Política
Opositor lo cuestiona
Gobierno reconoce que difundió encuesta, pero considera que no viola la ley electoral
Ministra Gisela López. Foto de archivo.


Jueves, 10 Enero, 2019 - 18:20

La ministra de Comunicación, Gisela López, reconoció este jueves que el Gobierno difundió la encuesta favorable a Evo Morales. El estudio está denunciado por violar la Ley del Régimen Electoral (026).

No obstante, López aseveró que la difusión de la encuesta no viola la norma electoral.      

“Encuesta publicada por nuestro Gobierno en diferentes medios no viola norma electoral. Quienes afirman lo contrario no están bien informados”, aseveró la Ministra, mediante su cuenta de Twitter.

La encuesta, difundida en varios medios escritos, fue denunciada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el diputado opositor José Carlos Gutiérrez, que pidió la cancelación de la personería jurídica del MAS, como manda la Ley 026.

De acuerdo con la Ley de Régimen Electoral en su artículo 136, “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

También, en el mismo artículo, la norma señala que entidades públicas o privadas serán sancionadas cuando difundan resultados de encuestas con fines electorales, sin estar habilitadas por el Órgano Electoral.

El Reglamento para Elecciones Primarias, en sus prohibiciones del artículo 87, advierte que se sancionará a cualquier entidad pública o privada, o persona natural o jurídica, conforme al artículo 136 de la Ley del Régimen Electoral.

El diputado Gutiérrez señaló que además de haber faltado a la norma electoral, el MAS también incurrió en un delito penal al usar recursos públicos para promover un candidatura partidaria.   

El opositor sostuvo que la ministra López pretende “justificar un delito”, además de “falsear la realidad y la verdad y pasarse por encima de la Ley como lo hace su jefe Evo Morales”.

Recordó que también, de acuerdo a la Ley, está prohibido que entidades estatales encarguen o financien los estudios de opinión.

Gutiérrez señaló que la Ministra “defiende la metida de pata que ha hecho el gobierno”, puesto que se trata de una falta flagrante.