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Hace un poco más de un año, al ser proclamado como candidato en Cochabamba, el presidente Evo Morales hizo la siguiente argumentación: señaló que antes de ganar con 54% en 2005, su partido no tenía presencia en municipios excepto en el Chapare, no contaba con gobernadores y su representación en el Parlamento era reducida. Hizo notar también que su candidatura de 2009 logró diez puntos más que la de 2005 (pasando de 54% a 64% de los sufragios). Remató con la siguiente idea: cómo no va a ser posible que su partido gane con 74% de los votos en 2014 si ahora el MAS controla siete de nueve gobernaciones, 280 de 341 municipios y dos tercios de la Asamblea.
Ese es el concepto político básico que tiene el Jefe de Estado: el poder debe ayudar a concentrar más poder, no necesariamente para servir a la ciudadanía o pensar en las siguientes generaciones. No. Si antes ganó sin tener control de las alcaldías y hoy sí lo tiene, si antes no tuvo mayoría parlamentaria y hoy sí dispone de ella, si antes no controlaba las prefecturas y hoy sí lo hace, entonces, afirma, su victoria tiene que ser mayor.
En esta lógica de que el poder debe engendrar más poder está también la explicación al deseo de Morales de prolongar por el mayor tiempo posible su permanencia en el Palacio Quemado. Contra lo establecido en la Constitución Política del Estado, el Tribunal Constitucional emitió, mediante voto dividido, un fallo que señaló que Morales sí podía tener un tercer mandato.
Lo que ahora está en duda es cómo el Gobierno, en coordinación con ese tribunal, logrará aprobar la reelección indefinida. El primer paso en ese sentido fue eliminar la independencia parcial que tenía el Tribunal hasta esta semana. Para ello realizó un sumarísimo proceso contra dos magistradas (Ligia Velázquez y Zoraida Chanes), ordenar su destitución y amenazarlas con diez años de cárcel; todo ello por haber osado admitir el pedido de inconstitucionalidad de una nueva ley del notariado. El Vicepresidente Álvaro García Linera reaccionó como si ésta fuera la norma más importante de la historia boliviana y ordenó a su bancada suspender a las dos magistradas. ¡Por la ley de los notarios! En vez de aprobar que la norma anterior siguiera vigente para llenar el vacío legal, García Linera arremetió contra las dos magistradas (y lo hará con el tercero en discordia, el díscolo Gualberto Cusi).
Así, la ley del notariado solo fue un pretexto, una forma de sentar precedente en este aspecto: quien frena una iniciativa del Gobierno termina fuera de su cargo judicial y puede esperarle la cárcel.
Ante la incredulidad de mis amigos, vengo señalando desde hace tiempo que el Gobierno optará por el mismo camino de la reelección indefinida tomado antes por Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Ahora, finalmente, tras la destitución de las juezas Velázquez y Chanes, eso está claro. Tanto, que tres diputados del MAS le dijeron a ERBOL que sí, que se ideará cómo hacer un cambio legal para lograr la reelección indefinida de Morales.
La Constitución manda para ello que la reforma se autorice primero mediante una ley aprobada por dos tercios de los votos. Luego, la reforma debería ser ratificada mediante referéndum. Pero el oficialismo es ducho en triquiñuelas, como lo demostró la autorización del tercer mandato. Ya el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por ejemplo, ha hecho una genialidad: ha pedido a la Corte Suprema de su país una opinión sobre si se puede aprobar la reelección indefinida sin aprobarla mediante referéndum. Ya nos podemos imaginar qué decidirá esa Corte.
Así que, quizás, aún sin obtener dos tercios en los próximos comicios y sin llamar a referéndum, Bolivia pasará por la tensionante situación en la que el Gobierno buscará aprobar la reelección indefinida de Morales. Tendremos Evo para rato.
Raúl Peñaranda U. es periodista
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