Luego de que algunos sectores presentaron acciones legales contra los decretos 4640 y 4641, que disponen la presentación del carnet de vacunación o prueba PCR, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo este martes que estas normas son constitucionales y que no podrían ser expulsadas del ordenamiento jurídico, aunque aclaró que el Gobierno tiene la predisposición de dialogar al respecto con las organizaciones sociales.

“Lo que me refiero es que estas normas son constitucionales, por lo tanto ninguna acción podría declararlas expulsadas del ordenamiento jurídico”, dijo Lima en entrevista con ERBOL.

Recalcó que en estos decretos no existe ninguna disposición que pueda ser considerada inconstitucional o ilegal.

El Ministro argumentó que los decretos se amparan en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado, el cual señala que el Estado “protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”.

Enfatizó en el término “bienestar colectivo” y mencionó que “es parte del núcleo duro de nuestra Constitución” y que se está cumpliendo con los decretos.

Otro argumento planteado por Lima es que los decretos cumplen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por ley en Bolivia, particularmente en su artículo 12, con el cual los Estados se comprometen a la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas.

El Ministro dijo que, en cambio, las acciones legales que se han presentado tienen en común que aluden a normas que no son vinculantes para el Estado boliviano, como la Declaración Universal sobre Bioética, el Código de Núremberg y la Declaración de Helsinki.

“Son normas que se van produciendo a nivel internacional a título de recomendación, pero no tienen fuerza normativa, no tienen fuerza legal en el país”, recalcó.

Lima insistió también que la vacunación no es obligatoria en el país, puesto que existe la alternativa de presentar el certificado o la prueba PCR negativa cuando la persona deba acudir a recintos de gran aglomeración.

Consultado sobre los costos que puede implicar la prueba PCR, el Ministro justificó la decisión de que los funcionarios públicos deban pagarse este test en caso de no querer vacunarse. En otros ámbitos, indicó que la decisión sobre las pruebas PCR corresponde a los subsistemas de salud y gobernaciones.

Respecto a los pedidos de sectores contra los decretos, Lima señaló que se tiene un proceso de diálogo liderado por el Ministro de Salud. “Este es un gobierno de los movimientos sociales, que escucha la población y permanentemente está en dialogo con todos los sectores que pueden sentirse afectados”, afirmó.

El Ministro aclaró también que situaciones particulares, que clasificó como de casuística, se podría regular, ajustar o modificar, en reunión del consejo estratégico previsto por ley. En esa categoría entrarían situaciones como la atención de médica de emergencia que tendría que recibir una persona que pudiese haber sufrido un accidente y no tenga su certificado de vacunación.