El ministro de Justicia, Iván Lima, salió a desmentir las afirmaciones del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien en pasadas horas afirmó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) reconoció que en Bolivia hay persecución judicial por motivaciones políticas.  

La autoridad ofreció este sábado una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz donde aseguró que en Bolivia no hay presos políticos y que la CIDH no se ha referido en su informe a ningún caso en particular, menos al caso de Camacho, actualmente preso en la cárcel de Chonchocoro.

Horas después de difundirse, Camacho escribió en sus redes sociales que “el informe de la CIDH es lapidario contra la justicia manejada por el gobierno de Luis Arce.  Reconoce la existencia de perseguidos y presos políticos en Bolivia y recomienda un mecanismo internacional independiente para que pueda garantizar que el gobierno del MAS no continúe manipulando los fallos judiciales, persiguiendo y deteniendo opositores por motivos políticos”.

El ministro citó el numeral 18 de la página 13 del Informe, señalando que la Comisión aclaró que el propósito de este informe no es determinar responsabilidades individuales o estatales en casos específicos de posibles violaciones de derechos humanos, ni esclarecer hechos que están siendo investigados a nivel nacional o que están bajo la consideración de instancias internacionales. “Aquellas personas o grupos que creen haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos tienen a su disposición el mecanismo contencioso del sistema interamericano, cuyo proceso está sujeto al cumplimiento de requisitos específicos”, agrega ese numeral.

Lima aclaró que los cuatro casos que se investigan contra Camacho no son objeto del informe, por lo que descartó la existencia de presos políticos en Bolivia.

También hizo referencia al punto 585 del informe, donde la Comisión observa que algunas personas que se consideran presas por motivos políticos están siendo procesadas por delitos graves, incluido el genocidio, estén presentando sus reclamaciones.  Esto abarca a individuos acusados de posibles responsabilidades en las masacres ocurridas durante 2019, dice el informe.

Resaltó el criterio de la CIDH en sentido que “las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos son inalienables. Es inaceptable recurrir a amnistías, prescripciones o exenciones de responsabilidad para evitar la investigación y sanción de los responsables de tales violaciones, ya que esto va en contra de los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Con esta afirmación, según Lima, la CIDH están mandando al gobierno a llevar adelante las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos que implica a los exministros de Gobierno y Defensa del gobierno de Jeanine Añez, por lo que exhortó a los políticos a decir la verdad sobre este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Igualmente resaltó los avances en la reforma a la justicia con una serie de medidas como el fin de jueces interinos y el funcionamiento de la mejor escuela de capacitación de los jueces.