La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) emitió un pronunciamiento, mediante el cual sugiere reformar el Decreto de Indulto y Amnistía del presidente Luis Arce, puesto que “permite la impunidad por delitos graves y abusos”, cometidos presuntamente por partidarios del MAS y, además, discrimina con motivos de opinión política.

Dicho Decreto, aprobado también por la Asamblea con mayoría masista, otorga amnistía a quienes fueron perseguido del “Gobierno de facto” o fueron procesados en relación a los conflictos sociales entre octubre de 2019 a octubre de 2020. La norma fue rechazada por la oposición puesto que beneficiaría a responsables de hechos como el bloqueo que afectó el suministro de oxígeno el año pasado.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que existen pruebas contundentes de que el Gobierno de Añez persiguió a partidarios del Movimiento al Socialismo, pero criticó que “otorgar una amnistía genérica a los partidarios del MAS sin criterios claros sobre a quién se aplica menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley”. 

“Como resultado de este decreto, podrían concederse amnistías en casos de quema intencional de edificios, secuestro, homicidio y otros delitos muy graves presuntamente cometidos por partidarios del MAS”, alerta el pronunciamiento.

La organización observó también que la ambigüedad del lenguaje del decreto permite una interpretación excesivamente amplia de los casos en que se puede aplicar la amnistía o el indulto, lo cual es problemático porque la interpretación legal del decreto queda en manos de instituciones del Poder Ejecutivo que carecen de la independencia necesaria, sin que haya un control judicial significativo.

“El decreto puede transformarse en un sistema de justicia selectiva, que permita al gobierno conceder una amnistía a simpatizantes que han cometido delitos graves o abusos y, simultáneamente, juzgar a opositores por delitos similares”, señaló Vivanco.     

Human Rights indicó que el decreto también parece tener la intencionalidad de favorecer a simpatizantes de MAS, con lo cual se otorgarían amnistías o indultos que discriminen en base a la opinión política, lo cual viola los principios de no discriminación e igualdad ante la ley. 

Sugirió que, en lugar de una amnistía, sean  los fiscales y los jueces que revisen todos los casos y retirar o desestimar los cargos que no se sustenten en evidencias sólidas o que sean desproporcionados.

Recomienda reformar 

Human Rights Watch recomendó al Gobierno de Arce que debe reformar de inmediato el decreto para cerciorarse de que los responsables de delitos graves, sean o no simpatizantes del MAS, respondan por esos hechos.

Llamó también que legisladores, la Defensoría del Pueblo o las autoridades de las entidades territoriales autónomas, que se encuentran legitimadas procesalmente para actuar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, deberían interponer un recurso de inconstitucionalidad para que la corte revise la constitucionalidad del decreto.

Así también propuso que la Asamblea Plurinacional debe reformar las leyes imprecisas que se utilizaron para perseguir a partidarios del MAS durante el gobierno de Añez, en particular, acotando la definición excesivamente amplia de terrorismo para cumplir con lo establecido en los estándares internacionales.