AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

La situación de las y los defensores de la naturaleza y sus territorios se ha agravado en los últimos años, sobre todo, de aquellos que viven dentro o en el entorno del Parque Nacional y Área Natural Madidi en el departamento de La Paz. La Amazonía es una de las zonas que sufre mayor presión del extractivismo en busca de oro e hidrocarburos.

“Este metal nos va ir matando lentamente a cada uno, si no le ponemos un alto. Ya no tenemos paz”, denuncia Amada Macuapa, una joven representante de la Organización de Mujeres Indígenas de San José de Uchupiamonas y defensora de su territorio, al referirse al mercurio que lleva en su organismo, debido a la minería aurífera que se realiza en la cabecera del río Tuichi.

Desde el corazón mismo del Madidi, Amada surge de la rebeldía de las nuevas generaciones que comprende que el planeta está llegando a un punto sin retorno en términos ambientales y de crisis climática. Comparte los resultados del estudio que le hizo la UMSA para determinar el nivel de mercurio en su organismo.

San José de Uchupiamonas ­—una de las tantas comunidades impactadas por la minería— sin estar involucrada de manera directa en la actividad extractiva, Amada y a otras mujeres, niños y adultos que quedaron con secuelas del mercurio, sin que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), ni los propios pueblos indígenas pudieran frenar la contaminación aurífera que tocó el corazón del Madidi.

“Me sacaron una muestra de cabello que está con el resultado de 3,2 en el cuerpo; eso quiere decir que el nivel de mercurio nos va afectar lentamente (…). Cuando como mujeres pensemos en tener nuestros hijos, esto nos va a generar problemas, esas son las consecuencias del mercurio y el dolor que nos están causando estos infractores que están explotando oro en el río Tuichi”, se lamenta desde una de las áreas más biodiversas del mundo.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha establecido como máximo permitido en el organismo humano, una parte por millón (ppm) de mercurio, siendo los niveles encontrados en hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas de la Amazonía muy superiores a esos límites permitidos.

“Lamentablemente estamos sufriendo el impacto ambiental, sobre todo de la minería. La minería nos está afectando el pescado con el cual estamos siendo alimentados, al igual que los ríos”, explica Amada, mientras su madre contiene sus lágrimas.

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) ya alertó el 2021 con estudios realizados por el Instituto de Toxicología de la Universidad de Cartagena, Colombia, que el promedio de contaminación en organismos de 700 indígenas y campesinos de comunidades ribereñas de los ríos Beni, Madre de Dios y Mamoré oscilaba en promedio entre dos y ocho pmm e incluso halló a una joven mujer cocinera de una balsa aurífera con más de 100ppm de contaminación.

Se contemplaron a comunidades como Puerto Pérez, Las Mercedes, Toromona, El Tigre, Loreto, Genechiquia, Palestina, Trinidacito, Miraflores y Cachuela Esperanza del Río Madre de Dios; Barranco Colorado y Palma Sola en el Río Mamoré; Asunción, San Miguel, San José de Uchupiamonas, Eyiyoquibo (Ese ejjas) y la población rural de Rurrenabaque.

En su informe el toxicólogo Jesús Olivero describe como “notables” la pérdida de memoria, temblor en las manos y problemas sensoriales para un buen número de personas, sobre todo en aquellas con elevada contaminación por mercurio.

“Pérdida territorial y desplazamiento”

Al igual que Amada, quien a pesar de contexto adverso, estudia en la universidad de lunes a viernes y retorna los fines de semana a su casa, Ruth Alípaz, líder indígena uchupiamona, es reconocida por su defensa férrea en favor de los territorios indígenas y de las áreas protegidas, tiene una lectura muy amplia de la realidad y los derechos que están siendo vulnerados, no solo de ella como defensora ambiental, sino también de las comunidades que sufren el asedio y la penetración del extractivismo.

“El primer derecho que ven vulnerados los pueblos indígenas es el de la pérdida territorial y el desplazamiento que se ocasiona con la pérdida de medios de vida como el río, de sustento, de fuentes de trabajo. Todo lo que contamina el mercurio afecta al derecho a la salud, a gozar de un medioambiente sano, a vivir en armonía en comunidad, es decir, a tener agua a disposición”, menciona.

Co-fundadora de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Alípaz Cuqui ha levantado su voz de denuncia en contra del Estado boliviano en foros internacionales. Ella, identifica la vulneración a la soberanía alimentaria, por contaminación de las riberas de los ríos, donde además las comunidades siembran sus cultivos.

“Si los suelos están contaminados, estamos consumiendo frijoles, arroz, plátano, yuca contaminados y las plantas medicinales que utilizamos seguramente que también están contaminadas”, advierte.

Dice, que si bien la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) detuvo los permisos para seguir otorgando permisos para realizar la actividad minera en áreas protegidas, no es por iniciativa de ésta institución, sino por la exigencia de la sociedad civil.

“Es muy paradójico que los cooperativistas auríferos exijan seguridad jurídica (…). Nosotros como Contiocap hemos emitido un pronunciamiento sobre estas demandas que están haciendo las cooperativas que sitian y bloquean a la ciudad de La Paz cada que deciden llevar sus movilizaciones a la sede de gobierno (…). ¿Más seguridad jurídica, para qué?”, cuestiona la defensora.

Menciona que la Ley minera 535 de 2014 (Gobierno de Evo Morales), no solo otorga un sinfín de privilegios para el sector cooperativista aurífero, al que se le ha quitado la obligación de consultar a los pueblos indígenas para extraer oro, sino que también les reconoce “derechos preconstituidos” incluso, dentro de áreas protegidas.

“Los pueblos indígenas somos los únicos que no tenemos seguridad jurídica en nuestros propios territorios que ya han sido titulados, pero que han sido avasallados por la minería, por el agronegocio, por operaciones petroleras, etcétera, etcétera”, denuncia.

En este contexto afirma que tampoco se respetan las áreas protegidas que están constituidas por ley (desde la década de los 90´), pero aun así quieren los mineros explotar en su interior de manera irrestricta.

“No deberían hablar de minería responsable si quieren apropiarse de todas las áreas protegidas, tierras fiscales y áreas forestales. Minería responsable no solo implica eliminar el uso del mercurio, sino, que no hagan minería en áreas protegidas”, sostiene.

Cuando el sector cooperativista aurífero moviliza a más de 80mil mineros que dinamitan a su paso las principales calles de La Paz y denuncian un supuesto “avasallamiento” de sus áreas mineras por parte de comunarios, lo que hacen –advierte Alípaz– es criminalizar la defensa de los territorios indígenas y áreas protegidas.

“Ellos (mineros) tienen un poder económico, se catalogan como el primer sector exportador de Bolivia, como la primera economía, pero son quienes vulneran las normas, la Constitución Política del Estado, los convenios internacionales, las leyes que protegen nuestra defensa, incluso quieren la condonación de sus aportes al seguro social”, afirma.

Convencida de que grandes capitales de empresas extrajeras utilizan a comunidades locales y/o grupos de cooperativas pequeñas para no pagar impuestos, explotar oro a gran escala como si se tratase de una minería sin fines de lucro, sino de bien social, Alípaz Cuqui ve protección estatal detrás de estos intereses.

El año 2018, la investigación periodística “Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía con la fachada de cooperativas” develó la explotación aurífera por enormes dragas chinas y planchones colombianos en el norte de La Paz, así como las sociedades ilegales entre cooperativas auríferas locales y los capitales extranjeros. Al respecto, la lideresa cuestiona: “¿Quiénes están detrás de todo este poder económico?, ¿quién les otorga permiso?, ¿cómo llegan a nuestros territorios?”.

El Acuerdo de Escazú, jurídicamente vinculante, obliga a los Estados a dar a conocer sin restricciones, toda la información que poseen acerca del medioambiente y los recursos naturales del país, además de contener disposiciones específicas sobre las personas y colectividades defensoras de los derechos y el ambiente.

Sin embargo, ni la AJAM, ni el Ministerio de Minería y menos de Medioambiente y Agua ha mostrado transparencia al respecto, no ha realizado consultas de buena fe a las comunidades afectadas, y menos, ha proporcionado información oportuna sobre las operaciones mineras.

Criminalización: guardaparques procesados por defender las AP

Un claro ejemplo de la criminalización de la defensa del medioambiente es la que le tocó  al galardonado guardaparque boliviano Marcos Uzquiano, quien ha sido incómodo al Gobierno, al denunciar avasallamientos mineros en el Madidi, una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo. Hizo carrera en Sernap; desde el voluntario, hasta convertirse en jefe de protección y posteriormente director de la reserva natural.

“Los mineros han cooptado no solo el Sernap, sino también otras instituciones como el Ministerio de Minería que ha caído en manos de afines del partido de gobierno y sectores afines, que quieren tener el sartén bajo el mango, es decir, las áreas protegidas abiertas a su disposición para pedir nuevas áreas mineras en el Madidi y en otras áreas donde se cree que hay oro”, asegura.

Este tipo de denuncias derivaron en su traslado a la Estación Biológica del Beni, en respuesta a las presiones de los cooperativistas que incluso exigían su destitución del cargo.

“He tenido que abordar el tema de manera muy personal porque el escenario al que me han expuesto ha sido crítico, al cambiarme del Madidi a la Estación Biológica del Beni —ha sido un golpe muy duro — no porque no haya querido, sino por la manera a la que han cedido a las presiones de un sector cuyos intereses son contrarios a las funciones del Sernap”, señala Uzquiano, actual jefe de protección.

Los efectos del cambio de trabajo según señala el destacado guardaparque y defensor de áreas protegidas, han sido críticos porque ha significado exponerlo de manera personal a la persecución laboral al interior de la institución.

“Desde la jefatura de Recursos Humanos me iniciaron procesos administrativos sancionatorios totalmente infundados, pero que lo han llevado hasta el final. De nada ha servido impugnar, apelar porque simplemente eran juez y parte y resolvían el tema en todas las instancias y haber querido apelar con amparo constitucional ha sido un saludo a la bandera porque me está enfrentando al propio Estado”, subraya.

Galardonado por los Premios Internacionales de Guardaparques 2022 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Uzquiano ha sido crítico, incluso al manejo administrativo del Sernap por las precarias condiciones en las que trabajan los guardaparques del sistema nacional.

Como consecuencia de sus denuncias –señala- se le hizo un descuento abusivo del 20% de su salario y hubo un acoso permanente en su contra para que renuncie al cargo, al punto que cuando iba al Sernap los propios funcionarios ni le saludaban, sólo se limitaban a las señas “porque saludar a Marcos Uzquiano era un pecado”.

“Desde afuera he recibido amenazas de los mineros, actualmente he sido procesado por un supuesto caso de calumnia y difamación por un minero, donde tristemente el Sernap se desvincula, estoy asumiendo mi defensa a través de abogados voluntarios”, cuestiona el guardaparque que inspiró el documental “Gente Tigre” de National Geographic.

Similar suerte corrió el guardaparque del Madidi, Raúl Santa Cruz, quien es procesado por oponerse al ingreso de mineros ilegales al área protegida y pararse frente a la maquinaria pesada destinada a la extracción del oro.

El avasallador y minero agresor, identificado como Ramiro Cuevas Echave, secretario del Consejo de Vigilancia en la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fecoman LP), en represalia sentó una denuncia penal en contra de Santa Cruz, por supuestas “calumnias e injurias”, caso que fue aceptado por un juez de Caranavi. 

Santa Cruz, quien ahora debe contar con la autorización del director del Madidi para responder a entrevistas de los medios de comunicación, en su momento denunció a través de sus redes que “en las comunidades hay trancas, es difícil entrar, incluso dentro del parque, no nos dejan cumplir con nuestras funciones. El problema es que los dirigentes de las comunidades coordinan con los representantes de la minería, diciendo que perjudicamos el desarrollo”.

Arcopongo, en la provincia de Inquisivi del departamento de La Paz, es una zona sin presencia del Estado, bajo el control de mineros ilegales y grupos armados irregulares que tomaron hace casi diez años, 50 cuadrículas (1.250 hectáreas) de reservas fiscales sin autorización alguna.

Y aunque el guardián del Madidi reconoce que la gente siempre se dedicó a la extracción del oro en la zona, aclara que se trataba de una minería artesanal. Sin embargo, de un tiempo a esta parte la explotación aurífera se realiza de manera mecanizada y con uso de mercurio, sobre todo en la cabecera del río Tuichi.

Santa Cruz ha identificado a ciudadanos chinos, quienes trabajan como inversionistas en la comunidad Virgen del Rosario, donde Cuevas es dirigente aurífero.

“Los chinos son los dueños de las maquinarias, hay un pacto con los dirigentes de las comunidades, les dan dividendos del oro, y cuando los interpelamos responden que están trabajando con gente del Gobierno, y que por eso no nos tienen miedo. No somos obstáculo para ellos”, asegura.

La Declaración sobre el Derecho a Defender de Naciones Unidas 1998 en su artículo primero referido al derecho a defender los DDHH señala que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los DDHH y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Para ambos guardaparques han solicitado tres años de cárcel, aun así, siguen cumpliendo su trabajo en medio del asedio de los mineros auríferos y el abandono del Estado.

En septiembre la Central de los Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) ganó una acción popular ante el Juzgado de Rurrenabaque, Beni, que ordenó suspender las actividades de minería ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, además de los afluentes de Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.

A pesar del fallo las operaciones auríferas continúan en los ríos amazónicos. El reportaje periodístico “Sociedades encubiertas: dragas chinas y 63 actores mineros devoran 43 mil has en la Amazonía” de septiembre de este año, da cuenta de la expansión de la frontera aurífera en el río Kaka.

Poco antes, la Defensoría del Pueblo logró que el juez de Instrucción Primero de la localidad de Palos Blancos determinara que el río Beni tiene derechos y, por tanto, falló contra las cooperativas mineras que intentan desarrollar actividad minera en la ribera del afluente. El municipio de Palos Blancos se declaró por ley municipal libre de minería y logró frenar el avance minero en su territorio.

Esse ejjas, doblemente impactado

A tan solo 72 kilómetros del Madidi se encuentra la comunidad Eyiyoquibo del pueblo Ese Ejjas en el municipio de San Buenaventura, que comparte el rio Beni con el turístico municipio de Rurrenabaque, Beni.

Cuando se habla de la vulneración de derechos de los pueblos indígenas; el que sufrió mayor impacto por mercurio es precisamente el pueblo Ese Ejjas, donde se encontraron niveles superiores a 10 ppm en la humanidad de mujeres y hombres. La comunidad Eyiyoquibo cuenta con 400 habitantes, de los cuales 139 son estudiantes.

El pueblo en contacto inicial Ese Ejjas quedó sin territorio, cuando fue ignorado por el propio Estado durante el periodo de titulación de tierras comunitarias durante el Gobierno de Evo Morales, y de ser nómada pasó a vivir hacinado a orillas del río Beni en San Buenaventura sobre 10 hectáreas donadas por la iglesia evangélica, según la investigación de Esteban Sanjinés de la Fundación Tierra.

En ese contexto surgieron líderes indígenas a quienes no se les había dado voz en ámbitos públicos, ni en medios de comunicación. Hasta la comunidad de Eyiyoquibo se llegó para conversar con sus representantes. Óscar Urise, excapitán grande del pueblo Ese Ejjas relata cómo este pueblo vivió trasladándose río arriba, río abajo de acuerdo a sus propias necesidades.

“Venimos sintiendo las enfermedades, en nuestros niños ya se ve, nosotros sacamos nuestro pescado en la noche y es el alimento diario, comemos pescado del río Beni, pero en nuestra comunidad nuestros hijos no desarrollan. Sabemos que en las cabeceras están empresas mineras, no sabemos si son legales o ilegales”, menciona.

Los derechos de los pueblos indígenas a la salud son fundamentales y están protegidos tanto en instrumentos jurídicos nacionales como internacionales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas promueve el derecho a la salud, entendida no solo como el bienestar de cada persona, sino también como el bienestar social, emocional, espiritual y cultural de toda la comunidad.

El líder indígena afirma que desde hace tres a cuatro años la pesca ha bajado. “Íbamos y volvíamos con 200 kilos, ahora vamos una semana para traer 20 kilos, gastamos 200 a 300 bolivianos en combustible, es muy triste que algunos hermanos van y vuelven sin nada. A veces sacan apenas para el consumo del día, la alimentación de nuestros niños es el pescado”, explica.

Urise sabe que la minería está detrás de la reducción de los peces en el río, como también en su contaminación. “¿Cuándo nos sacarán a patadas de nuestra comunidad para trabajar la minería?. Esperemos que el Gobierno vele realmente por la gente que no recibe”, cuestiona.

El pueblo Ese Ejjas ha sido doblemente discriminado; en las poblaciones aledañas periurbanas se los llama “chamas”, y según el líder, la palabra hace alusión a alguien “que no existe, persona que no hay”. Se los tilda de flojos.

A pesar de la amplia jurisprudencia normativa a favor de los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad, estos no se sienten protegidos por el Estado. La Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad de 2013 recién contó con su decreto reglamentario en septiembre de 2022.

En la misma comunidad de Eyiyoquibo, Lucio Games, capitán grande del pueblo Ese Ejjas, ve como “muy extraños” los incendios forestales registrados entre octubre y noviembre, que incluso afectaron viviendas en las comunidades del municipio de San Buenaventura en el norte de La Paz. Señala que como consecuencia de las altas temperaturas y el aire contaminado se tuvo a niños enfermos con diarrea, vómitos, tos, e incluso murió un recién nacido.

Las mujeres son madres desde muy temprana edad; Luz (nombre ficticio) de tan solo 16 años ya es madre de tres niños, de cuatro y dos años y el menor de tan solo meses, dice que dejó el colegio por atender a sus hijos, es tímida y se limita a sonreír ante las preguntas. Su marido, de 19, apoyado en el árbol, ve sin interés pasar el tiempo, no sabe a qué dedicarse, dice que entra al río en busca de pescados, pero que cada vez hay menos.

El Relator Especial para Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, Marcos Orellana alertó entonces, que la contaminación por mercurio se constituye en un “crimen ambiental” por el cual se está condenando a las actuales y a las futuras generaciones a no gozar de un medioambiente sano.

Debido a las graves consecuencias del mercurio en la salud y el medioambiente se diseñó el Convenio de Minamata, tratado internacional ratificado por el Estado boliviano el 2015, para reducir el uso de esta sustancia tóxica en la extracción del oro, hasta eliminarla.

A pesar de estar ampliamente demostrada la gravedad del uso del mercurio, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez tuvo una desaprensiva declaración; afirmó en presencia de los organismos de cooperación internacional, que de niño jugaba con mercurio en Potosí y puso en duda los estudios realizados por la UMSA –difundidos este año- que revelan el envenenamiento de comunidades indígenas.

Desde el Gobierno se llevó banners con fotos de peces y la escala de contaminación de mercurio que llevan en sus cuerpos, para que los comunarios dejen de comer los más contaminados, siendo que el pescado es el principal alimento en la dieta de los Ese Ejjas. También arrancó en la elaboración del Plan de Acción en contra del mercurio, sin participación de las afectados.

El actual vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Lino Illimuri reconoce que los indígenas Ese Ejjas siempre estuvieron a las orillas de los ríos.

“El pueblo Tacana estaba concentrado en la titulación de su tierra, el Pilón Lajas en la defensa de su territorio y San José (…). Ni nosotros estábamos unidos como indígenas, siempre estábamos celosos de nuestro territorio, de nuestra cultura, no había nacido la CPILAP, así que toda la demanda de titulación territorial la han hecho los pueblos y nos hemos olvidado de los hermanos Ese Ejjas”, señala.

“Hemos logrado 900 hectáreas de tierras para nuestros hermanos Ese Ejjas, que colindan con la Tierra Comunitaria de Origen Tacanas; ahí hemos tenido un problema lo dieron por dotación y solo 27 hermanos han sido censados. No todos tenían sus documentos de identidad y eso ha dificultado para que entren a ese proceso de dotación de tierras”, explica.

Sin embargo reconoce que la minería ha provocado divisionismo en las comunidades y familias por intereses. “La minería viene con todo, llega con todo a las comunidades y la comunidad empieza a dividirse”, señala.

“Están quemando nuestros territorios porque quieren nuestros recursos”

A 10 kilómetros de San Buenaventura, Darío Mamío, cacique de la comunidad de Bella Vista, se detienen unos minutos para dar una entrevista, en medio de los trágicos incendios forestales que no dieron tregua al Norte de La Paz. No cree que los fuegos hayan sido efecto sólo de las temperaturas. Habla con soltura, convencido de la realidad que atraviesan los pueblos de la Amazonía.  

“Hemos visto cómo se nos quiere asfixiar porque se quiere sembrar coca, porque quieren nuestro oro, porque quieren nuestro petróleo (…). Realmente somos ricos en esos recursos no renovables y vemos que eso quieren, por parte del mismo Gobierno, por parte de las trasnacionales”, exclama.

Joven tacana, de voz ronca por el humo que afectó su garganta, asegura que los pueblos indígenas están siendo presionados desde diferentes frentes para que al final cedan a la destrucción de los bosques y al cambio del uso de suelo, para destinar sus territorios a la agricultura, al agronegocio, a la minería y a las plantaciones de las palmas aceiteras para el proyecto gubernamental de producción de biodiésel.

“Se necesitarán miles de hectáreas para plantar esas palmas aceiteras, ¿Y dónde están?, en nuestro territorio. Realmente hay una impotencia, porque el Estado dice: se respeta la autodeterminación de los pueblos, pero de una u otra manera intenta forzar para que digamos ahí está nuestro territorio, aquí está el Parque Madidi, ya está quemado, ya pueden entrar los mineros”, sostiene a 42 grados de temperatura y el aire contaminado de humo. 

Pero Mamío no es coyunturalista y mira el futuro inmediato, advierte que las comunidades afectadas por los incendios no tendrán alimentación para el consumo familiar.

“Hacemos agricultura agroecológica con los sistemas agroforestales, entonces sembramos hace tres años y se supone que este año debería dar frutos pero se quemó todo, ¿qué vamos a cosechar?, ¿qué vamos a comer mañana?, estamos casi dos meses ocupados apagando fuego aquí y allá y no hemos trabajado para nuestras familias porque también nos sustentamos de la venta de nuestros productos”, expresa.

Considera indignantes las declaraciones del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes quien minimizó los incendios forestales en San Buenaventura que quemaron viviendas y dijo que “se estaban controlando los fuegos”.

“¿Cómo no va ser de magnitud?, si se quemaron casas, tuvieron que evacuar niños, porque respirar era difícil. ¿Dónde están los helicópteros, realmente había mucha impotencia, poco a poco estamos actuando, pero no contamos con las herramientas adecuadas. Necesitamos mochilas especializadas, apenas con machetes estamos combatiendo”, manifiesta.

“Se advierte un posible etnocidio por envenenamiento”

El investigador y experto en Derechos Humanos del Cedib, Franco Albarracín ha lanzado una grave advertencia durante el 188 periodo de sesiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizado hace unas semanas en Washington, EEUU, donde varias organizaciones de la sociedad civil de los países de la región denunciaron casos concretos sobre los impactos del mercurio.

“La mayoría presentó impactos muy duros sobre la minería, pero la mayoría también denunció que sufre del tráfico del mercurio y señaló a Bolivia como el centro del tráfico de mercurio en la región”, menciona.

Albarracín destaca que fueron comunidades indígenas de Perú quienes denunciaron un posible etnocidio como consecuencia del envenenamiento por mercurio, posición que fue reforzada por el Cedib considerando esa sustancia sale de contrabando desde Bolivia.

“Si las comunidades indígenas de Perú sufren por impacto del mercurio, imagínense lo que están sufriendo nuestras comunidades, eso se resaltó ante el Relator Especial de Derechos Económicos, Culturales y Ambientales para hacer el monitoreo”, exclama.

Menciona que hace unos días el Cedib recogió información científica de comunidades del río Beni y Madre de Dios para ver los síntomas de las comunidades indígenas que presentaron niveles de mercurio.

“Tenemos información muy preocupante, porque la contaminación por mercurio está en la mayoría de las mujeres indígenas, y si esta información se confirma con los resultados de los estudios estaríamos hablando de un posible genocidio, hay que indagar un poco más en los estudios”, acota.

“Situación de defensores es muy compleja”

En cuanto a la situación de defensores y defensoras de DDHH y medioambiente, Albarracín dice que es muy compleja, justamente porque se carece de una normativa que pueda englobar mecanismos de protección de los defensores.

“Debemos acogernos a la normativa internacional; elúnico respaldo que tenemos para proteger a los defensores de DDHH es la Declaración de Naciones Unidas que no tiene un carácter vinculante y por el otro lado estándar interamericano que forma parte de la normativa boliviana”, indica.

En cambio, advierte que las cooperativas y las mineras utilizan la Ley de minería 535, decretos y resoluciones que son totalmente desfavorables para los defensores de DDHH, en un contexto de auge de la minería del oro.

“La situación ha empeorado, no solo para comunidades indígenas, sino también para defensores ambientales y sobre todo para defensoras ambientales porque si revisamos los datos sobre los ataques a territorios indígenas y áreas protegidas, la mayor parte de personas que resisten los embates y el hostigamiento son mujeres”, asegura.

Las defensoras no solo resisten al extractivismo, al amedrentamiento, sino también a ataques de carácter machista, amenazas, acoso sexual entre otros.

En análisis del experto, uno de los principales problemas tiene que ver con la falta de acceso a información en materia de minería y materia ambiental, ya que las instituciones a cargo rechazan los requerimientos de información y no están dispuestos a brindar este tipo de información con excusas ilegales.

“Ésa es la primera problemática, algunas organizaciones han conseguido información relevante, pero información actualizada no se tiene porque el Gobierno no quiere otorgar, porque no quiere que la población la conozca”, señala.

La falta de información es una de las principales falencias para poder encarar una defensa jurídica tanto a nivel nacional como internacional, advierte Albarracín.

Bolivia ha firmado y ratificado el Acuerdo Escazú que obliga al Estado otorgar información ambiental y otorga especial protección a defensores de DDHH y las poblaciones indígenas, por la imposibilidad de acceder a información y asumir defensa legal.

“Hay grandes intereses económicos detrás de la Amazonía”

Álex Villca, líder indígena uchupiamona, secretario de comunicación de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey y vocero de la Contiocap. Fue quien lideró la resistencia en contra de la megarepresa del Chepete – Bala y surgió como un visible crítico de las políticas gubernamentales que afectan a la Amazonía.

“La situación cada vez ha ido empeorando para el Norte de La Paz”, advierte desde la población beniana de Rurrenabaque, desde donde promueve la visita al Madidi a través de un emprendimiento de ecoturismo.

A Villca no le quedan dudas que tras los incendios forestales de gran magnitud que han devastado grandes extensiones de bosques primarios amazónicos hay grandes intereses económicos.

“Aquí hay responsables; nos llama la atención que las instituciones del Estado no dieran a conocer que la Amazonía iba a enfrentar las mayores sequías, las mayores temperaturas de los últimos años. ¿Por qué no se difundió ese tipo de información y se advirtió a todo el pueblo boliviano y especialmente a la Amazonía?”, cuestiona.

Asegura que los indígenas estarán vigilantes, como responsables y defensores de los derechos ambientales y territoriales que les asisten.

“Hay la intención de habilitar a esta zona para grandes intereses económicos, por un lado está la actividad minera representada por los cooperativistas auríferos, aliados a las comunidades interculturales, en algunos casos campesinos que han logrado ser la punta de lanza para penetrar estos espacios”, denuncia.

Pero también cita la mentada “Marcha al Norte”, que no es otra cosa que la intención de grandes empresarios de hacerse -con la venia del Gobierno- de territorios indígenas para la habilitación de monocultivos industriales.

“El 2010 empezó la fábrica de azúcar que empezó a deforestar al pueblo Tacana y esta fábrica fue la excusa para habilitar estas zonas, hoy en día, se habla de otros monocultivos, no solo la caña de azúcar, también el arroz, la soya, y lo más preocupante, habilitar el Norte de La Paz para la palma africana, este monocultivo perenne que destruirá todo el bosque primario”, alza la voz de alerta.

Niega que sean las comunidades indígenas las causantes de los incendios forestales que afectaron incluso a áreas protegidas, y apunta a los interculturales que se asentaron en varias regiones del país con el propósito de acaparar tierras. En el caso de Beni señala que son los ganaderos los causantes de los incendios como consecuencia de la quema de los pastizales.

“Vi el peligro cuando casi nos hundimos pasando un río del TIPNIS”

Álex Villca recuerda con especial atención su experiencia de 2017, cuando tras participar de un encuentro de corregidores en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en medio de fuertes presiones de del Gobierno, sobre todo militares, se originó un incidente en pleno río que puso en riesgo la vida de sus pasajeros, incluso la del extinto defensor del pueblo Rolando Villena y la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal.

“Cuando terminamos este evento no sé qué río era, creo que el Isiboro que alimenta el Mamoré, nos encontramos con otra embarcación que llevaba pasajeros, venía con Sammy Suárez. Nuestro deslizador produjo olas que hundieron la otra embarcación, habían activistas de DDHH y retornamos, algunos eran paceños, trabajaban en la APDHB y uno de los pasajeros se empezó a desesperar y empezaron a mover nuestro deslizador que empezó a hundirse. Vi la desesperación”, relata.

El líder indígena que tiene experiencia en turismo de aventura y la navegación de ríos, recuerda que llamó a la calma a los pasajeros indicándoles que estaban cerca de la orilla.

“Yo estaba más calmado, pero había mucho fango y vi el riesgo y el intento de salvar a los que se volcaron que podían aplastarnos al querer salvarse ellos, los veía muy desesperados pero logramos salir a la orilla. Fue una escena muy fuerte a la salida de la reunión de los corregidores”, recuerda.

Villca asegura que ponerse del lado de la defensa de los derechos territoriales y ambientales se ha dado manera espontánea y a medida que esto iba avanzando y profundizando, también su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza.

Hostigamiento, acoso laboral, espionaje, violación a la privacidad, desprestigio, difamación, estigmatización, chantajes, restricción a la libertad de expresión, negación de acceso a la información pública, hasta la criminalización de la protesta son los ataques más frecuentes en contra de las y los defensores de DDHH y ambientales de acuerdo al mapa de ataques elaborado por el Cedib.

El Cedib realizó un mapeo de las agresiones que sufren defensores de la naturaleza en el país. Registró 191 ataques a diferentes activistas entre enero de 2017 y abril de 2022, el 90 % de los agresores son parte del Estado central o tienen vínculos con el partido gobernante.

Ruth Alípaz: “En dos ocasiones sentí que mi seguridad estaba en riesgo”

Ruth Alípaz Cuqui, con la franqueza que la caracteriza afirma que en dos ocasiones se sintió en alto riesgo; la primera experiencia recuerda que fue el año 2019, tras participar de la marcha de la nación Qhara Qhara.

“Mientras estábamos en La Paz me persiguieron dos hombres, yo tenía una reunión a la que estaba yendo y me percaté cerca a la plaza Abaroa, y me senté en la plaza para ver si ellos pasaban, pero también se sentaron a una distancia desde donde podían verme, luego continué y ellos también continuaron detrás, en ese momento me hizo pensar seriamente que capaz había la intención de lastimarme”, relata.

La segunda vez, recuerda que fue en Chushuara, cuando como dirigencia de la Contiocap hizo las gestiones para que autoridades nacionales como diputados y la senadora Cecilia Requena (CC) vayan a verificar la situación de atropello a los pueblos indígenas por parte de la capitanía del puerto mayor de Rurrenabaque, así como el avasallamiento minero en abril 2021.

“Fueron momentos de violencia, primero a nuestra llegada empezaron a detonar dinamitas, que al principio no nos dimos cuenta que con eso nos estaban amenazando, luego cuando nos acercamos para encostar nos lanzaron piedras y la turba que venía con machetes en mano, y finalmente el intento de secuestrar el bote y por supuesto con nosotros dentro”, detalla la lideresa.

Recuerda que incluso uno de los hombres más agresivos de ese episodio le dijo a la Senadora, que nadie, ni siquiera el presidente podía ir ahí.

A pesar de esas dificultades, señala que continuará en la defensa de los DDHH y los territorios. “En mi caso desde mis abuelos y bisabuelos que me legaron la conciencia de que el respeto, la dignidad, la integridad, la honorabilidad de tu palabra y la voluntad lo son todo”, afirma.

Paola Guerra: “he sido procesada por el Alcalde, por exigir derechos”

Paola Guerra, exsubgobernadora, representante de la Plataforma de Defensa de las Áreas Protegidas de Abel Iturralde y presidenta del Comité Cívico Femenino ha sentidoel peso de su liderazgo. Lamenta que el alcalde de Ixiamas, Félix Laime, quien promueve la minería aurífera a gran escala de manera abierta le haya iniciado un juicio. 

“Es agotador, es desgastante y demanda mucho tiempo”, confiesa Guerra al referirse a sus múltiples roles que cumple como lideresa, defensora de la naturaleza y ser madre. “De paso estoy llevando  un proceso de parte del alcalde de Ixiamas (Félix Laime) por marchar, por exigir nuestros derechos y nuestros deberes constitucionales”.

El cuestionado munícipe incluso fue puesto al cepo, como castigo comunitario, por negarse a rendir su informe de gestión ante el pueblo Tacana.

“Gracias a Dios, la propia Defensoría del Pueblo se ha puesto de nuestro lado (…). En esta gestión municipal no puedes hacer absolutamente nada, porque te tildan y también a las personas que están a tu alrededor y si son funcionarios públicos los amenazan con despedirlos si te pasan información o si te hablan. Esto es patético, es lo más ignorante que he visto”, denuncia.

Lamenta que el Alcalde de Ixiamas pretenda coartar los derechos constitucionales de la población, y pretender evitar que se conozca que este municipio se encontraba en el puesto 62 en ejecución presupuestaria, hasta agosto de este año.

Jaime Cuellar: de la lucha contra la minería ilegal a la renuncia por amenazas

El que fuera coordinador de la lucha contra la minería ilegal en la AJAM, Jaime Cuellar, tuvo que renunciar a su cargo que fungió hasta el 4 de abril de este año, debido a las amenazas externas que recibió de parte,  presuntamente de quienes se sintieron afectados por los operativos realizados en el río Madre de Dios en el municipio de Riberalta.

Cuéllar junto a otros funcionarios de la AJAM fueron cercados y amenazados de muerte el 12 de diciembre de 2022 en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Riberalta, según las denuncias de los afectados, por familiares de 14 mineros ilegales que se encontraban aprehendidos, por motoqueros y socios de las balsas auríferas que operaban de manera ilegal en el río Madre de Dios

“El luchar contra la minería ilegal hoy por hoy, se ha convertido en una de las tareas más difíciles y más peligrosas en nuestro país, como consecuencia de que los grandes capitales, grandes poderes económicos tienen influencia sobre las instituciones encargadas de hacer la lucha en contra de este ilícito”, sostiene.

Abogado de profesión, Cuéllar señala que las instituciones del Estado dejan en la indefensión a los funcionarios públicos al momento en que deben afrontar procesos legales. “Te dejan en indefensión y permitiendo la vulneración de derechos de las personas que en teoría son las llamadas a defender los recursos naturales a través de las funciones que ejerce”, afirma.

Los testimonios de las y los defensores del medioambiente y la naturaleza dejan en evidencia la alta vulnerabilidad en la que se encuentran quienes se ponen del lado de la defensa de la vida y la Madre Tierra. Según el Análisis Global 2018 de Front Line Defenders, las y los defensores de DDHH que trabajan en temas de medioambiente tienen tres veces más probabilidades de sufrir ataques que otros defensores.

En 2021, el Madidi fue seleccionado para recibir financiamiento del Legacy Landscapes Fund (LLF), para proteger los lugares naturales excepcionales del mundo y dar una solución al déficit de recursos para la conservación de la biodiversidad en el hemisferio sur. 

El programa Paisaje Madidi que cuenta con fondos LLF de Alemania, garantiza la donación de un millón de dólares anuales durante 15 años. El apoyo fue solicitado por el Sernap, como autoridad responsable boliviana, y la organización no gubernamental WCS, como entidad ejecutora, la que en tal condición firmó el contrato de implementación. 

A pesar que el programa tiene entre sus objetivos conservar la biodiversidad y las funciones ambientales y mejorar los medios de vida locales a través de una gestión mejorada y resiliente, se ha denunciado al interior del Sernap, que debido a los hechos de corrupción cometidos por el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, el uso de los recursos donados se ha burocratizado aún más.

Este reportaje forma parte del proyecto “Visibilización de la situación de riesgo de defensores de Derechos Humanos en Bolivia” desarrollado por el CEDIB en alianza con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el apoyo de la Embajada de Alemania en Bolivia.

ANA