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La Fiscalía admitió la denuncia y ahora emprende las investigaciones contra el exministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, y dirigentes de Yungas afines al MAS por presuntas irregularidades que se suscitaron respecto a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, durante el anterior gobierno.

La información fue proporcionada por el abogado Eugenio Vera, quien presentó la denuncia respectiva a nombre de la actual directiva de Adepcoca a la cabeza de Franclin Gutiérrez.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, se encuentra en un área de contención de la cárcel de San Pedro, bajo protección de cualquier agresión pueda recibir, informó el Director Nacional de Régimen Penitenciario, José García.

Romero fue enviado al penal con detención preventiva por el caso UELICN. Su abogado ya había advertido que de ser llevado a la cárcel, el exministro corría riesgo puesto que en su rol de autoridad había combatido el crimen y el narcotráfico.

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, ha decidido de manera personal no aceptar la prórroga de mandato y retirarse de su curul a partir del 22 de enero.

La decisión fue formalizada a través de una carta enviada por Costa al Tribunal Supremo Electoral, en la cual sostiene que no acepta la prórroga para su caso y que desde el 22 de enero volverá a sus actividades académicas fuera de la Asamblea.  

Expresó que apoya plenamente la ampliación del mandato del resto de legisladores, pero ella se retira.

El ejecutivo de la Federación Chimoré, Leonardo Loza, aseveró que el MAS y el Trópico de Cochabamba están ofreciendo paz desde el 22 de enero, sin embargo, señaló que el Gobierno al parecer tendría otra intención afectado por la “desesperación”.        

“A partir del 22, nosotros ofrecemos paz y este Gobierno creo que nos ofrece guerra, creo que nos ofrece conflicto social”, dijo Loza en contacto con ERBOL.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto logró la captura de dos personas, quienes son acusadas de secuestrar, vejar y torturar a un oficial de Policía en la zona de Senkata, durante la convulsión social luego de la renuncia de la Evo Morales. 

El coronel Limbert Coca, de la FELCC, indicó que ambos aprehendidos, un varón y una mujer, son dirigentes de la zona que estaba convulsionada con medidas de presión.

Representantes de Unidad Nacional (UN), en conferencia de prensa, anunciaron que participarán de las Elecciones Generales del 3 de mayo y además, expresaron que el partido está preparado para el empresario Samuel Doria Medina sea el candidato.

“La definición del partido es que Samuel Doria Medina sea un actor importante de estas elecciones, hay una gran disposición y el partido está absolutamente preparado para que Samuel Doria Medina sea candidato a la presidencia”, aseveró Roberto Moscoso, secretario de organización de Unidad Nacional.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que se pedirá la extradición del exfiscal Marcelo Soza, quien tiene condena en Bolivia, pero se encuentra en Brasil como refugiado político.

“Vamos a pedir su extradición para que venga y purgue su condena en este país y en Palmasola, por todo el daño que le hizo a los cruceños”, manifestó.

Murillo indicó que se pedirá a extradición de Soza, a tiempo de informar que el Ministerio de Gobierno ha retirado la denuncia por el caso terrorismo.

En una reunión sostenida este lunes entre el nuevo gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), Jaime Aliaga, con representantes de empresas, se llegó a un acuerdo respecto a la provisión  para los subsidios.

El acuerdo da paso a cubrir el compromiso de las empresas de entregar, en su totalidad, los productos considerados en los paquetes de los subsidios que distribuye el SEDEM. La decisión responde a la susceptibilidad generada sobre la ruptura de convenios para la adjudicación de proveedores.

La presidenta del gobierno transitorio, Jeanine Añez, emitió la tarde de este lunes un Decreto Supremo que prohíbe el uso de la imagen de altas autoridades en obras y líneas gráficas institucionales.

“Nuestro gobierno ha decidido aprobar de inmediato una disposición que prohíba todo uso de imagen de altas autoridades relacionados con el culto a la imagen, ya que el poder público debe ser representado de una manera responsable y humilde puesto que nosotros somos servidores públicos y nos debemos a la sociedad”, manifestó.

Luego de más de 10 años de proceso, el Ministerio de Gobierno ha retirado este lunes la denuncia por el caso terrorismo en el cual están involucrados políticos y cívicos de Santa Cruz.

El caso terrorismo se activó en abril de 2009, cuando el Gobierno del MAS acusó a un grupo de extranjeros, encabezado por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, de haber armado una célula terrorista en concomitancia con los miembros del movimiento autonómico cruceño.