El fiscal Alexander Mendoza confirmó que vehículos secuestrados en el caso de Misael Nallar fueron dispuestos a la Policía y el Ministerio Público, pero argumentó que el objetivo era preservar estos coches de alta gama y darles un “fin social”.

El pronunciamiento surge después de que ERBOL publicó que vagonetas Land Cruiser modelo 2022, secuestradas en una investigación contra Nallar, son usadas para trasladar al comandante de la Policía, general Álvaro Álvarez, y el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

‘Lujosas’ vagonetas del caso Nallar son utilizadas por el Comandante de la Policía y la Fiscalía https://t.co/ivVw5WhVmM

— ERBOL (@ErbolDigital) June 26, 2023

El fiscal Mendoza investiga a Nallar por legitimación de ganancias ilícitas. Indicó que en el marco de ese caso, en junio de 2022, se intervino un condominio en Santa Cruz donde se encontró cuatro vehículos en el parqueo y sus respectivas llaves es un departamento.

En entrevista con ERBOL, el fiscal confirmó que las movilidades fueron dispuestas a la Policía y al Ministerio Público.

Señaló que las movilidades estaban en el parqueo de la Fiscalía en Santa Cruz, pero tomando en cuenta el alto valor económico de las movilidades, se consideró que este lugar no garantizaba el resguardo y conservación de los coches.

“La comisión dispuso que los mismos (vehículos) sean dispuesto a estas instituciones, en el sentido de que estas instituciones, como la Policía Boliviana y el Ministerio Público están al servicio de la sociedad”, dijo Mendoza en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Enfatizó que se ha entregado las vagonetas a la Policía y el Ministerio Público, “para que puedan darle un fin social, en sentido de que puedan ellos tenerlos como depositarios con la finalidad de preservarlos o conservar estos bienes que presuntamente son del imputado Misael Nallar”. 

Cuestionado sobre la legalidad de disponer de bienes secuestrados en un caso que no tiene sentencia, el fiscal enfatizó que se actuó de acuerdo con procedimiento y que, en caso de requerirse los vehículos, se harán los trámites para que vuelva a Santa Cruz.

Como argumento legal, mencionó el artículo 40 de la Ley 260, el cual otorga al Miniterio Público la potestad de intervenir en la asignación de bienes incautados, decomisados o confiscados, para garantizar los medios de prueba necesarios para la investigación y el juicio.  

Indicó que las entidades depositarias de los coches, al aceptarlos, deben responder por las condiciones en que tengan el vehículo.

El fiscal recalcó que la intención de disponer de los vehículos era conservarlos. Puso como ejemplo que si los coches hubiesen estado en la Fiscalía de Santa Cruz durante la quema de diciembre, ahora se hablaría de que fueron calcinados.