Los cívicos de los nueve departamentos del país anunciaron sumarse al paro indefinido convocado por los gremiales en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

El pronunciamiento fue fijado en un documento donde expresaron su “apoyo y respaldo total” a las decisiones que vayan a asumir otros sectores ante el intento de aprobar “leyes malditas e inconstitucionales”.

“Brindar nuestro apoyo y respaldo total a las decisiones adoptadas por todos los sectores que se sienten amenazados por el intento de aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para todos los bolivianos, sumándonos al Paro General, con un paro cívico nacional indefinido que se acatará desde el 8 de noviembre de 2021”, se lee en parte del documento.       

En el documento expresaron el apoyo a la ciudadanía que se expresa pacíficamente, hasta lograr la "abrogación total" de la Ley 1386 además de sus anexos, junto a otros documentos.

Demandaron además el restablecimiento “inmediato” del sistema de votación de 2/3 en la modificación al Reglamento de Debates de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con ello “garantizar una verdadera democracia”.

Los gremiales, junto a otros sectores, tomaron la decisión de continuar con las medidas de presión pese a que se haya oficializado el retirado del Legislativo el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

El Gobierno aseguró que la Ley 1386 no establece ningún tipo de sanción contra los gremiales, transportistas u otro sector y aseguró que es solo de coordinación interinstitucional entre entidades que dependen del Estado y el Poder Judicial.