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El presidente Evo Morales informó este jueves que ha decidido otorgar la amnistía, es decir, perdón de los procesos de juicio de responsabilidades, a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga, el primero por el caso Quiborax y el segundo por Petrocontratos.
Morales argumentó que toma esa decisión para encarar la etapa post-Haya en la demanda marítima. Insinuó que los exmandatarios tendrán responsabilidades en esa fase y no deben tener obstáculos administrativos.
“He tomado la decisión de que ningún expresidente, salvo acusaciones de delito de lesa humanidad y genocidio, tengan procesos judiciales pendientes que entorpezcan las nuevas actividades internas y externas de defensa y negociación de nuestro derecho marítimo”, dijo el mandatario en una declaración de prensa en Casa Grande del Pueblo.
“Tomó esta decisión de manera personal apoyándome en la autoridad legal que la Constitución Política de estado me confiere y lo hago sin solicitar a los expresidentes beneficios para nada personal A cambio, sólo que defiendan a Bolivia y nuestro pueblo y a nuestro derecho a una salida soberana al océano Pacífico con todas sus energías, con todo su corazón y capacidad intelectual”, agregó.
El artículo 172, numeral 14, de la Constitución otorga al presidente la atribución de decretar amnistía e indulto, aunque también se necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los procesos
El caso Petrocontratos
Dicho proceso inició en 2005 a denuncia de Evo Morales, quien había acusado a cuatro expresidentes por poner en vigencia contratos con empresas petroleras, sin la autorización del Congreso.
En 2011, la Asamblea Legislativa determinó autorizar el enjuiciamiento a Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada.
Por este caso, Tuto Quiroga tiene medidas cautelares y está obligado a marcar un registro biométrico el primer día hábil de cada mes en la Fiscalía, lo cual dificultaba incluso que viaje a La Haya para la lectura del fallo el 1 de octubre.
En su defensa, Quiroga sostiene que es un perseguido político y que sus acciones con los contratos resultaron, por ejemplo, en la exploración del pozo Aquío-Incahuasi, que ahora celebra el Gobierno del MAS.
El caso Quiborax
Dicho proceso surge por la expulsión del país que decretó Carlos Mesa contra la empresa chilena Quiborax, que tenía concesiones para explotar ulexita en el Salar de Uyuni.
La empresa chilena realizó un arbitraje internacional ante la CIADI, que obligó al Estado boliviano a pagar una indemnización de más de 40 millones de dólares.
La Procuraduría acusó a Mesa de haber provocado ese daño económico, por defectos legales en su decreto, e inició un juicio de responsabilidades. La Fiscalía presentó una proposición acusatoria, pero el caso se congeló en la Asamblea Legislativa, antes de que se autorice enjuiciar al exmandatario.
En su defensa, Mesa sostiene que los defectos legales de su decreto fueron subsanados posteriormente y que el daño económico en realidad se debe a una pésima defensa del Estado en el arbitraje.
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