Abogados piden una cumbre para superar la crisis judicial

Tras una reunión de análisis sobre la situación de la justicia boliviana, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia resolvió pedir a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial convocar a una cumbre nacional para buscar de manera conjunta las salidas al problema que atraviesa el sistema, reportó la radio Aclo de la Red ERBOL.

“Dada la gravedad de la crisis (judicial), el Colegio Nacional de Abogados, todos los colegios departamentales, exigimos a la primera autoridad del Estado Plurinacional (Evo Morales), Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Álvaro García Linera), las máximas autoridades del Órgano Judicial, a convocar a una cumbre nacional por la justicia”, dijo William Sánchez Peña, miembro del Colegio, quien dio lectura a la resolución de la reunión de juristas sostenida en Sucre durante el fin de semana.

Agregó que en la cumbre deben participar además el Fiscal General del Estado, el Procurador General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, los máximos representantes de las universidades, los colegios nacionales de profesionales, los colegios departamentales de abogados, derechos humanos y autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina.

Este encuentro que se pide es “para reivindicar la administración de justicia”, enfatizó Sánchez. Por su parte, el presidente del Colegio, Saúl Fuentes, dijo que esta cumbre debe tener mayor participación de los sectores sociales del país porque todos los actores  deben proponer mejoras para la justicia boliviana.

“Hay que establecer políticas nacionales que permitan una administración de justicia idónea, que es lo que el pueblo reclama, en ese sentido, la propuesta del Colegio de Abogados es que estemos todos los actores pertinentes, partiendo de la primera autoridad del Estado Plurinacional”, insistió.

Asimismo reclamó que no se puede concebir que el Órgano Judicial actualmente perciba un presupuesto inferior al 1%, cifra que no le permite desarrollar adecuadamente mejoras en su infraestructura, en el ámbito de capacitación  de sus funcionarios y fundamentalmente en el descongestionamiento de la alta carga procesal que tienen los operadores de justicia.