UNITAS

Entre enero y septiembre del presente año hubo un total de 170 vulneraciones a la institucionalidad democrática, de las que 54 registros están enmarcados en la corrupción de autoridades públicas, de acuerdo con información del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

“La institucionalidad democrática es un presupuesto indispensable para el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales, que implica la separación, independencia y equilibrio de poderes, así como el ejercicio efectivo de derechos políticos, a través de elecciones libres y justas, y el respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad. La institucionalidad también implica el cumplimiento de las normas que las regulan”, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Según los datos del Observatorio de Defensores, las 170 vulneraciones a la institucionalidad democrática se desglosan en ocho categorías bajo la siguiente relación: 54 casos tienen que ver con corrupción de autoridades públicas, 39 con procesos adecuados en la elección de autoridades, 36 con procedimientos basados en la norma, 32 con actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos, tres con duración de funcionarios en sus cargos, tres con independencia institucional, dos con duración de autoridades en sus cargos y una con independencia personal.

Entre los casos de corrupción de autoridades públicas destacan los 19 casos de fiscales que fueron destituidos por las denuncias de supuesta corrupción en su contra, según información brindada por el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa (08/09/2022). A éstos se suman las destituciones de jueces por la liberación de feminicidas y otros delincuentes, tal es el caso del juez Rafael Alcón por la liberación del feminicida Richard Choque (02/02/2022) o del juez Abraham Aguirre (17/02/2022) o de la jueza Vidalia Morales de Chuquisaca (19/02/2022).

A estos casos se suman otros, como ser el vinculado al director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Alejandro Soljanic, quien fue enviado a la cárcel con detención preventiva por la supuesta compra irregular de un carro bombero valuado en Bs. 1.7 millones (25/09/2022). Otro hecho fue la detención domiciliaria del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando, Hansy Gonzales Aguirre, por uso indebido de bienes del Estado al organizar una fiesta con bebidas alcohólicas dentro de esta institución (04/08/2022). También está registrado el caso de la detención del gerente general de la Administradora Boliviana de Carreteras de Chuquisaca, Hernán Palacios, por supuestamente haber recibido una coima para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez (23/09/2022).

Sobre la categoría de “procedimientos basados en la norma”, hay varios casos en torno a los conflictos de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, por ejemplo, cuando policías detuvieron violentamente a dirigentes cocaleros que se trasladaron hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo para dejar una carta al nuevo defensor, Pedro Callisaya (29/09/2022), o cuando efectivos antimotines rociaron gas directamente al rostro de una mujer embarazada (23/08/2022) que protestaba en contra de los conflictos de los cocaleros en Villa Fátima; o cuando una mujer fue arrestada por no portar su carnet de identidad en los controles policiales que se realizaban en esta zona (12/08/2022).

Otro caso que resalta es el de Elvira Parra, exejecutiva del Fondo Indígena, quien fue condenada a cinco años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes, pese a que se encontraba siete años con detención preventiva y enfrenta aproximadamente 180 procesos en su contra (07/07/2022).

En cuanto a la categoría de “procesos adecuados en la elección de autoridades”, resalta el anuncio del ministro de Justicia, Iván Lima, de “institucionalizar” a casi 500 jueces en el país, con el fin de que ya no estén ocupados por operadores transitorios. Sin embargo, esto generó disconformidad por parte de un grupo de Juristas Independientes y de la propia Asociación de Magistrados de Bolivia, los primeros adujeron la falta de una reforma estructural a la justicia y los segundos aspectos relativos a la inamovilidad de jueces por enfermedad directa o discapacidad, entre otras observaciones (26/08/2022).

Sobre los “actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos”, el caso de mayor relieve es el conocido a través del informe de la CIDH sobre el caso del hotel Las Américas de Santa Cruz, acaecido el 16 de abril de 2009, cuando se produjo, según esta institución, “ejecuciones extrajudiciales y torturas” del Gobierno en contra del grupo encabezado por Eduardo Rózsa (25/09/2022). Otro caso es la vulneración a la presunción de inocencia a través de la presentación de supuestos delincuentes ante los medios de comunicación por parte de autoridades. Uno de estos casos se dio el 10 de agosto pasado, cuando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó a un grupo de 24 cocaleros acusados de agredir a policías, ser infiltrados y conformar un grupo que sembraba el terror a través de la portación de armas.

En lo referido a la categoría de “duración de funcionarios en sus cargos”, un caso se dio en Cochabamba. Representantes de la dirección del MAS exigieron la destitución de funcionarios públicos a los que calificaron como “pititas” (14/03/2022), haciendo alusión a quienes salieron a protestar en 2019.

Con relación a los registros respecto a “independencia institucional”, un caso hace referencia al ministro de Justicia, Iván Lima, quien mencionó que se “corregirá” la sentencia a un mes de presidio en contra del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por un caso de expropiación de un inmueble hace 25 años, para la construcción de la avenida Circunvalación en esa ciudad. Señaló que era inadmisible una sentencia tan corta (24/07/2022).

Sobre los casos de “duración de autoridades en sus cargos”, llama la atención el caso referido a la sustitución de la subgobernadora de la provincia Franz Tamayo de La Paz, Genoveva Espinoza, luego de que ésta denunciara en varias oportunidades la explotación ilegal de oro en la reserva del parque Madidi (30/06/2022).

En cuanto al único hecho relacionado con la categoría “independencia personal”, en febrero, el Juzgado Octavo de Sentencia en lo Penal, Franklin Siñani, determinó que la expresidenta Jeanine Añez sea trasladada a un centro hospitalario. No obstante, luego de que el Gobierno movilizará a funcionarios y simpatizantes del MAS para impedir la salida de Añez, el juez reculó y dispuso que la exjefa de Estado sea atendida en el mismo penal, así sea “en contra de su voluntad” (19/02/2022).

El Observatorio de Defensores de UNITAS visibiliza la dinámica de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de las personas y organizaciones defensoras de derechos, para denunciar y prevenir restricciones a los derechos civiles y políticos. Realiza diariamente un monitoreo y lleva adelante entrevistas sobre hechos que vulneran las libertades fundamentales y los derechos de grupos específicos que puede ver en la siguiente dirección: https://redunitas.org/observatorio/