El Gobierno, a la cabeza del presidente Luis Arce, presentó este lunes un nuevo anteproyecto de ley cuyo objetivo es generar un “sistema de gestión de riesgos” para la prevención de hechos de corrupción.

Con esta norma se pretende establecer un sistema interoperable de información, para tomar medidas de prevención y de transparencia contra la corrupción. Se plantean nuevas medidas para regular las declaraciones juradas de funcionarios y movimientos bancarios de empresas adjudicatarias de contratos públicos.

“Donde apuntamos con esta ley está en dirigir la artillería hacia la prevención, vale decir que no solamente hay que castigar cuando se descubre algo, que eso está en manos muchas veces de la justicia y que normalmente algunos de estos casos no llegan a feliz término para la sociedad”, dijo el presidente Arce.

Explicó que esta norma regulará no sólo a las unidades del gobierno nacional, sino también gobiernos municipales, gobiernos autónomos departamentales cuando firman un contrato con una empresa privada.

Señaló que, con esta ley, de manera voluntaria las empresas privadas que se adjudican obras públicas deberán abrir una cuenta donde se va a depositar el 100% de los recursos que el Estado le entregue, con la finalidad de determinar los gastos que realiza.

Arce aclaró que las empresas pueden no optar por esta modalidad y preservar su secreto bancario, pero esto se hará conocer de manera pública. 

Entre las iniciativas de este sistema, está la verificación de declaración jurada de bienes y rentas, seguimiento y control de todos los procesos de contratación seguimiento y control de la designación y contratación de personal, explicó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Lima detalló que el proyecto consta de ocho artículos, cuatro disposiciones adicionales y una disposición transitoria.

Respecto a las declaraciones juradas de bienes y rentas, la propuesta establece sanciones administrativas sin necesidad de engorrosos procesos internos y de manera inmediata contra aquellos funcionarios que incumplan estas disposiciones, indicó.

En otro acápite, la propuesta plantea la prohibición temporal para el ejercicio de la función pública con una medida preventiva personal en el sistema penal como alternativa la detención, además propone agravar la pena de privación de libertad por el delito de falsedad de declaración jurada de bienes y rentas, con el propósito de reducir la cantidad de servidores públicos que incurran en este delito.