Vía: Agencia de Noticias Ambientales (ANA)

Si bien es necesaria la declaratoria de emergencia nacional por los incendios provocados, hay que ir más allá: identificar bien, revelar públicamente a los causantes y sancionarlos de acuerdo a ley, así, cuando intenten volver a quemar sabrán que no quedarán impunes.

Redacción: Vladimir Ledezma Maldonado

La Paz, septiembre de 2022.- Se nos está malacostumbrando a que cada año, por estas fechas, se produzcan incendios provocados en sectores forestales, especialmente de áreas protegidas: esqueletos incinerados de árboles, animales silvestres chamuscados, muchos que pierden la vida, así como también bomberos voluntarios y otros con el añadido de que nunca hay recursos suficientes para combatir el fuego.

Este septiembre de 2022, tres asambleístas nacionales, en una conferencia de prensa, se pronunciaron exigiendo al gobierno central que en el marco de la Ley N° 602 de Gestión Integral de Riesgos se haga la declaratoria de estado de emergencia en toda el área afectada para que se brinden recursos necesarios, movilización de grupos especializados de bomberos, equipamiento adecuado para guardaparques y de otros especialistas.

“Es por esa razón que nosotros exigimos que en el marco de la ley 602 de Gestión Integral de Riesgos se declare en emergencia nacional toda el área afectada en el territorio nacional, asimismo exigimos que la gobernación se declare en desastre y en emergencia nacional para poder destinar recursos necesarios a todos los municipios afectados”. (María José Salazar, diputada por Santa Cruz).

Es claro que paralelamente se deberá verificar que en caso de que se asignen recursos para combatir las quemas, estos sean efectivamente destinados por los municipios a sofocar los incendios, realizar investigaciones sobre los causantes y paliar los efectos en los ecosistemas, en la biodiversidad y en las personas.

Identificar y sancionar a quienes provocan los incendios

Y es que es demasiado evidente que dichos incendios son provocados intencionalmente, inclusive muchos de ellos son autorizados, se trata de ecocidios que promueven la deforestación en nombre del desarrollo, en unos casos para ampliar la frontera agrícola a productos transgénicos destinados no a satisfacer las necesidades nutricionales de la población, sino a las exigencias del mercado.

“Tenemos una situación de gran contradicción del estado boliviano que por un lado promueve eso y además de manera abusiva a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) con dotación de tierras, a menudo de manera mafiosa, la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) contradiciéndose diciendo que no hay quemas aceptadas y luego, sin embargo, dando otro tipo de autorizaciones en cada municipio, tenemos eso más unas mafias que están entregando tierras en nuestro país y todo eso está relacionado con los incendios, todo un efecto de esos problemas de fondo”, observó Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la cámara de Senadores.

Es en ese sentido que se hace sumamente necesario identificar claramente a los causantes de los incendios provocados, investigar sus nexos, publicarlos y sancionarlos drásticamente de acuerdo a las leyes nacionales vigentes, ello en cada quema y para evitar que nuevamente se pretenda efectuar quemas sabiendo que quienes lo hagan ya no quedarán impunes como hasta hoy.

En el caso de Beni la situación es grave, tenemos un área inmovilizada que es el Iténez, un área muy biodiversa que se encuentra en llamas hace días, si no fuera la lluvia que ha caído, y que ya no hay nada, pero de que se ha controlado el incendio como ha salido las publicaciones por parte del gobierno y algunas instancias gubernamentales, no es cierto (…)Todo demuestra que no hay ninguna atención ni de Defensa Civil ni de las instancias que deben controlar este tipo de fenómenos que lógicamente son provocados por personas que tienen intereses en este tema de tierras, refrendó Wálter Justiniano, senador por Beni.

Finalmente rescatamos la propuesta de Cecilia Requena, presidenta de la comisión de Medio Ambiente, quien consideró que además, lo que debe hacerse al respecto es proteger y regenerar nuestros bosques, como en Costa Rica, “decir que un millón de hectáreas de incendios es un problema menor es inaceptable”. (VLM)