El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advierte que el uso desmesurado de la detención preventiva atenta contra la dignidad del ser humano porque provoca debilidad en la atención de salud y otros servicios para los privados de libertad que puede generar malos tratos en los centros penitenciarios del país.

Con esa posición, el Defensor criticó el hacinamiento y la sobrepoblación que se constituyen en otro factor para la calidad de servicios en los centros penitenciarios donde se registran casos de tratos degradantes.

Esos criterios fueron expuestos durante la presentación de los avances del proyecto “Con Buena Razón”, que fue encarado por la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) y Progettomondo Bolivia, con la cooperación de la Unión Europea.

Las tres entidades decidieron contribuir a la prevención y lucha contra las formas más degradantes y otros malos tratos hacia la población privada de libertad, con especial énfasis en las mujeres y adolescentes.

Callisaya recuerda que la Defensoría del Pueblo realizó 270 visitas a centros de penitenciarios durante 2022, mientras que en 2023 efectuó otras 260 visitas, ya como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

A partir de estas acciones in situ se alertó que el común denominador en las cárceles de Bolivia es “el uso desmesurado de la detención preventiva como un mecanismo que ya no es procesal, sino un mecanismo punitivo previo, que está atentando contra la dignidad del ser humano”.