Opinion

CEGUERA JUDICIAL
La Yapanet
Fátima López Burgos
Jueves, 7 Febrero, 2013 - 16:09

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Hace un año que Cecilia Ayllón ocupa las funciones de ministra de Justicia, por ello resulta contradictorio que con su "experts"  las víctimas de gobiernos dictatoriales, hasta la fecha, no hayan logrado conmoverla para dar cumplimiento al resarcimiento de daños establecido en la Ley 2640.

Para ilustrar la situación podríamos decir que convive con el problema. Las carpas de los afectados instaladas en el paseo de El Prado en La Paz, son el paisaje diario que acompaña el trabajo de la autoridad. Es probable que sus oídos estén  acostumbrados a los temerarios dinamitazos de los mineros de su natal Oruro, que contrastan con las voces desgastadas de los afectados por las dictaduras, que llevan más de 360 días durmiendo a la intemperie sin encontrar solución a un derecho adquirido que debe aplicarse.

La ministra dialoga pero no resuelve, esa es una pésima señal para el naciente Estado Plurinacional y sus impulsores. La erradicación de las viejas prácticas parece no llegar, así convivamos con tres sistemas por demás conocidos por la autoridad: Inquisitivo, acusatorio y reformulado, que en resumidas cuentas no funcionan.

No se trata de elaborar leyes y aprobarlas, sino que estos instrumentos legales contribuyan a que la justicia llegue a los ciudadanos y se aplique con rigor, sin chicanas legales como suele suceder en la mayoría de los casos. 

A nombre de las personas afectadas solicitamos públicamente a la ministra Ayllón que dialogue y resuelva la situación, finalmente su Excelencia la designó en esas altas funciones para que solucione problemas y no conviva con ellos. 

Las carpas del paseo de El Prado no son oficinas de campaña, como se piensa, son seres humanos que contribuyeronpara el retorno de la democracia al país. Es probable que el dinero del resarcimiento no sea suficiente para mitigar las profundas heridas causadas por las dictaduras, aquellas que no se ven, pero se sienten.

La ministra Ayllón, estima que faltan entre 10 a 15 años para lograr un perfecto sistema judicial, justo y gratuito, no creo que estas víctimas de la dictadura tengan que resistir una década más haciendo su reclamo.

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