El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que, durante la reunión de la Subcomisión de Avasallamientos que funciona en el marco de la Cumbre de la Justicia, se ha identificado que organizaciones criminales operan el avasallamiento de tierras que afecta a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Potosí.

Indicó que a esa conclusión llegaron las autoridades del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Fiscalía General del Estado, Policía Boliviana, Ministerio de Gobierno y todas las instituciones involucradas en este tema, para lo cual conformaron dos subcomisiones que comenzaron a trabajar para ver las alternativas de solución.

La subcomisión decidió avanzar en el problema estructural porque, según dijo Silva, el país está frente a “organizaciones criminales, en las cuales están involucradas exautoridades, exdiputados que se han vuelto notarios, fiscales, jueces, policías, dirigentes vecinales y comunarios”.

Precisó que el primer problema es la institucionalidad de Derechos Reales, cuya ley data de 1887 y que genera una complejidad de problemas e inseguridad jurídica en la repartición de tierras.  Explicó que toda esa estructura respalda a los delincuentes que protagonizan delitos de avasallamientos.

Por ese motivo, determinaron iniciar estudios para cambiar estructuralmente la oficina de Derechos Reales, dar continuar a los procesos penales e iniciar nuevos procesos contra los autores.

La reunión de la Subcomisión de Avasallamientos no descartó la intervención de DDRR por la situación caótica administrativa y porque sus autoridades no brindan informes sobre los 500 millones de bolivianos que ingresan anualmente, mientras la infraestructura toca la pobreza franciscana y goza de un sistema informático altamente vulnerable.

“Nos informan el presidente del Consejo de la Magistratura, que este sistema informático ha sido diseñado por exautoridades, quienes todavía ingresan al sistema para modificar datos que están en los folios reales. Es decir, desde sus casas pueden operar fácilmente porque tiene los códigos y las claves de acceso que tiene DDRR y de esto se están aprovechando estas organizaciones criminales, delincuenciales, que están traficando con tierras, vulnerando el derecho de los privados y también del público”, declaró.

No hay tiempos definidos para la intervención, sin embargo, anticipó que realizarán evaluaciones para ver cuál oficina acumula las mayores denuncias a fin de programar operativos sorpresa y tomar acciones legales contra toda la oficina que vulnera derechos de la población.