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El escaso estudio de su pasado y hasta de sus figuras históricas no es la principal falla del periodismo boliviano.
Para la mayoría de la sociedad boliviana, la defensa que los periodistas hacen de ese instrumento legal es una actitud destinada a cubrir sus actos con un manto de impunidad. Falso. La Ley de Imprenta no sólo es el resultado de un largo proceso histórico sino que, más allá de proteger a los periodistas, garantiza que el público esté bien informado sobre la conducta de sus autoridades y el manejo de los bienes y recursos estatales. ¿Cómo?... mediante el secreto de la fuente.
Gracias al denominado secreto de imprenta, establecido en los artículos 8 y 9 de la referida ley, cualquier persona que desee denunciar ilegalidades o actos irregulares puede hacerlo ante la prensa sin temor a sufrir represalias. Si se anulara ese mecanismo, la ilegalidad crecería debido a que ya no estaría sujeta a denuncia pública. Debido a ello, el secreto de la fuente no es una garantía para el periodista sino para la sociedad en general.
Por la importancia de esa y otras instituciones, los periodistas defienden la Ley de Imprenta pero, al hacerlo, muchas veces incurren en el anacronismo de no permitir que se toque ni siquiera una de sus letras.
Desde que la Ley de Imprenta fue promulgada al presente ya pasan más de 88 años. Dinámico como es por su naturaleza, el periodismo ha cambiado mucho desde entonces así que es necesario actualizar su ley. El primer problema es que los periodistas no quieren que se la toque porque saben que, si lo permitieran, los políticos promulgarían una a su medida. La solución, entonces, es que sean los propios periodistas quienes elaboren un proyecto de ley para presentarlo al Órgano Legislativo.
Eso no es lo único que se debe cambiar.
Una verdad que no parece comprenderse es que en Bolivia no se puede pedir un buen periodismo cuando el periodismo no se enseña en las universidades. Las carreras que existen en relación a esta actividad humana no son de periodismo sino de Ciencias de la Comunicación debido a que todas estas se basaron en el modelo de la Universidad Católica San Pablo.
Cuando la Católica abrió la carrera de Comunicación Social, lo que estaba haciendo es aplicar el Inter Mirifica, uno de los nueve decretos conciliares aprobados en el Concilio Vaticano II, que señalaba que “todos los hijos de la Iglesia, de común acuerdo, tienen que procurar que los medios de comunicación social, sin ninguna demora y con el máximo empeño, se utilicen eficazmente en las múltiples obras de apostolado, según lo exijan las circunstancias de tiempo y lugar, anticipándose así a las iniciativas perjudiciales”. Para ponerlo claro, el Inter Mirifica recomendaba que la Iglesia maneje los medios masivos y, para ello, era preciso que también forme periodistas. Empero, a tono con el decreto, no abrió una carrera de periodismo sino de “comunicación social” en la que, más que informadores profesionales, se forma a cientistas sociales con capacidades no sólo para el periodismo sino para otras áreas de la actividad humana.
Por tanto, en Bolivia no hay más periodistas profesionales que los que consiguieron un título en provisión nacional conforme a decreto. Los demás son licenciados en Ciencias de la Comunicación que, o bien pueden ser periodistas o bien relacionistas públicos y hasta diplomáticos.
Conscientes de esta falla, algunas universidades privadas ya abrieron carreras de periodismo pero, como aún no tienen titulados, no se puede opinar sobre sus resultados.
Sobre la base de esa experiencia, es imperioso transformar las carreras de Ciencias de la Comunicación o, si se quiere evitar problemas, se debe abrir carreras de periodismo con el fin de que las futuras generaciones de periodistas no adolezcan de las fallas que ya podemos notar en las actuales.
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(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
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