Después de seis meses, el Gobierno reconoció que en el operativo antidroga realizado el 22 de septiembre de 2023, donde fallecieron dos mujeres por arma de fuego en Desaguadero, era en realidad un “volteo de droga” cometido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

“El hecho de estar efectuando un operativo no autorizado, una vez más, segundo que el vehículo tenía residuo de sustancia controlada han permitido que hace un tiempo el Ministerio Público decida esta investigación por narcotráfico. Las implicancias indudablemente tienen dos vértices: la primera administrativa, pues se han roto los procedimientos estandarizados y la segunda que existe indudablemente la aplicación de un delito que en la jerga interna se califica como volteo”, señaló el jueves el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

La imputación del Ministerio Público, inicialmente contra cinco policías de la FELCN, señala que el “operativo” del 22 de septiembre de 2023 en Desaguadero los uniformados actuaron en dos grupos, uno donde se hacían pasar de compradores de droga y otro que hacía seguimiento.

De acuerdo con esta narración, cuatro personas intervinieron en el vehículo donde estaba el primer grupo y acribillaron a sus ocupantes, un sargento, una sargento y una informante, “volteándoles” el dinero que llevaban (aparentemente 100 mil dólares), mientras que el segundo grupo de manera desleal se limitó a observar el asesinato y no hizo nada.

Aparentemente, los autores del acribillamiento contra los uniformados y la informante sería una banda delincuencia del Perú. 

La sargento y la informante perdieron la vida, mientras que el policía varón fue hospitalizado y logró salvar su vida; luego de superar la terapia intensiva fue cautelado y actualmente se encuentra detenido preventivamente. Sin embargo, los otros uniformados fueron beneficiados por la justicia con detención domiciliaria e incluso algunos lograron obtener una salida laboral.

También, en el marco de las investigaciones, se conoció una conversación donde se señala que un “coronel”, haciendo referencia al exjefe antidroga de La Paz, habría dado instrucciones aparentemente para manipular la indagación del caso, pero el proceso contra el coronel se desconoce en qué etapa se encuentra.

“Nosotros respetamos la presunción de inocencia y evidentemente serán los tribunales de la justicia ordinaria, de la justicia administrativa especial los que deberían establecer la existencia de un delito o la existencia de una falta en el ámbito administrativo. El hecho, vuelvo y repito, de que se haga una operación inconsulta, que no se utilicen los procedimientos estandarizados y por último que no se brinda en los partes respectivos, desde mi perspectiva configura la existencia de una falta administrativa”, reiteró el Viceministro.

También, en el transcurso de las investigaciones, el caso Desaguadero se dividió en dos procesos: el primero por la muerte de la sargento y su informante y el segundo por narcotráfico.