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Los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe presentarán esta semana una denuncia penal en contra de los cinco fiscales del caso depósitos millonarios por el presunto delito de prevaricato después que la Fiscalía rechazó la denuncia contra los dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo, por el dinero que recibieron en sus cuentas particulares proveniente de recaudación en el peaje de la Autopista.
“Vamos a iniciar acciones en contra de los fiscales que han manejado este proceso, porque no valoraron la documentación presentada y hay una clara acción de prevaricato. Hay una parcialización para proteger a estos dirigentes de choferes. La lección del día es que si eres corrupto y amigo del Gobierno nada te pasara y todos te protegerán”, afirmó Santamaría en entrevista con la Red ERBOL.
Santamaría informó que este martes apelarán la decisión de la Fiscalía de La Paz y también denunciarán a los fiscales Samuel Lima, Ronald Chávez, Mario German Rea, Lupe Zabala y Willy Rojas, quienes firmaron el memorial de rechazo a la denuncia que presentaron contra dirigentes de choferes. El legislador opositor cree que hay “protección y favoritismo para quienes desfalcaron y despilfarraron” fondos de los transportistas.
“Vamos a impulsar las sanciones disciplinarias y las denuncias en contra de estos fiscales que han manejado este proceso, porque se ha evidenciado que ha habido una lógica de protección y de favoritismo para quienes desfalcaron y despilfarraron un fondo que fue concebido para mejorar la salud de los transportistas, y que finalmente no cumplió su propósito”, sostuvo.
La denuncia se presentó a mediados de febrero, después de que se supo sobre depósitos millonarios que hizo Vías Bolivia a cuentas de los dirigentes de la Federación Departamental 1º de Mayo, por concepto de un aporte de 20 centavos que se cobra a transportistas que pasan por el peaje de la Autopista. Sin embargo, la Fiscalía decidió rechazar el viernes la denuncia porque consideró que no se han comprobado los tipos penales que se endilga a la cúpula de los transportistas.
La denuncia contra los dirigentes era por los delitos de apropiación indebida de recursos, malversación, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito, entre otros. La principal prueba es el informe de la propia Vías Bolivia que menciona a los dirigentes que entre 2008 y 2017 recibieron, sumado, casi 12 millones de bolivianos, pero también surgieron audios en que los propios dirigentes admitieron que no había tal dinero e, incluso, que parte de los recursos se gastó en farras.
En un audio revelado por ERBOL de una reunión de choferes, el ejecutivo nacional del sector, Ismael Fernández, informó que parte del dinero fue usado en viajes, viáticos, dietas y “alguna farra”, aspecto que desató la molestia de los conductores. Los acusados eran los dirigentes que recibieron montos en cuentas particulares, entre ellos Fernández, el actual ejecutivo de la Federación Departamental, Rubén Sánchez, entre otros.
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