La Defensoría del Pueblo exigió a los diferentes órganos del Estado que materialicen soluciones respecto a las elecciones judiciales, toda vez que se está lesionando el derecho de elegir que tiene la ciudadanía, además que de que se viene una inminente vacancia de altas autoridades en magistraturas.

“La Defensoría del Pueblo exige al Estado a través de sus Órganos, en su condición de garantes del efectivo ejercicio de los derechos de las y los bolivianos, a que en el marco de los principios de coordinación y cooperación (art. 12 CPE) propongan y materialicen una solución a la elección de autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional; misma que no solo vaya a garantizar los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva ante una inminente vacancia de altas autoridades judiciales, sino el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades mediante un proceso transparente, participativo, integro e inmediato”, dice un pronunciamiento leído por el Defensor, Pedro Callisaya.

El Defensor explicó que con el pronunciamiento se propone salir de la coyuntura de incertidumbre, para darle a la población la certeza necesaria en el ejercicio de sus derechos.

La entidad defensorial consideró que existe una incertidumbre, después de que en abril a Justicia dejó sin efecto el Reglamento y convocatoria para la preselección de candidatas y candidatos para Elecciones Judiciales 2023 aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Señaló que hasta ahora ni siquiera se inició en su etapa de preselección, debido a la sucesiva interposición de diferentes acciones como un amparo constitucional, un recurso de inconstitucionalidad y ahora una consulta previa de constitucionalidad carente de pronunciamiento.

Esto provoca, según la Defensoría, “la ausencia de magistrados electos y, por tanto, la vacancia de estos altos cargos desde los primeros días de enero de 2024 en que los actuales magistrados concluyen su mandato de seis años”.

Asimismo, enfatizó que esta situación genera  una lesión al derecho de la ciudadanía de elegir a sus autoridades y a mediano plazo, provocará una grave vulneración del derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

En este escenario, la Defensoría pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional resolver de manera inmediata la acción de amparo constitucional que suspendió el proceso de elecciones judiciales, así como absolver de manera inmediata la consulta sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 144 “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”.