El Gobierno, mediante la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció públicamente este miércoles que existieron irregularidades en la gestión de medios estatales durante el periodo transitorio, como contrataciones de personal realizadas de manera discrecional, afectación a al alcance de los medios estatales y desmantelamiento de radios de pueblos originarios (RPO’S).

El periodo que se analizó comprende desde noviembre de 2019 y octubre de 2020.

Señaló primero que el cierre violento de las instalaciones de Bolivia TV del 9 al 13 de noviembre 2019, etapa en que se registraron protestas y el cambio de gobierno, generó pérdidas económicas concernientes a gastos operativos, pero también incumplimiento de contratos comerciales. El daño económico por esa suspensión fue estimado en más de 2,5 millones de bolivianos.

En cuanto a la gestión del canal estatal, la viceministra Alcón indicó que en 2019 Bolivia TV tenía 276 repetidoras, pero 135 quedaron sin funcionamiento en 2020 “ya sea por negligencia, por falta de mantenimiento” y cuya reparación costará unos 2 millones de bolivianos.

Respecto a la radio Patria Nueva, mencionó que en 2019 llegaba al 80% del país en cobertura, pero en 2020 el alcance se redujo a un 15% de cobertura, por causas como falta de mantenimiento, generando un daño económico de 962.500 bolivianos.

En cuanto a las RPO, la Viceministra señaló que en 2019 se tenía 89 radios, de las cuales 71 “han sido acalladas” para 2020, con un daño económico mayor a los dos millones de bolivianos. Como ejemplos mencionó que se registraron ataques a la radio Kawsachun Coca y radio Jallalla Coca.

En el manejo de personal, Alcón se refirió a algunos ejemplos que considera de contratación irregular, puesto que no habrían cumplido reglas que se deben cumplir para funcionarios públicos.

La autoridad mencionó al periodista Humberto Vacaflor, que fue contratado para Bolivia TV y el periódico Bolivia, el periodista Pablo Llanos en el canal estatal, el politólogo Diego Ayo en Bolivia TV, de quien aseveró que su contrato fue resuelto por inasistencia, y Edwar Ayma Romay que era jefe regional de BTV y que no habría cumplido normas como la presentación de libreta militar.

Según los datos presentados, el daño económico por el manejo discrecional de personal sería de un millón de dólares.

La Viceministra denunció también que en las instalaciones de BTV en Cochabamba se encontraron escudos de la Resistencia Juvenil Cochala.

En total, según los datos de la Viceministra, se detectó un daño económico de 8.965.988 bolivianos.

Anunció que se presentarán las acciones legales correspondientes por tipos penales como conducta antieconómica, atentados contra la seguridad de servicios públicos, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia.