SANTA CRUZ
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Candidatos indígenas prometen impulsar la titulación de tierras y profundización de la autonomía

Postulantes que participaron del foro.

Fuente: APCOB

Cinco candidatos indígenas a diputados por la circunscripción especial de Santa Cruz presentaron sus propuestas. Lo hicieron como parte del ciclo Democracia plural y participación electoral informada, que busca informar a la población indígena y afroboliviana sobre el proceso electoral de manera íntegra para un ejercicio libre y consciente del voto.

Al encuentro fueron invitados Aida Micaela Gil, de la Organización Indígena Chiquitana (OICH); Lourdes Miranda, de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); Luis Alfonso Changaray, candidato suplente del MAS; Maribel Vaca, de Juntos; Rosmeri Gutiérrez, de Creemos, y Verena Uraza, de Comunidad Ciudadana. 

Ocho temas fueron resumidos en una ponencia de diez minutos por candidato: Consolidación del Estado Plurinacional; Autonomía indígena y libre determinación; Consulta previa, libre e informada; Territorio y gestión territorial; Justicia indígena; Salud y educación; Fondo indígena y, finalmente, Coordinación con sus representados: los pueblos indígenas y afrobolivianos de Santa Cruz. 

Verena Uraza Yapuquenda, del pueblo guarayo e integrante de las listas de Comunidad Ciudadana, durante su intervención propuso establecer procedimientos para que los jóvenes accedan más a becas: “Sabemos que se gobierna sin indígenas y sin la juventud”, dice. 

Insiste en desarrollar la agropecuaria mientras se cuida el Territorio Comunitario de Origen y se realiza un manejo del bosque. Puso como ejemplo la madera, que se comercializa dentro y fuera de Bolivia. 

La candidata considera grave la decisión de haber suspendido la gestión escolar, porque “hay radio y televisión en cada comunidad. Se tiene que continuar compartiendo saberes y conocimientos. No debió cortarse la educación. El Gobierno falló, nos abandonó a los pueblos indígenas”. 

Luis Alfonso Changaray (MAS) propone realizar convenios biministeriales entre el Viceministerio de Autonomías y el Ministerio de Educación para abrir nuevas carreras en la Universidad Indígena Boliviana, para que sea considerada universidad pública, sostenida desde el Estado central.

El candidato considera necesario rescatar el Fondo Indígena, con nuevas formas de control social. “Se pueden captar recursos no sólo de actividades petroleras sino de las que paguen impuestos y patentes al interior de nuestras TCO (tierras comunitarias de origen). Es una alternativa para buscar el desarrollo con proyectos”, asegura. 

Aida Micaela Gil Melgar, candidata de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), considera que se debe allanar el camino para que territorios como el monkox, que está caminando hace más de diez años para lograr su autonomía, la vean consolidada. En cuanto a la consulta previa, libre e informada, comenta que si bien se presentan proyectos de crecimiento, la lmayor parte afecta la biodiversidad, la naturaleza y el buen vivir. “Algunos incluso no fueron consultados”, asegura. 

Puso como ejemplo la TCO Pantanal, que tiene dos polígonos titulados y uno sin titular desde hace varios años, y tampoco se realizan las compensaciones en el territorio Monteverde y el de Guarayos, que demandaba 200.000 hectáreas. “Muchos quieren los territorios para vivir de la caza, la pesca y los frutos silvestres, no para desmontar”, explica. 

Iniciativas productivas como el champú, las cremas, los muebles de tacuara y la harina de yuca e incluso la industrialización de la madera de las TCO, deben ser acompañadas por el Estado. “Se están llevando nuestra madera. Tenemos que ser pequeños industrializadores de los productos de nuestro territorio”, protesta. 

“Por primera vez está inscrita la Asamblea del Pueblo Guaraní en la Corte”, afirmó Lourdes Miranda, representante de la APG. Propone que cada centro de salud tenga un médico que hable idioma originario, puso como ejemplo casos en que mujeres embarazadas que no hablan castellano, perdieron al bebé por no entenderse con el médico. 

“Nosotros, cada vez estamos más arrinconados en los cerros. Nos dijeron que estaban terminando de sanear pero los que sanean son los terceros, los patrones. Tenemos derecho a vivir dignamente y tener áreas de cultivo”.

Sostiene que los pueblos indígenas no necesitan de partidos políticos para llegar a los escaños que le pertenecen. “Los partidos han sido una herramienta para llegar al escaño. Se debe legislar sobre esos vacíos, porque nos coartaron los derechos”. 

Propone que el presupuesto de justicia no sólo incluya a la justicia ordinaria, sino también a los pueblos indígenas, porque el trabajo de impartir justicia es el mismo.

Maribel Vaca Saucedo, de JUNTOS, considera que en el tema de la consulta previa, libre e informada, hay una disyuntiva entre el modelo comunitario y el extractivista. “En los últimos diez años hubo consulta y se evidenció la vulneración de derechos humanos. No se garantizó su aplicación. Se debe tomar en cuenta la afectación de la cultura. Durante las consultas tiene que haber un traductor y un perito especializado en asuntos indígenas”, remarca. 

Destaca que la jurisprudencia internacional reconoce derechos sobre el territorio, tengan o no las comunidades un título de propiedad. Por tanto, en cuanto a territorio y gestión territorial, sugiere que se desarrolle la agroforestería comunitaria, el cultivo de plantas medicinales, así como el impulso del turismo comunitario, vivencial y ecológico.

ORGANIZACIONES REALIZARON INTERVENCIONES

Después de las exposiciones, los representantes de algunas organizaciones representantes de los pueblos indígenas y afrobolivianos de Santa Cruz, tomaron la palabra para expresar directamente sus comentarios y observaciones a las propuestas de los candidatos.

Elmar Masay, cacique de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (Cicol), propuso instaurar una bancada indígena en la Asamblea para exigir una representación nacional con representación plena de todos los pueblos. Aseguró que lo contrario es hacer pelear a los pueblos por la representación, además de que así se dejaría de otorgar a la OICH o a la APG una especie de estatus de partido político.  

Pidió actuar contra los paquetes de decretos incendiarios, modificar el Código Minero, que atenta contra los territorios, y que se discuta sobre los transgénicos, a los que se oponen. 

Teresa Lira García, integrante de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y Vicepresidenta de Mujeres Indígenas Chiquitanas de Concepción, pidió a los candidatos mayor incidencia para el acceso a las carreras universitarias para la mujer, así como incidencia en los derechos reproductivos, salud sexual, vida sin violencia y acceso a la justicia. 

Florinda Urañavi, integrante del pueblo guarayo y presidenta de la Asociación de los Pueblos Indígenas de Santa Cruz, demandó ser parte de la estructura municipal. La falta de la carta orgánica municipal frena la elección de un representante al Concejo con las normas propias. 

Jóvenes Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz de la Sierra, representada por la guaraní Tabita Méndez, exigió la elaboración de propuestas orientadas al empleo y la educación para jóvenes y adolescentes. “Los indígenas urbanos necesitan educación y empleo. También hay pérdida de identidad en la ciudad, donde además se sufre de discriminación”, dice. Lamentó que no haya políticas públicas en el tema de la migración del campo a la ciudad, lo que deriva en la búsqueda de otras alternativas o, directamente, en la separación de las personas de su organización matriz.  

El encuentro fue transmitido en directo por la plataforma Zoom, Facebook Live mediante las páginas de Democracia Plural Bolivia y Apcob- Apoyo para el campesino - indígena del oriente boliviano. y por radio Santa Cruz (AM y FM) para Charagua, San Javier, Lomerío, Concepción, Ascensión Guarayos y Santa Cruz de la Sierra. Este encuentro se realizó dentro del marco del proyecto  “Tecnologías cívicas y ciudadanas: Innovaciones democráticas indígenas en Santa Cruz”. Organizaron el evento Apcob, Avina, Fundación para el Conocimiento Abierto y la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos.