Por Guillermo Villalobos M. - Investigador en temas socio-ambientales
En noviembre de 2022 el gobierno nacional presentó su Plan Plurinacional de Respuesta Inmediata a la Sequía para las gestiones 2022 y 2023 con el principal objetivo de reducir y enfrentar los efectos del fenómeno de la sequía y facilitar la asistencia humanitaria a la población afectada. Este Plan se presentaba como parte de una respuesta al complejo escenario que atravesaba el país en 2022, cuando las siete macrorregiones en que se divide Bolivia presentaban un índice combinado de sequíaentre débil a severo, según los datos del Monitor de Sequía del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Este escenario no se limitó solo al año 2022. Por el contrario, fue un suceso que se fue desarrollando años antes y con una relativa previsibilidad. Los datos del Senamhievidencian como las condiciones climáticas precedentes de la sequía comenzaron a gestarse desde mediados de 2019. Desde entonces las condiciones adversas se fueron acrecentando hasta llegar a la situación de 2022 (cuando Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca registraron las cifras más bajas de precipitación pluvial de la última década) y a los índices de sequía combinados que tenemos hoy en día (con gran parte de las macrorregionescon una sequía entre débil y moderado, y un índice severo en la región Altiplánica y parte de los Valles).
Pero ¿De qué consta el Plan presentado por el gobierno? Con un presupuesto de Bs 122.817.872 este Plan contempla cuatro estrategias de acción: Acciones de preparación, acciones para garantizar agua, acciones de respuesta y acciones de rehabilitación. La mayoría de los esfuerzos del Plan se centran en las acciones de provisión de agua y de respuesta. De hecho, el 52% de este presupuesto está asignado a la perforación y rehabilitación de pozos y a la dotación de tanques de almacenamiento; y un 26% a la provisión de insumos agrícolas (semillas, plantones y fertilizantes) y pecuarios (forrajes y alimentos balanceados).
Sin lugar a duda es fundamental contar con un plan de respuesta y contingencia para emergencia y desastres producto de fenómenos naturales adversos. El Plan presentado por el gobierno, más allá de sus limitaciones económicas y conceptuales, se constituye en un paso importante hacia esa dirección.
El punto cardinal de la problemática de la sequía en Bolivia es que ya no se lo puede reducir a un fenómeno natural adverso e imprevisto. La sequía a nivel nacional no es un hecho aislado y repentino, sino una nueva condición con un desarrollo temporal prolongado. El mismo Plan reconoce esta situación cuando señala que la sequía se constituye como el evento extremo de mayor recurrencia en el país. Los mismos datos del Senamhi y del Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencian como durante las últimas décadas el nivel de recurrencia de los eventos de sequías fue en aumento.
De igual manera, un estudio reciente elaborado por UNICEF evidencia una alta vulnerabilidad histórica del país frente a las sequías, donde hasta un 13% de la superficie del país y 5% de la población estarían altamente amenazadas por sequías. Según este estudio, las sequías ocupan el tercer lugar en la cantidad total de eventos adversos registrados entre 2002 y 2017; pero es el primero en acumulación de familias afectadas y damnificadas, representado el 28% del total durante ese periodo. Asimismo, la sequía fue la principal causa de pérdida de cabezas de ganado y la tercera causa de pérdida de hectáreas cultivadas durante ese mismo periodo.
Es por ello que las constantes sequías que arremeten al país ya no pueden ser conceptualizadas simplemente como un fenómeno adverso que puede ser abordado como una emergencia. La nueva realidad del país nos condiciona a escenarios de sequía más recurrentes y persistentes y, por lo mismo, necesariamente llama a tener un enfoque más holístico al respecto.
En este sentido, no se trata sólo de perforar pozos, construir atajados o dotar tanques y llenados con cisternas como plantea el actual Plan de Respuesta Inmediata del gobierno. Por el contrario, se trata de construir políticas públicas integrales y de largo aliento direccionadas a lograr una mayor resiliencia de nuestros sistemas productivos, económicos y sociales.Pero también se trata de generar un nuevo paradigma en torno al agua y los ecosistemas que lo crean. Donde el valor no monetario del agua, de los ríos y de los bosques estén por encima de indicadores de crecimiento económico y la ganancia.
Esto implica necesariamente desligarnos y cambiar los modelos productivos y de desarrollo dominantes. Existe una correlación directa entre la sequía, la deforestación y los incendios. Es imposible contrarrestar la sequía si no se abordan y reducen los niveles de deforestación e incendios que año tras año arremeten al país y por el cual Bolivia logra cada vez un reconocimiento internacional.
Mientras el sistema económico, social y político nacional esté empecinado a seguir fomentando un modelo de desarrollo basado en la expansión agroindustrial y pecuaria, la deforestación, las quemas y el extractivismo en general, el país seguirá afrontando sequías cada vez más severas. Por ello, la idea de afrontar la situación actual de la sequía con un plan de emergencia es equiparable a querer curar una enfermedad crónica recetando apenas un analgésico.