Libertad (SOL.bo) asegura que el ingreso a la carrera electoral del expresidente Jorge Tuto Quiroga y “otros políticos del pasado”, no restarán apoyo ciudadano a Carlos Mesa, pero buscará más aliados para las elecciones del próximo 3 de mayo.
El vocero de Sol.bo José Luis Bedregal -cuyo partido es una transformación del Movimiento Sin Miedo (MSM) que gobierna el municipio de La Paz hace 20 años - considera que en las próximas elecciones Carlos Mesa debe batallar con el MAS y “las corrientes conservadoras de políticos del pasado”.
El diálogo entre autoridades del Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y representantes cívicos de la Región Autónoma Gran Chaco de Yacuiba, Carapari y Villa Montes, concluyó con la conformación de una Comisión Técnica para tratar el aspecto administrativo, presupuestario y legal de la consolidación del traslado de la Vicepresidencia de Administración, Contrato y Fiscalización (VPACF) a Villa Montes.
La Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT) emitió un comunicado recordando a los operadores de radio y televisión, a nivel nacional, que tienen la obligación de transmitir en cadena nacional el mensaje oficial de la presidenta Jeanine Añez del 22 de enero,
Evo Morales firmó este viernes con precandidatos presidenciales del MAS un acuerdo, mediante el cual se comprometen a acatar el binomio que se elija en la “Reunión de Alto Nivel” a realizarse este 19 de enero en Buenos Aires, Argentina.
Además de Morales, el documento cuanta con las firmas de David Choquehuanca, Luis Arce y Diego Pary, mientras que Andrónico Rodríguez no firma aunque su nombre figura en el acuerdo.
La Cámara de Diputados de Bolivia sancionó, es decir, ratificó este viernes por unanimidad la Ley Excepcional de Prórroga de Mandato Constitucional de Autoridades Electas, que ahora pasa al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La norma fue aprobada después de cuatro horas de debates en el hemiciclo parlamentario, en medio de la tensión existente sobre todo en legisladores del MAS debido a lo que califican como militarización del país.
El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, anunció que el Aeropuerto de Chimoré, ubicado en el Trópico de Cochabamba, pasará a ser administrado en tuición conjunta con los ministerios de Defensa y de Gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía contra vuelos clandestinos.
“Vamos a sentar soberanía en todos los lugares respetando las leyes, respetando los procedimientos, porque si algo tiene que hacer este Gobierno es restituir el imperio de la ley y el imperio del respeto a la Constitución”, manifestó Arias.
Carlos Romero será recluido en la cárcel de San Pedro. Un juez decidió dictar detención preventiva, al exministro de Gobierno, Carlos Romero, acusado de delitos de corrupción en el caso UELICN.
La detención preventiva de Romero tiene un plazo de seis meses, tiempo que debe durar la investigación de la Fiscalía respecto al exministro.
La decisión judicial se asumió después de varias horas de audiencia, que comenzó durante la mañana y acabó al promediar la tarde de este viernes.