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Como la mayoría de los bolivianos y peruanos, yo era un admirador del incario, aquella forma de gobierno que se estableció en un extenso territorio conocido como Tawantinsuyu y cuyas normas morales eran repetidas en las escuelas y colegios como paradigma de la sociedad perfecta.
Mi desencanto fue progresivo pero no por eso menos traumatizante. No puedo precisar cuándo comenzó —quizás fue cuando encontré incoherencias como el proclamado equilibrio entre runas (hombres) y warmis (mujeres) y la poligamia de los incas— pero sí sé que se refrendó cuando leí estas líneas que eran el resumen del primer capítulo de un libro de Liborio Justo: “El Tahuantinsuyu: un horrendo régimen de esclavitud en beneficio, gloria y esplendor de una minúscula casta dominante”.
El descubrimiento de cuál fue, en realidad, la forma de gobierno practicada por los incas comprobó que, en efecto, la lectura hace luz en las tinieblas y permite que uno tome conciencia sobre su realidad en incluso sobre su pasado. Quizás por eso, fue un inca, un gobernante del Tawantinsuyu, quien ordenó la desaparición de la escritura mucho antes de la llegada de los españoles.
La lectura que más me abrió los ojos fue la del Memorial de Charcas, el documento colonial sobre el que escribí la semana pasada y cuya mención motivó la curiosidad de muchos de mis lectores, tanta que recibí varios mails pidiéndome que amplíe el tema.
Lo que no pueden entender los consultantes es cómo fue que hubo indios que, como revela el referido documento, tenían privilegios en una sociedad colonialista en la que se supone que sólo había esclavos y esclavizadores. La respuesta es que, en realidad, la sociedad colonial española fue opresiva en todos los sentidos de la palabra pero no esclavista.
Cuando llegaron los españoles, encontraron un Estado, el Tawantinsuyu, dividido por una guerra civil protagonizada por dos hermanos, Waskar y Ataw Wallpa, pero también encontraron varias sociedades o culturas que estaban sometidas por el incanato ya que habían sido asimiladas mediante conquistas militares.
Como bien apunta Justo, la sociedad incaica era elitista puesto que la mayor parte del producto del trabajo de la tierra se destinaba a mantener al inca, a su familia —generalmente numerosa por efecto de la poligamia— y a la nobleza.
La nobleza incaica siguió siendo tal aún después de la llegada de los españoles. Muchos de ellos, como los mencionados en el Memorial de Charcas, pactaron con los conquistadores a cambio de mantener sus privilegios. Los indios nobles debían pagar tributo, como lo hacían durante el incario, pero no estaban sometidos a los conquistadores europeos. Es más, existen muchos y célebres casos de matrimonios entre nobles españoles e indios como, por ejemplo, el de la hija de Sayri Tupaj, Beatriz Clara Coya, con Martín García Óñez de Loyola, rico descendiente del fundador de la Orden de la Compañía de jesús, San Ignacio de Loyola.
Por tanto, había diferentes tipos de indios y los pertenecientes a la nobleza eran los privilegiados. Sus hijos se educaban en establecimientos especiales denominados colegios de caciques e incluso uno de esos fue fundado por Carlos IV, en 1792, en la mismísima España.
Cuando los españoles incumplían los compromisos que habían adquirido con los nobles indios, estos reaccionaban de diversa manera, a veces dirigiendo quejas directas al rey, como el Memorial de Charcas, o bien promoviendo sublevaciones.
A propósito, una de las figuras del indigenismo, José Gabriel Condorcanqui, era un noble indio descendiente de Tupaj Amaru I y, por ello, cuando se sublevó, tomó el nombre de su antepasado. Gustavo Adolfo Otero escribió lo siguiente sobre ese hecho: “Inglaterra habría estimulado esta rebelión, inclusive por medios de organizaciones de tipo masónico”.
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
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