Opinion

COCA Y "PODERES PARALELOS"
ONADEM
Bernardo Poma Ulo
Jueves, 2 Agosto, 2012 - 18:35

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Bernardo Poma Ulo[1]

El “poder” político de los cocaleros y la producción excedentaria e ilegal de coca fueron los aspectos más enfatizados, con más apreciaciones negativas que explicaciones en la opinión editorial de la prensa boliviana que abordó esa problemática al iniciar el año 2012.

Esas valoraciones fueron estudiadas por el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR, entre el 1º y el 31 de enero,  en 27 notas editoriales que se refirieron a la problemática de la hoja de coca y  que fueron publicadas por 10 diarios nacionales: El Deber, El Mundo, El Día (Santa Cruz), El Nacional (Tarija), La Patria (Oruro), Cambio, El Diario (La Paz), El Potosí (Potosí), Opinión, Los Tiempos (Cochabamba)[2].  

 Al referirse al tema de la hoja de coca, los editoriales de los diarios privados criticaron el accionar de uno de los actores y sectores sociales directamente involucrado: los cocaleros y su “poder” político. Se remarcó sobre todo la capacidad de movilización sectorial en torno a sus intereses para la expansión de cocales ilegales y la imbricación del sector cocalero con el gobierno nacional, lo que llevó a los editoriales a visibilizar la parcialización de este último con aquél. Sólo un diario —el gubernamental Cambio— abordó el tema y presentó argumentos desde una perspectiva distinta, esto es, de defensa de la hoja de coca.

La capacidad de movilización fue reconocida a partir de la “contramarcha” del Consejo Indígena del Sur (CONISUR)[3], la cual era en la opinión editorial “una marcha de cocaleros, parciales del Gobierno” y en la que primaba el “interés” de este sector (El Mundo, 13/01/12), es decir, “ampliar los campos de cultivo de la hoja de coca" (El Mundo, 30/01/12). En esa misma línea de opinión, en la movilización se identificó otro sector involucrado, el de los “colonizadores”, que junto a los cocaleros también buscan “ampliar la frontera agrícola” (El Potosí y Los Tiempos, 11/01/12).

Los antagonistas más cuestionados por el discurso editorial fueron los productores de coca cochabambinos, en particular del Chapare, al ser “los más interesados” en hacer del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) “el sitio apropiado para la expansión de cultivos de coca" (El Diario, 20/01/12). Este interés sectorial en el TIPNIS implicaba, según la opinión editorial de los diarios privados, desconocer la Ley Nº180 que protege el parque, por lo que la intención de la “contramarcha” era llegar a niveles de decisión legislativa, es decir, “revertir” dicha norma para “hacer que lo intangible se vuelva tangible” (El Mundo, 10/01/12).

Otro conjunto de notas de opinión editorial reconoció la existencia de distintos sectores en el movimiento cocalero boliviano y también su diferente relación política con el gobierno nacional. Así, a tiempo de señalar la capacidad de movilización y de confrontación de los cocaleros de La Asunta (Yungas de La Paz) con los “erradicadores” de coca[4], observaron además que  "Los yungueños están molestos porque los chapareños quieren legalizar su coca y encima incrementar sus cultivos” (El Día, 12/01/12). Por ello, los cocaleros de Los Yungas paceños “empezaron a cuestionarle al Gobierno su tolerancia hacia los sindicatos del trópico cochabambino frente a la presión hacia el paceño" (El Nacional, 20/01/12), al punto de que estos últimos decidieran “crear sus propios grupos armados para defender sus cocales ilegales” (El Deber, 13/01/12). Esta correlación mostraría que el Poder Ejecutivo estaría “cada vez más atado a la geopolítica que se gesta en el Chapare" (El Día, 12/01/12).

La capacidad de movilización de los distintos sectores de cocaleros en particular de los del Chapare cochabambino, junto a su imbricación política con el gobierno nacional, hizo preguntarse en un editorial si ese “poder” constituye un “superestado capaz de doblegar al propio Ejecutivo” (El Deber, 13/01/12). Y al considerar lo sucedido con la ley protectora  del TIPNIS[5], los cocaleros también tendrían capacidad de controlar el poder legislativo, con lo que habrían “consolidado su hegemonía”[6] (El Deber, 13/01/12). Las críticas y valoraciones no sólo se refirieron al movimiento cocalero en sí, sino que se apoyaron en otros argumentos que apelaron a la ciudadanía al señalar que “los bolivianos no aceptan esta clase de poderes paralelos" (El Deber, 13/01/12).

Sobre la producción excedentaria de coca

Respecto de la producción de la hoja de coca, se enfatizó —en ocasiones sin mayor argumentación— los aspectos negativos, es decir, su carácter excedentario e ilegal, así como su relación con el narcotráfico. Así, se señaló que, en el marco de la “crisis permanente” del año 2011, “sigue aumentando la producción de la hoja” y que “el país está produciendo más de 200 toneladas de cocaína al año” (El Diario, 01/01/12).

En realidad, pocas fueron las notas editoriales que abordaron la problemática de la coca en su integralidad y con el apoyo explícito de datos, desde su producción hasta su consumo, así como su erradicación. Entre ellas, una de Opinión (10/01/12) al reconocer que el tema de la producción resulta “complejo y de alta conflictividad”, citó a la Naciones Unidas como fuente para señalar que Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras de Colombia y Perú, y además el principal proveedor de droga del Cono Sur.

Los editoriales con más valoraciones que argumentos respaldados tendieron a la generalización y negativización de la coca en sí misma al señalar que la “hoja sagrada” es “el elemento omnipresente de la realidad del país”: “Todo el aparato diplomático boliviano está al servicio de la coca; el Chapare es la región que mayor cantidad de inversiones recibe;  por la coca se destruye un parque; la coca es la articuladora de la vertebración caminera del país" (El Día, 06/01/12).

Erradicación insuficiente y escasa defensa

Los datos sobre el volumen de coca excedentaria, y que se debiera erradicar, variaron en el discurso editorial, dado que un medio, basado en Naciones Unidas, apuntó a 10 mil hectáreas plantadas no sólo en el trópico de cochabambino sino también en los Yungas paceños (La Patria, 29/01/12). Otro editorial, al calificar los “resultados” de la erradicación como “poco menos que nulos”, señaló que “los cultivos más bien aumentaron de 12 a 35 mil hectáreas”, así como la elaboración de cocaína “de 20 a 200 toneladas” (El Diario, 01 y 31/01/12).

La crítica y duda en torno al nuevo convenio tripartito se explicitó en un solo editorial y se apoyó en el argumento de que “se estaría partiendo del mismo error que en anteriores negociaciones", esto es,  “encarar los efectos y no combatir el origen mismo del problema” (El Diario, 31/01/12). Aunque el editorial citado no explicitó ese origen, recordó que “entre los años 1980 y 2000 la lucha contra los cultivos de coca tuvo un costo de alrededor de mil millones de dólares, pero, contrariamente a lo que se esperaba, el resultado final fue que esa campaña terminó en un enorme cero" (El Diario, 31/01/12).

En sólo un editorial se argumentó expresamente la defensa de la coca, apoyándose en la Constitución que la “protege” como parte del “patrimonio cultural” del país y “establece que en su estado natural no es un estupefaciente" (Cambio, 02/01/12). La defensa también apeló a la “ciencia” pues ésta habría determinado que “en la savia de las hojas de la coca hay más de diez sustancias, entre ellas la cocaína, que constituye menos del 1%. Por ese 1% es que se condena a la coca" (Cambio, 02/01/12). Asimismo, se expresó la esperanza en el estudio de la Unión Europea, con el cual “se acabarán los mitos para desacreditarla" (Cambio, 02/01/12)[7]. Finalmente, el editorial se apoyó en la figura de Evo Morales, quien, según el medio, considera un "deber, como Presidente y como dirigente", exigir —a la comunidad internacional— la despenalización de la coca, como consecuencia de sus múltiples usos medicinales y ceremoniales en varios países sudamericanos (Cambio, 02/01/12).

Consideraciones finales

Los editoriales estudiados escasamente abordaron y valoraron los aspectos positivos relacionados con la hoja de coca en sí misma (por ejemplo, las propiedades medicinales, preventivas, alimenticias y los efectos beneficiosos de los usos tradicionales como el masticado o acullicu). Tampoco presentaron argumentos a favor de las posibilidades de industrialización no sólo de la producción “legal” permitida, sino  también de al menos parte de la producción excedentaria o ilegal.

Desde una perspectiva complementaria, en los editoriales estudiados la hoja de coca en  sí misma fue estigmatizada negativamente y calificada como “omnipresente”. Como se describió, pocos fueron editoriales que abordaron la problemática de la hoja de coca, considerando al menos dos circuitos distintos: a) producción legal – consumo, b) producción excedentaria – erradicación. En ese sentido, sólo un editorial (Opinión, 10/01/12) hizo una aproximación más integral al tema de la hoja de coca (producción, consumo, erradicación) y con apoyo de datos. Asimismo, sólo un diario (Cambio) asumió la perspectiva de defensa de los aspectos positivos relacionados con el consumo tradicional de la hoja de coca.

En todo caso, los editoriales estudiados pusieron en debate público, desde su propia perspectiva, y alertaron sobre la conflictividad latente y manifiesta en torno a la producción de la hoja de coca en el país. Al criticar explícita e implícitamente la política estatal sobre el tema, visibilizaron asimismo el tipo de gestión gubernamental de la conflictividad boliviana, esto es, condicionada, de un lado, por la mayor o menor capacidad de movilización y presión de los sectores sociales involucrados y, de otro, por la mayor o menor afinidad ideológico-política con ellos. La consecuencia y coherencia entre legalidad y legitimidad parecen los elementos menos determinantes para la construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad de la gestión pública, a diferencia de la capacidad de incidencia y presión de los “poderes paralelos”.

De ahí que el abordaje integral de los temas de interés público en los editoriales, idealmente, no debiera abusar de la generalización acerca de los temas, actores o hechos abordados, aún más en problemáticas complejas como la de la hoja de coca. La valoración, evaluación y críticas presentes en la opinión editorial también requieren de precisión, claridad, ecuanimidad y respaldo de argumentos y datos para contribuir mejor al debate público y democrático.    

Referencias

-          Boletín, s/Nº, del Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de Hoja de Coca 2008-2012). Versión pdf en: http://www.controlsocial.bo/respaldos_2/boletin/files/boletin%20control%20social.pdf

-          ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y REVALORIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA 2007 – 2010”, Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, CONALTID, 2007. Versión pdf en: http://www.cicad.oas.org/Fortalecimiento_Institucional/eng/National%20Plans/Bolivia%202007-2010.pdf

-          GROSBERG, Lawrence. ”Entre consenso y hegemonía: notas sobre la forma hegemónica de la política moderna”. En: Revista Tabula Rasa, Nº 2, enero-diciembre pp. 49-57, Bogotá, 2004.

-          LEY Nº 180 DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS. Versión electrónica en:  http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/180

-          LEY Nº 222 DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS. Versión electrónica en: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/222

-          LEY Nº 1008 DEL RÉGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS. Versión pdf en: http://www.aipe.org.bo/public/lst_politicas_publicas_nac/LST_POLITICAS_PUBLICAS_NAC_ley_1008_es.pdf

-          Medios a la Vista, informe sobre el periodismo en Bolivia 2005-2008. UNIR/ABOCCS/ONADEM, La Paz, 2009.

-          SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2012, Sucre, 18 de junio de 2012. Versión electrónica en:  http://prensa.tribunalconstitucional.gob.bo/archives/1606

 Publicaciones noticiosas de prensa

-          “Los cocaleros de La Asunta se rebelan y piden plantar más coca”, Página Siete, 10/01/12, pg. 6).

-          “Suscriben Acuerdo tripartito para controlar cultivos de coca”, El Diario, 21/01/12, pg. 5

-          “UE pide acelerar la entrega del Estudio Ingegral de la Coca”, La Razón, 04/04/12. Versión electrónica en: http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/UE-acelerar-Estudio-Integral-Coca_0_1589841048.html)  


[1] Responsable Metodológico Operativo del Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), iniciativa de la Fundación Unir Bolivia.

[2] Otros seis diarios nacionales, La Prensa, Página Siete, El País, Correo de sur, Nuevo Sur, La Palabra del Beni, fueron parte de la indagación inicial; sin embargo, no publicaron opinión editorial respecto del tema del presente artículo.

[3] La “contramarcha” del CONISUR —que partió de Cochabamba el 19 de diciembre de 2011 y arribó a La Paz el 30 de enero de 2012— tenía como objetivo la modificación de la Ley Nº180 de protección del Territorio y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Dicha Ley, promulgada dos meses antes, el 24 de octubre de 2011, atendió la demanda de la “Octava marcha” de la Confederación Indígena  del Oriente Boliviano (CIDOB) —que inició el 15 de agosto y llegó a la sede Gobierno el 19 de octubre de 2011—, es decir, el rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el núcleo del TIPNIS. La Ley Nº180 declara al TIPNIS como “zona intangible” (Artículo 1º, parágrafo III) y dispone expresamente que la mencionada carretera, así como “cualquier otra”, “no atravesará” el parque nacional (cf. Artículo 3º).  

[4] El domingo 8 de enero dirigentes de cuatro centrales de la región yungueña de La Asunta “desalojaron con violencia un campamento e efectivos erradicadores” y “le dieron un plazo de 24 horas al Gobierno para que envíe una comisión, y anunciaron que no permitirán más erradicación”, también dieron 48 horas al Viceministerio de Desarrollo Integral para “recoger” los bienes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)” (cf. “Los cocaleros de La Asunta se rebelan y piden plantar más coca”, Página Siete, 10/01/12, pg. 6).

[5] La Ley Nº 180 que protege el TIPNIS entró en total contradicción con otra norma promulgada posteriormente, la Ley Nº 222 de “Consulta Previa Libre e Informada” a los pueblos indígenas de ese parque nacional, la cual fue promulgada en atención a la demanda y marcha del CONISUR que apoyó la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el “corazón” de ese parque nacional. Una de las contradicciones más evidentes se expresa entre las finalidades de la Ley 222: “Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos” (Artículo 4, inciso b). El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional referido a las demandas de inconstitucionalidad de ambas leyes no llega a resolver las contradicciones señaladas, pero apoya finalmente la aplicación de la Ley 222 e insta a los pueblos indígena originario campesinos habitantes del TIPNIS, al Estado y específicamente al Órgano Ejecutivo a entablar un diálogo para viabilizar la consulta (cf parte resolutiva de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0300/2012 del 19 de junio  de 2012).

[6] Uno de los sentidos del concepto de hegemonía, de acuerdo a Grossberg, es que no necesariamente tiene relación con “la construcción de un sentido de unidad” —en el sentido de consenso— si no con la aceptación de “una estructura de mando y control” (cf. 2004: 52), lo cual se relaciona con la capacidad atribuida por los editoriales estudiados al sector cocalero, sobre todo, al del Chapare cochabambino.

[7] El “Estudio Integral de la Hoja de Coca” fue financiado por la Unión Europea (UE) a través de un convenio firmado con el gobierno de Evo Morales en diciembre de 2007. Pero la propia UE reclama por el retraso en la publicación oficial de los resultados por parte del poder ejecutivo que la aplazó dos veces en 2011 y la proyecta para fines de 2012. El propósito central del estudio es la obtención de datos sobre la cantidad de personas que consumen la hoja de coca”, para lo cual “se estimó aplicar una encuesta a 11.232 personas en todo el país. Este componente ya arrojó resultados, pero el Gobierno planteó incorporar en la consulta y con recursos del Tesoro General de la Nación a choferes, mineros y la población del norte de Argentina” (Ver: http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/UE-acelerar-Estudio-Integral-Coca_0_1589841048.html)