El candidato a diputado de Comunidad Ciudadana por la C-7 de La Paz, Miguel Roca, dijo que la nueva Asamblea Legislativa de octubre, debe reabrir el caso Lava-Jato incluyendo al presidente Evo Morales y al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, por haber facilitado la llegada de la OAS brasileña en reemplazo de la Queiroz Galvao (QG) en el proyecto de la carretera Potosí-Tarija.

Anunció que si es elegido impulsará dicha investigación tras la revelación del exejecutivo de OAS, Léo Pinheiro, quien en una declaración judicial en Brasil, dijo que vino a Bolivia por gestiones del expresidente Luis Inácio Lula da Silva ante Evo Morales,  para asumir a pérdida la conclusión de la carretera Potosí-Tarija a cambio de más contratos.

Sostuvo que la gestión de Evo Morales fue penetrada por Queiroz Galvao, OAS, Camargo Correa y Odebrecht, investigadas por conformar una red internacional de corrupción que involucró a Lula da Silva hasta llevarlo a la cárcel y provocar la detención de exmandatarios en otros países.

Roca -un ingeniero civil conocedor del rubro-  recordó al presidente institucionalizado del Servicio Nacional de Caminos (SNC) José María Bakovic (2001-2006), cuando en vida denunció que a OAS le prometieron más de mil millones de dólares en contratos financiados por Brasil.

Coincidente con el anuncio, OAS construyó el tramo Potosí-Uyuni por 108 millones de dólares; Potosí-Tarija que adjudicado inicialmente a QG por 180 millones pero que terminó en manos de OAS por 226 millones de dólares, y la frustrada carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por 415 millones de dólares de los que 332 millones proveían del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.

Dijo que en la campaña electoral de 2005, Evo Morales atacó duramente la presencia de empresas brasileñas, en particular de Queiroz Galvao, pero cuando llegó a Palacio de Gobierno, tuvo 15 meses de “amor pleno” y lejos de coincidir con sus críticas, le cambió en dos oportunidades las órdenes de construcción para evitar sanciones.

“Estuvieron de ñañas” y curiosamente – explicó - en cuestión de meses, la ABC resuelve el contrato e inicia varios juicios penales de los cuales resultaron detenidos algunos ejecutivos de QG, la maquinaria pesada fue embargada y la obra quedó inconclusa. Posteriormente Evo Morales promulga el decreto 29275 disponiendo la creación de una comisión interinstitucional y una nueva licitación para Potosí-Tarija.

Según el candidato, días previos a la llegada de Lula da Silva en octubre de 2007, la QG mandó cartas al ministro Quintana solicitando sus buenos oficios  y al poco tiempo la ABC y la empresa brasileña firmaron un acuerdo para dejar sin efecto la resolución del contrato. Tras la visita de Lula, Morales cambió su decreto y promulgó el 29515,  homologando el acuerdo para que esa empresa continúe.

Señala que la cuantificación del beneficio económico para QG como resultado del acuerdo Evo-Lula es lo indicado por Pinheiro y consiste en la devolución de las boletas de garantía ejecutadas por 13 millones de dólares, pago de planillas atrasadas por 23 millones, pago a contratistas por 7.8 millones, un laudo arbitral a favor de QG por 17 millones de dólares sobre otra carretera.

Adicionalmente levantaron el embargo de la maquinaria pesada, retiraron los juicios penales y facilitaron para que la OAS se subrogue el arreglo de las figuras de 90 kilómetros de la carretera Potosí-Tarija, en un contrato por invitación directa bajo la modalidad de llave en mano financiado por Brasil.

Roca sostuvo que ese hecho ocurrió en abril de 2009, cuando el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Luis Sánchez, aceptó la decisión de la QG de abandonar la obra y dejar en manos de la OAS.

Dijo que es por todos conocidos que los ejecutivos de OAS llegaron a Bolivia en el mismo avión de Lula da Silva, es decir, la relación siempre fue conocida, pero ahora se ha evidenciado jurídicamente y “por eso Lula está preso”, manifestó.

Precisó que por publicaciones de prensa, el Fiscal General de Brasil dijo que en todo el caso Lava Jato, se ha identificado un gran número de tipificaciones penales, algunas incurrieron en parte, pero Queiroz Galvao – habría dicho la autoridad brasileña - cometió todos los delitos, incluyendo el financiamiento ilegal de campañas y tráfico de influencias en el exterior.