El Ministerio de Justicia solicitó al Ministerio Público que se amplíe la investigación del caso respiradores al abogado Walter Zuleta Buitrago, a quien se considera uno de los involucrados en el sobreprecio de las 170 máquinas de procedencia española.

También, la entidad gubernamental requirió a Derechos Reales la anotación preventiva de todos los bienes registrados a favor Walter Zuleta y Luis Fernando Humérez, además, del congelamiento de sus cuentas.

En la solicitud al Ministerio Público, se indica que de acuerdo con la declaración informativa del empresario y gestor de la compra, Luis Fernando Humérez, el precio de 26.000 dólares por cada respirador español fue acordado en una llamada entre el proveedor-intermediario de IGM Consulting, el español lñaqui García y Walter Zuleta, refugiado en Perú.

Según esa versión, el proveedor cotizó precio de 20.000 dólares por cada aparato, pero a propuesta de lñaqui García y Zuleta se habría añadido 6.000 dólares al costo final, para que cada uno salga beneficiado con 2.000 dólares por cada equipo.

“En el presente caso se puede identificar a Walter Humberto Antonio Zuleta Buitrago como uno de los intermediarios que hizo subir el precio de los 170 respiradores para así obtener un beneficio económico producto del sobreprecio de dichos aparatos destinados a combatir el virus COVID-19 en el territorio nacional”, se lee en parte del documento presentado por el Viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

En el petitorio presentado al Ministerio Público, se pidió investigar a Zuleta por el delito de Enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado comprendido en el art. 28 de la Ley 004”.

Zuleta es conocido en Bolivia porque fue dirigente de Bolívar, pero también fue abogado de Gabriela Zapata. Humérez, por su lado, fue dirigente de Wilstermann y ahora fue enviado a la cárcel con detención preventiva por el caso respiradores.