UNITAS

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) se sumó a la condena internacional de decenas de plataformas y redes de ONG internacionales por la sentencia a 13 años de privación de libertad del defensor de derechos humanos nicaragüense Irving Larios, “detenido  y condenado arbitrariamente por sus opiniones y posiciones críticas” al régimen de Daniel Ortega.

Hace unos días, el disidente sandinista de 63 años fue hallado culpable por el delito de propagación de noticias falsas a través de las redes sociales. Fue detenido en septiembre del año pasado por promover la iniciativa "paro electoral" en contra de las elecciones del 7 de noviembre, que estuvieron salpicadas por la inhabilitación de los opositores a Ortega y los arrestos y juicios políticos contra decenas de personas críticas al régimen.

Las pruebas para la sentencia en contra de Larios, según El Confidencial de Nicaragua, fueron “las publicaciones en redes sociales referidas a la pandemia del Covid-19 y la coyuntura sociopolítica del país, que había compartido en su cuenta personal de Facebook”. Larios dirigía el no gubernamental Instituto de Investigaciones y Gestión Social.

“Me están condenando por trabajar por la justicia social y por un mundo mejor, donde se pueda vivir de una manera digna. Nicaragua necesita democracia. Soy un defensor de los derechos humanos, es el sentido de mi vida”, declaró Larios en su audiencia de juicio, según el medio citado.

Frente a esta sentencia, la MESA DE ARTICULACIÓN, una organización de América Latina y el Caribe y de la que UNITAS es miembro emitió el siguiente comunicado:

La MESA DE ARTICULACIÓN, organización de ALC, que agrupa a 16 Plataformas Nacionales de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo y a 4 Redes Regionales de América Latina, y el Caribe, se manifiesta públicamente ante la privación de libertad y condena de Irving Larios Sánchez, director del Instituto de Investigación y Gestión Social (INGES) miembro de esta Mesa de Articulación

En las últimas décadas los gobiernos de Centro América se han caracterizado por prácticas antidemocráticas, persecución, manipulación política de marcos jurídicos y de justicia selectiva, el cierre de espacios cívicos que impiden el diálogo, la libertad de expresión, el disenso, las demandas que no estén de acorde a quienes detentan el poder y alzan su voz en búsqueda de mejores condiciones sociales, económicas, bajo la garantía de verdaderos Estados de Derecho.

En el caso de Nicaragua el régimen Ortega – Murillo ha desatado una feroz  persecución  y cacería contra opositores, periodistas, ONG, espacios y plataformas de Sociedad Civil como INGES, que han llevado a llenar las cárceles de prisioneros políticos  a través de la instrumentalización de la Asamblea Nacional Constituyente, aprobando leyes que criminalizan la crítica, del control del aparato de justicia, eficiente  a la hora de levantar casos para condenar a luchadores sociales como Irving Larios Sánchez,  detenido  y condenado arbitrariamente por sus opiniones y posiciones críticas desde una perspectiva de derechos humanos,  ante modelos inequitativos y opresores.