RETIERA QUE NO EXISTE CABLEADO
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Régimen Penitenciario sospecha que eso de la cámara oculta busca mover a Camacho a otra cárcel

Director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. Foto/captura

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, sospecha que la denuncia de los abogados de Luis Fernando Camacho sobre la existencia de una cámara oculta en el área de contención médica en la cárcel de Chonchocoro, busca trasladarlo a otra cárcel aprovechando la visita de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dijo que según reporte oficial del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) no existen ningún tipo de conexión denunciado por los abogados. La autoridad resaltó como algo llamativo el hecho que Camacho, teniendo la cámara en su poder, no haya querido entregar bajo acta al director del centro penitenciario.

Sostuvo que recién al día siguiente en medio de la visita de la Defensoría del Pueblo y peritos del IITCUP, uno de los abogados sacó de manera irregular la cámara y tampoco lo entregaron, pero lograron mostrar a los medios de comunicación sin hacer referencia a los destrozos del área médica de contención donde aparentemente estuvo instalado la cámara oculta.

“Nosotros creemos que la cámara entró de manera irregular y salió de la misma forma; más bien que los buenos policías en Chonchocoro no requisaron a los abogados ni le quitaron la cámara y por informe del ITTCUP y otro informe técnico, nos dicen que no han encontrado conexiones ni una cámara”, declaró al canal estatal.

Explicó que actualmente, Camacho se encuentra en un espacio donde al inicio recibió suero para tratamiento médico periódico.

Dijo que esto demuestra que Régimen Penitenciario ha realizado varios esfuerzos para garantizar juntas médicas oportunas que dieron certidumbre de lo que padecía, así como permitir visitas con pernocte y acompañamiento las 24 horas.

En ese contexto, prevé que la medida cautelar que pidió la defensa de Camacho ante la CIDH, terminará dando razón al gobierno por el tratamiento que se está brindando al detenido preventivo porque incluso se flexibilizó la requisa a las visitas del gobernador