TDJ-La Paz resolvió 267 mil causas, 47% de carga procesal

Durante la inauguración del año judicial 2017 el pasado viernes, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TJD-La Paz), Carmen del Río Quisbert, informó que pese a la falta de recursos, de las 267.000 de causas y trámites judiciales, los administradores de justicia paceños resolvieron 124.887 casos, equivalente al 47% de la carga procesal.

Indicó que el año pasado fue intenso el trabajo para los 17 vocales,  240 jueces y los cerca de 1.000 funcionarios jurisdiccionales y administrativos que prestan servicios en las 20 provincias. Sostuvo que lo  preocupante es que, como ha ido ocurriendo en los últimos cuatro años, para este 2017 tiene en agenda más de 142.000 pendientes de resolución en todos los juzgados.

Sin embargo manifestó una extremada preocupación porque cada uno de los jueces tiene, en promedio, más de 1.100 procesos judiciales, “cantidad humana y técnicamente imposible de atender en los plazos procesales previstos”.   

“¿Y cuál es una de las pautas de solución a este gran problema? Lo hemos dicho de manera permanente. Para encarar con efectividad esta pesada carga procesal, requerimos, al menos, duplicar la cantidad de jueces (de 240 a 480) y, esto implica mayor presupuesto, más y mejor infraestructura, tecnología, muebles, materiales y personal de apoyo”, reflexionó ante el auditorio compuesto por vocales, jueces y personal de apoyo.

Advirtió que con la reducida cantidad de jueces existentes,  ni siquiera trabajando 24 horas al día y los 7 días de la semana podrán saldar esa carga acumulada por décadas en los estrados judiciales, por una serie de causas de carácter estructural e integral. 

Del Río precisó que la carga procesal que enfrentan los administradores de justicia de La Paz, es la más alta del país: representa cerca del 40% de las causas y es mucho más que las existentes en seis departamentos juntos: Oruro, Potosí, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija.

Dijo que a esta situación se suma el hecho de que los casos emblemáticos o de mayor relevancia política o social ocurrido en el interior del país, se concentran en la Sede de Gobierno. Y otro factor es la cultura del conflicto que prevalece en nuestra sociedad, antes que la cultura de paz.

“Esta situación compleja requiere estrategias de solución y que los actores que implementan las decisiones adoptadas en la Cumbre Judicial, deben encarar con seriedad, para evitar que nuestra sociedad siga penalizando sus conflictos de manera masiva y, como consecuencia de ello, el sistema judicial llegue a una situación de parálisis por falta de medios y recursos de distinta índole”, reflexionó la autoridad.