Por Enrique Velazco R.
En una entrevista radial del martes 3 de mayo, el Senador Rubén Gutiérrez explicó, desde su perspectiva, el trasfondo de la ruptura del acuerdo que había permitido que, el proceso para la elección del Defensor del Pueblo, avance hasta la fase de las entrevistas en un marco de consenso entre las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Habiendo seguido de cerca las elecciones judiciales en 2011 y 2017, tengo elementos para creer que los ejercicios de preselección en la ALP son una farsa. En la elección de 2017, un día antes que la Asamblea Legislativa elija a los candidatos al Tribunal Constitucional, envié correos electrónicos con los nombres de los postulantes que anticipé serían elegidos como candidatos al TCP. Los nombres de los seleccionados en la ALP, coincidieron en 92% con los de la lista enviada. La probabilidad de adivinar “por chiripa” 33 nombres correctos entre 76 postulantes, es prácticamente nula: 1 en miles de millones.
Para mi “predicción”, me limité a seleccionar a los postulantes con mayores calificaciones en las entrevistas, aunque tuvieran las peores notas en méritos. Mi acierto implica que la ALP ignoró los méritos y seleccionó candidatos al TCP estrictamente por política. Los pésimos resultados están hoy a la vista.
Con este antecedente, y por los papelones del defensor Tezanos Pinto –forzado a renunciar por incompetencia, y de una defensora interina que, por ley, no podía estar más de 90 días en el cargo, tenía una vaga esperanza que este proceso fuera más transparente y esperaba que el MAS no repetiría los excesos que develamos en 2017 (link al pie). Pero todo parece apuntar a que no será así: los argumentos del Senador Gutiérrez en la entrevista –que “se aferran al reglamento”, me sugieren que se repite la farsa, con el mismo libreto, pero en un escenario mejorado.
El senador Gutiérrez y todos los voceros del MAS, están repitiendo, hasta el cansancio, que los siete postulantes han cumplido los requisitos, que tienen la experiencia que exige el reglamento aprobado, y que obtuvieron calificaciones suficientes en la entrevista-examen.
Veamos. En primer lugar, si lo que se buscaba era un perfil humano como el de Ana María Romero de Campero, con mucha probabilidad un proceso que califica títulos, conocimiento memorístico de leyes o experiencias relacionadas a DDHH, habría excluido a la propia Ana María; o también a Don Huáscar Cajías de la Corte Nacional Electoral.
Segundo, si el propósito común era generar condiciones para una elección consensuada que logre o supere, sin presiones ni chantajes, los dos tercios que darían la legitimidad para reponer la credibilidad en la defensoría del pueblo, ¿en qué habría afectado llevar al pleno nueve, en lugar de siete, preseleccionados, especialmente si dos con suficientes méritos y experiencia, aparentemente fueron eliminados por opiniones básicamente subjetivas? Tercero, si honestamente pensaron que, el desempeño académico y profesional sería el criterio válido, alternativo al del perfil netamente humano en el proceso de selección, los miembros de la Comisión Mixta deberían tener hojas de vida y experiencias profesionales que los habiliten para evaluar a los mejores hombres y mujeres formados en la academia. La pregunta obligada es: ¿las tienen? ¿pueden evaluar académicamente a profesionales con pos grados? ¿pueden fundamentar técnicamente los criterios bajo los que otorgaron notas de excelente, bueno, o insuficiente en las entrevistas?
Los miembros de la Comisión deberían demostrar esas capacidades explicando al pleno de la ALP los argumentos para aprobar o rechazar postulantes en la entrevista. No tomaría mucho más de dos o tres horas si usan unos minutos por postulante que llegó a esa etapa, para lo que la ALP debería habilitar el acceso ciudadano a los videos de las entrevistas.
Si no pueden o no quieren hacerlo, sería un indicio que el proceso ha estado amañado. Esta vez, para no quedar en evidencia como en 2017, la estrategia habría sido “alentar” a varios postulantes con muchos cartones, pero con la seguridad que el reglamento les permitiría filtrar, en la última etapa, a todos los que no sean parte de la trama.
Si este es el caso, ahora cualquiera de los siete sirve para sus fines, aunque ninguno tendría la estatura moral ni los valores para el cargo; a pesar de todo el discurso, mostrarían otra vez que la ceguera política y sus estrategias envolventes, se imponen sobre todos los méritos que, al final, nunca fueron necesarios ni sirven, si la selección es “trucha”.
Lamentablemente, sería un paso más hacia una sociedad anómica, des-institucionalizada, con el próximo paso –ya propuesto por el MAS, de que la ALP también designe a los fiscales. Quienes crean que esa “viveza política” les dará poder total, pueden recitar su ideología en verso, pero la entropía condenará su proceso a un inevitable fracaso histórico.
Enrique Velazco Reckling, Ph.D. es investigador en desarrollo productivo