El abogado defensor Marcelo Valdez alertó este sábado que el periodista denunciado por su propia jefa, la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) Brenda Lafuente, recibió amenazas de muerte cuando ingrese a la cárcel para que no hable y diga cómo se panfleteaba desde esa institución.

Indicó que Lafuente pidió “maliciosamente” a su operador de redes hacer un meme con el que ahora busca encarcelarlo por el supuesto delito de acoso político.  Se trata de Luis Muñoz, quien luego de difundirse el meme fue denunciado de ser autor del aquel meme donde se menciona que, gracias a una supuesta relación sentimental, Lafuente habría llegado al cargo que ocupa.

“Esta situación es mucho más grave de lo que se piensa, puesto que con la amenaza que le han hecho al periodista, él tiene miedo hablar y cuente qué memes le ha pedido hacer esta directora. Él tiene mucha información y lamentablemente está sufriendo el total acoso de la justicia boliviana y del poder. Él sabe muchos datos importantes cómo se maneja esta institución y a quiénes se hacen los panfletos”, manifestó.

Explicó que, tras descubrirse un meme, maliciosamente un capitán encabezó una acción directa quitándole el celular para fines, supuestamente, fines investigativos.

“A él lo contrataron para manejo de redes, ese es su delito, hacer su trabajo como periodista”, declaró al tiempo de anunciar presentaría una Acción de Libertad Correctiva tomando en cuenta que está en riesgo la vida del periodista.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) emitió un pronunciamiento en el entendido que este caso se trata de un tema vinculado a la Ley de Imprenta y lamenta que la autoridad judicial ignore su vigencia y el precepto constitucional de libertad de expresión y se incline por calificar el hecho con supuesto hecho de violencia contra la mujer.

Recuerda que la Constitución Política del Estado garantiza con meridiana claridad la libertad de expresión, de opinión y de información a todos los bolivianos y bolivianas y específicamente, a los trabajadores y trabajadoras de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

La entidad exhortó al juez a enmendar su error y “corrija la marcha del proceso y sus actuados”, lo que significaría poner en libertad al funcionario que trabajaba en la AJAM.