AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

En el marco del IV Encuentro Nacional de la coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap Bolivia) realizado en Roboré, Santa Cruz, entre el 1 y 3 de septiembre, esta organización resolvió exigir la abrogación de la Ley de Minería y Metalurgia 535 y  rechazar el nombramiento de Johnson Jiménez como nuevo director del Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas).

En el documento correspondiente, además de análisis y consideraciones relativos a la situación económica del país, del sector hidrocarburífero, de las áreas protegidas y territorios indígenas respecto al agronegocio de monocultivos transgénicos y a la minería, se visibiliza a la situación de quienes defienden el medioambiente y el territorio.

Bajo ese contexto resuelve rechazar y exigir la abrogación de la ley de Minería y Metalurgia 535, “porque solo privilegia derechos de sectores privados corporativizados extranjeros que saquean el oro bajo la fachada cooperativizada, y no así los intereses del país”, a tiempo de denunciar que la denominada minería responsable (verde, sostenible) solo persigue encubrir y liberar de responsabilidades a quienes ocasionan la destrucción de los ecosistemas y otras actividades ilegales.

Rechazo al ministro de Medio Ambiente y Agua

De la misma manera resuelve que la consulta previa (Ley N° 29785 del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios) debe proporcionar información fidedigna y ser verdaderamente libre de acuerdo a la Constitución Política y a convenios internacionales, rechazando cualquier intento de impulsar una ley de Consulta que de acuerdo a las consideraciones de la Contiocap, “solo favorecerá intereses empresariales y políticos”.

Otra de las resoluciones establece el rechazo contundente a la designación de Rubén Méndez como nuevo ministro de Medio Ambiente y Aguas, producida en mayo de la presente gestión, porque en vez de defender la vida, estaría defendiendo intereses de otra naturaleza, evidenciando capacidad insuficiente para esa alta responsabilidad.

De la misma manera se rechaza el nombramiento de Johnson Jiménez como nuevo director ejecutivo del Sernap, argumentando que cuenta con antecedentes de haber firmado convenios y apoyo a normas que han puesto en peligro territorios indígenas y áreas protegidas (AP), “su designación responde a intereses políticos, apoyado por organizaciones que también ponen en riesgo las áreas protegidas”.

Detener el agronecocio

También se resuelve que la declaración sobre defensores de derechos y del medio ambiente, así como de pueblos indígenas, debe ser elevada a rango de ley, en cuanto a que no se viene cumpliendo el acuerdo de Escazú, que establece libre acceso por parte de toda la ciudadanía a la información ambiental y para que quienes abogan por sus derechos como los pueblos indígenas no terminen criminalizados ni procesados.

En ese sentido la Contiocap establece entre sus resoluciones que el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) debe dejar de dotar territorios indígenas en perjuicio de quienes ya vivieron ancestralmente en el sector y ser esos sitios declarados como áreas protegidas municipales, tanto en tierras altas como en tierras bajas.

Completando las resoluciones de ese congreso indígena, se denuncia el rechazo de la Acción Popular para la titulación del territorio de indígenas Tsimanes del sector de Yucumo (ANA, 2 de septiembre de 2023), que se detenga el agronegocio, que la Asamblea Legislativa cree una ley de protección de recursos hídricos, que las carreteras e hidrovías no afecten áreas protegidas, consolidación de los territorios indígenas y que el gobierno redireccione cualquier política que afecte a la Madre Tierra. (VLM)