EUROPA PRESS
El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por corrupción, rechazando el último recurso posible, en el marco de la conocida como 'causa Vialidad'.
Hasta pasado el mediodía, subió a 33 la cantidad de personas heridas tras el violento enfrentamiento de este martes entre sectores sociales y pobladores de Llallagua, Potosí, que rechazan los bloqueos de carreteras en esa localidad.
El responsable del centro de salud Siglo XX, Gustavo Vásquez, informó a la red Pío XII que hasta las 12.40, inicialmente, 18 personas fueron atendidas en ese nosocomio con varias contusiones, heridas abiertas en la cabeza y miembros inferiores producto de pedradas y golpes.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, reiteró su convicción de dejar el cargo una vez que termine el proceso electoral vigente en Bolivia y se elija a un nuevo presidente.
“Acabaremos la elección presidencial, eso sí con toda la convicción, después yo voy a dar un paso al costado porque ya termina mi ciclo de vocal”, dijo Tahuichi en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.
Los enfrentamientos que se registraron este martes en el municipio Llallagua, de Potosí, entre pobladores y bloqueadores dejaron al menos dos personas heridas e incluso se habla de un posible fallecido, que todavía no fue confirmado.
Los hechos de violencia ocurrieron después que los habitantes y choferes, cansados de la medida de presión que afecta a sus fuentes de trabajo, hayan decidido desbloquear por su cuenta.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país condenaron las amenazas de muerte y hostigamiento contra la periodista Soledad Mabel Prado Nogales, corresponsal en Yapacaní, por lo cual pidieron la investigación respectiva y sanción.
Mediante un comunicado, la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) denunció este martes que las protestas y bloqueos de carreteras están afectando el normal abastecimiento de medicamentos en las diferentes entidades de salud del país.
Frente a esta situación, la institución hizo un llamado a los sectores en conflicto para que se permita el libre tránsito y paso de los vehículos que transportan medicamentos, dispositivos y oxígeno de producción nacional.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se ha abierto una investigación contra Evo Morales debido a delitos que habría cometido con la intención de convulsionar el país y la presunta instrucción de cercar la ciudad de La Paz, sin embargo, por ahora no se ha tomado en cuenta el delito de terrorismo tal como se contemplaba en la denuncia presentada por el Gobierno.
Los Gobiernos de China y Bolivia han firmado este martes una serie de convenios bilaterales, que incluyen la donación de recursos de parte del país asiático para apoyar al Estado Plurinacional.
El primer acuerdo firmado es un memorando de entendimiento de cooperación, que permitirá explorar proyectos para el desarrollo con el uso de fondos chinos, como la asistencia no reembolsable, préstamos sin interés, préstamo preferencial y fondos para el desarrollo global y la cooperación sur-sur.
AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES
A dos meses y una semana de las elecciones generales, más de 40 resistencias indígenas, campesinas y originarias, ante la expansión del extractivismo y el agronegocio que ha conllevado múltiples vulneraciones de sus derechos, elaboraron un documento en el que plasman sus principales preocupaciones desde sus territorios, así como propuestas en el ámbito económico, ambiental y social. El manifiesto será puesto a conocimiento de las y los candidatos presidenciales y vicepresidenciales.
El binomio masista de Eduardo Del Castillo y Milan Berna presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, con el objetivo de aliviar el pago de créditos bancarios en el contexto de la crisis económica.
Explicaron que con esta norma se busca que, hasta el 31 de diciembre de 2025, no se paguen capital ni intereses de los créditos adquiridos, sin multas ni incremento de las tasas de interés, tampoco sanciones por mora ni costos administrativos adicionales.