El oficialismo defendió el proyecto de ley del “Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025” y aseguró que no afectará a ningún sector cuando entre en vigencia. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Alcaldía de La Paz emitieron sus observaciones y demandaron que antes de su promulgación deba ser consensuada.

La norma fue sancionada la madrugada de este 2 de noviembre y remitida al Ejecutivo para su promulgación. El documento establece que es de obligatoria “ejecución y aplicación” por parte de los cuatro poderes del Estado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó que el oficialismo se encuentra predispuesto a escuchar propuestas concretas en caso de que hubiera algunas observaciones en el reglamento, sin embargo, descartó que se pueda retroceder en su vigencia.

“(El Gobierno) siempre estará abierto las puertas para continuar, porque acá lo que no podemos es retroceder en el proyecto de ley que tiene mucha relación con la reactivación económica con temas de salud y con temas de educación”, afirmó.

La UMSA emitió en pasadas horas un comunicado donde se insta al Gobierno que los pueda hacer partícipes de la socialización del documento que para evitar cualquier tipo de susceptibilidad que vulnere la autonomía universitaria.    

“Instamos al Gobierno nacional hacer partícipe a la diversidad y pluralidad de los actores de la sociedad civil boliviana en la construcción, socialización, retroalimentación e implementación del plan, siendo este un requisito fundamental para dar legitimidad a tan importante instrumento de desarrollo”, se lee en parte del documento.

En el documento, firmado por el rector Óscar Heredia, se añadió que estarán “atentos” a cualquier amenaza que intente “violar el Estado de derecho y las libertades individuales y colectivas”.

Pero el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores,  negó que se busque atentar contra la autonomía municipal departamental e incluso la universitaria y aseguró que la norma se encuentra enmarcada según la Constitución Política del Estado.

“La Constitución, en sus diferentes artículos, garantiza la planificación nacional y responsabiliza al Gobierno nacional; la planificación departamental, a los gobiernos departamentales y la planificación municipal, a los gobiernos municipales”, sostuvo.

La Alcaldía de La Paz emitió un comunicado donde se expresó su rechazó la norma y exigió al presidente Luis Arce no promulgarla y abrir un espacio de diálogo para alcanzar consenso con todos los sectores afectados.

“La ley impone a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), es decir gobernaciones y municipalidades, a basarse en un plan nacional de desarrollo que es ajeno a la visión y realidad de los diferentes departamentos y municipios del país, y específicamente a la que tiene el GAMLP, que goza de autonomía según la CPE”, se lee parte del documento.

El senador del MAS, Luis Adolfo Flores, aseguró que en la norma se encuentran diferenciadas las tareas o competencias y negó que el Estado vaya a tomar las competencias de la Alcaldía o Gobernación.

Desde que comenzó su tratamiento, la oposición tuvo sus observaciones por la falta de socialización, presunta vulneración de la autonomía, y ser una norma “centralista”.

La norma, en su artículo 4, establece que es de “ejecución y aplicación obligatoria” por parte de los órganos Ejecutivo; Legislativo; Electoral y Judicial, incluido el Tribunal Constitucional; instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y el Estado; entidades territoriales autónomas; y universidades públicas.