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Luego que se rechazó la denuncia contra los dirigentes choferes que recibieron depósitos millonarios, la fiscal Edna Montoya explicó que esa decisión se debe a que, para el Ministerio Público, no hubo daño económico al Estado y que los fondos en cuestión son de carácter privado.
La denuncia fue presentada por los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe, quienes acusaron por los delitos de malversación y otros a los dirigentes choferes que recibieron el dinero en cuentas particulares, así como a Vías Bolivia, que es la empresa estatal encargada de administrar el peaje de la Autopista, donde se recaudaba ese dinero
La fiscal Montoya explicó que los delitos denunciados son de carácter de corrupción, pero los denunciados no son funcionarios públicos.
Cuestionada entonces sobre Vías Bolivia, que es una entidad pública, la fiscal explicó que la empresa estatal firmó un contrato “entre privados” con la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo, para retener 20 centavos del monto del peaje que pagan los transportistas para su Fondo Prosalud.
“No hubo ningún daño económico al Estado, porque los fondos son eminentemente privados”, aseguró la representanta del Ministerio Público.
La fiscal señaló que, si hubiese observaciones de cómo se manejó el dinero, deben ser los mismos afiliados a la Federación de Choferes que deber pedir rendición de cuentas, mediante la vía civil y no la penal.
Ante el anuncio de los diputados de impugnar la resolución de la Fiscalía, Montoya indicó que tienen el derecho de acudir a ese recurso, pero ratificó que no se trata de un delito penal de acción pública, sino podía ser de acción privada para el ámbito civil.
La denuncia se presentó a mediados de febrero, después de que se supo sobre depósitos millonarios que hizo Vías Bolivia a cuentas de los dirigentes de la Federación Departamental 1º de Mayo, por concepto de un aporte de 20 centavos que se cobra a transportistas que pasan por el peaje de la Autopista.
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