EN CHILE
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Defensa de militares bolivianos perfila negociar un proceso abreviado, pero sin reconocer el delito de robo

Los tres militares detenidos.

El abogado de los tres militares bolivianos detenidos en Chile, Maximiliano Mendoza, informó que se buscará negociar con el Ministerio Público chileno una salida de procedimiento abreviado para los imputados, sin embargo, descartó que para ello se admita haber cometido el delito de robo.

Los militares fueron detenidos en la zona fronteriza el 7 de septiembre, cuando intervinieron vehículos. La justicia chilena determinó prisión preventiva para los uniformados, imputados de robo con intimidación y portación de armas, y fijó 90 días de investigación.

El abogado señaló que se está en conversaciones con el Ministerio Público de ese país y se está solicitando las diligencias, con miras a acortar el tiempo del proceso y se permita una pronta negociación. Deslizó la posibilidad de que los militares reciban como sanción la expulsión de Chile.   

Descartó que la defensa de los militares vaya a admitir “bajo ningún sentido” el delito de robo, pero reconoció que sí los uniformados traspasaron la frontera.

“Lamentablemente sí traspasaron a territorio chileno. Eso es un hecho que no se puede discutir, que es lo que vamos a tratar de negociar con el Ministerio Público respecto a un procedimiento que sea diferente a un juicio oral y sea un procedimiento abreviado y sea una expulsión”, dijo el abogado en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL. 

El jurista insistió en que no se trata de un robo, porque los militares intervinieron vehículos que estaban siendo contrabandeados. Corroboró que los denunciantes son bolivianos, como lo adelantó el Ministro de Defensa.

Como prueba de que los vehículos eran contrabandeados, Mendoza mencionó que las personas que los llevaban habían ingresado a Chile de manera ilegal, pero además los coches no tenían placa ni estaban inscritos.

El abogado, que fue contratado por el Estado boliviano, también indicó que se está trabajando en una apelación a la prisión preventiva que recibieron sus defendidos, con la intención de que tengan una medida menos gravosa o incluso fianza.