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La presidenta de la Administradora Bolivia de Carreteras (ABC), Noemí Villegas, aseveró que el abandono que hizo la empresa española Corsán-Corviam de la construcción del camino Ixiamas-San Buenaventura no provocó pérdida económica, sino más bien dejó un monto de 132 millones de bolivianos a favor del Estado.
Villegas respondió así las declaraciones del senador opositor Yerko Nuñez, quien aseveró que Corsán se había ido de Bolivia con 120 millones de bolivianos tras abandonar la construcción de la carretera.
El senador Núñez aseveró que la ABC pagó a Corsán 188 millones de bolivianos de anticipo por la obra, y que sólo logró recuperar 68 millones por la boleta de garantía y deducción del avance de la construcción.
La presidenta de la ABC dijo que las sumas y restas del opositor no demuestran la verdad. Explicó que se pagó a Corsán 187,9 millones de bolivianos por anticipo y 134,2 millones por seis planillas, lo cual suma 322,1 millones.
Sin embargo, según Villegas, el Estado boliviano quedó con saldo favorable después del abandono de Corsán, puesto que cobró la boleta de garantía del anticipo que era de 196,9 millones y la correspondiente al incumplimiento de contrato por 65,8 millones.
Indicó que a esas cifras se debe sumar el valor de la construcción que dejó Corsán, que a tiempo de abandonar el proyecto había avanzado 19%. La autoridad de la ABC sostuvo que esa obra avanzada tiene un valor de 218,6 millones de bolivianos.
En resumen, Villegas indicó que Bolivia pagó a Corsán 322,1 millones de bolivianos, pero, sumando el cobro de las boletas de garantía y el valor del 19% del avance de obra, recuperó 454,3 millones de bolivianos. Restando lo pagado de lo recuperado “tenemos una cifra en favor del Estado de 132,2 millones de bolivianos”, destacó.
Más acusaciones
La titular de la ABC dijo que el senador Nuñez también faltó a la verdad al decir que al daño económico al Estado se debía sumar los 80 millones de bolivianos por los subcontratos que dejó Corsán.
Villegas aclaró que esos subcontratos con relaciones entre privados, de los cuales la ABC no se hace cargo. Recordó que los subcontratistas llevan adelante acciones legales contra la empresa española por este tema.
Asimismo, acusó al senador de faltar a la verdad con su afirmación de que el Gobierno contrata empresas observadas y con invitación directa. La funcionaria aseguró que todas las adjudicaciones de la ABC son por licitación internacional, bajo políticas de transparencia de organismos internacionales como CAF y BID.
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