Diputados de Comunidad Ciudadana (CC) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se enfrascaron en entredichos este miércoles, debido a una demanda de parte de una empresa constructora que reclama una cifra millonaria porque se le resolvió el contrato para la construcción de la carretera Santa Bárbara-río Alto Beni-Quiquibey.

Los diputados Lissa Claros y Miguel Roca indicaron que el Tribunal Supremo de Justicia emitió un Auto Supremo, mediante el cual la ABC estaría obligada a pagar más de 100 millones de bolivianos a la empresa Royal, por sus boletas de garantía.

Denunciaron una mala defensa legal de la entidad estatal, además tomando en cuenta que se trata de un proyecto carretero  que ha fracasado. Incluso insinuaron que hubo favorecimiento a dicha compañía porque estaría ligada a un empresario potosino con nexos a Evo Morales.

Sin embargo, las responsables jurídicas de la ABC desmintieron que haya un Auto Supremo ejecutoriándose por este caso.

Reconocieron que el Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto a favor de la empresa en 2021, pero aclararon que la ABC presentó un Amparo, al advertir que se habían vulnerado sus derechos al debido proceso y hubo una deficiente valoración de pruebas.

Según la ABC, la jurisdicción constitucional le dio la razón y se determinó dejar sin efecto el fallo en contra de la entidad estatal ordenando que se emita un nuevo Auto Supremo. El caso está en revisión ante el Tribunal Constitucional.

La ABC también aclaró que la contratación data de 2016, es decir que no están relacionadas las actuales autoridades. Asimismo, señaló que el monto de la demanda es de 52 millones de bolivianos y no de más de 100 millones como afirmaron los opositores.

Para esclarecer este tema, los opositores anunciaron peticiones de informe respectivas a la Contraloría y a la Procuraduría General del Estado.